El mismo día que la administración de Asturias anuncia la aprobación del nuevo plan de gestión del lobo, aparece en prensa la imagen de un lobo ejecutado y colgado en una carretera del concejo de Lena.
Quizá sea un mensaje para celebrar la aprobación del plan de gestión. Lamentablemente, ilustra cómo se trata a la fauna en Asturias, y que el nuevo plan no hace sino empeorar la situación. Tanto la aprobación del plan como la imagen de Lena son un síntoma del esperpento en que se ha convertido la gestión de la fauna en Asturias, y de la consideración que algunos ciudadanos tienen de ella.
El Principado ha aprobado finalmente un documento que pasará a la historia de la normativa de gestión y conservación de la naturaleza en nuestro país: ha despreciado los mínimos de respeto y compostura en cuanto a información, transparencia y trato a los representantes de los grupos conservacionistas; permitirá a los cazadores matar lobos sin que la especie sea cinegética; mantiene las “áreas libres” de lobos – en las que impide la presencia de la especie aunque ésta no genere daños- y sigue manteniendo los controles de población aún cuando no existen criterios técnicos que los avalen, ni menos científicos o éticos.
Por un lado, los cazadores en Asturias desarrollan una actividad de ocio, por definición, y no están habilitados profesionalmente para hacer controles de población. No tienen cobertura legal para desarrollar otras actividades no contempladas ni en la Ley de Caza ni en su licencia. Matar lobos en Asturias no compete a los cazadores porque, de mano, la especie no está catalogada como cinegética. Además, podrán matar ejemplares, pero lo harán al azar, sin saber si esos lobos abatidos han estado involucrados en episodios de predación sobre ganado, lo cual es una cuestión esencial. Todo muy profesional.
Por otro lado y al mantener la administración asturiana las zonas de exclusión, los lobos no habitan ni se les espera en un tercio del territorio; sin embargo ese tercio del territorio también es receptor de las ayudas agro-ambientales de la Unión Europea; ayudas que no llegan como un cheque en blanco, sino que implican como su nombre indica contrapartidas ambientales.
Para que las normativas sean lo más justas posibles han de estar motivadas, y han de ser comprensibles para los ciudadanos. La norma recién aprobada no está motivada por argumentos técnicos ni científicos, y no es ética. No será además social si no resuelve el dilema entre subvenciones (pagadas por todos) y compensaciones por predación sobre ganado (cobradas por pocos), favoreciendo la falta de profesionalidad y la picaresca.
En definitiva, el documento avalado y aprobado ayer por el parlamento asturiano es una norma con tantas perversiones que parece más un caso de ficción que una realidad que facilite la convivencia entre ciudadanos y el respeto por la naturaleza.
