Entre las tareas “grises” de ASCEL se encuentra la fiscalización continua de las actuaciones sobre lobos de las distintas administraciones públicas en España. Para ello cursamos habitualmente solicitudes de información apelando al derecho ambiental.
Una petición al uso es conocer el número de lobos, una especie protegida, que elimina o mata el personal de la administración (sí, leyó bien, y en este caso, Agentes Medioambientales y Celadores de la Junta de Castilla y León) en terrenos donde tienen el máximo nivel de protección posible (equiparable al del oso pardo, lince ibérico, visón europeo, entre otros) según la Directiva de la UE 92/43/CEE y la legislación nacional, como es el caso al Sur del Duero de dicha región (véase la situación legal del lobo en nuestro país).
A modo de resumen de las últimas respuestas de la Junta de Castilla y León, con retraso considerable, podemos extraer las siguientes conclusiones:
- La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León incumple los plazos establecidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, en materia medioambiental, de la ciudadanía: apartado 10.2.c. (un mes desde la fecha de entrada de la solicitud, salvo que el volumen o complejidad de la información sean tales que resulte imposible cumplir el plazo antes indicado, en cuyo caso se ampliaría a dos meses).
- El número de lobos abatidos al sur de río Duero en el periodo 2013-2018 ha sido de 30 ejemplares, situándose el promedio de edad de los ejemplares abatidos en 3’3 años, por tanto, en edad hábil para la reproducción y/o dispersión, dada la longevidad promedio tan reducida que tienen los lobos en todo el mundo, incluida España.
- La información ambiental facilitada por la administración regional solo remite informes de necropsias de 17 ejemplares matados, lo cual representa únicamente el 56’7% del total. Del 43’3% restante, es decir, de 13 lobos, no hay informes de necropsia.
- Se mataron 17 machos (56’7%) y 13 hembras (43’3%) durante el período 2013-2018, lo cual supone una sex-ratio de 1’3 ♂ : 1 ♀
- De las 13 hembras abatidas, 5 (38’5%) lo fueron durante la época de celo de la especie (entre finales de enero y principios de abril) y al menos 3 (23’1%) se encontraban en estado de gestación y/o fueron las hembras reproductoras en años precedentes, lo cual significa que eliminaron la posibilidad de eventos de reproducción y/o por tanto, un grupo reproductor.
- Sobre los 17 ejemplares de lobos matados para los cuales existen informes de necropsias disponibles, solo para 5 (29’4%) de ellos se indica que el contenido estomacal del ejemplar sea compatible con restos de animales domésticos, en el resto, o no se menciona, o directamente se señala que se encuentra vacío.
En la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del Lobo, un documento de directrices, el único objetivo destacable es el de conseguir que “a largo plazo, se logre la conexión entre los núcleos aislados del Sur (Sierra Morena) con la población del Norte” de España. Ese documento fue aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del Gobierno Central hace 14 años, y fue ratificado por la Junta de Castilla y León, a través de la participación de hasta siete representantes públicos, tales como José Ángel Arranz, Agustín Noriega, Ignacio Molina (en la actualidad, cabezas más visibles en la gestión de lobos y del Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León), Esperanza García, Fernando Benito, Alfonso Balmori, y Jesús Palacios.
Nos preguntamos cómo se puede cumplir ese objetivo autorizando la muerte de 30 lobos allá donde están estrictamente protegidos.
¡A buen entendedor, pocas palabras …!