La administración del Principado de Asturias, su Dirección General de Recursos Naturales, acaba de dar la orden a la guardería ambiental de matar al menos 16 lobos en el ámbito geográfico del “plan de gestión”, y todos los que aparezcan fuera de ese límite arbitrario.
Algunos detalles al respecto de la orden cursada a la guardería (responsable inmediata de llevar a cabo esas muertes, o de facilitarlas a los cazadores):
- no va firmada por los responsables últimos (los técnicos de la administración).
- Parece poner a prueba la capacidad aritmética de los agentes ambientales implicados: se les ordena que ejecuten el 50% de 1 lobo en cacerías regulares en una zona, el 50% de 3 en otras dos zonas, y el 40% de 2 en otra.
Como la guardería parece tener poco que hacer – de todos es conocido que los furtivos e incendiarios son un lejano recuerdo del pasado remoto de Asturias – ahora tienen que aplicarse en matar lobos, medios lobos, o cuarto y mitad, de una forma o de otra.
Otra vez la administración asturiana olvida que los lobos está protegidos por el Convenio de Berna, y amparados por la Directiva Hábitats, que exige la conservación de la población en un estado favorable. Que una especie no cinegética pueda ser abatida por cazadores con la asistencia de agentes medioambientales implica que el responsable inmediato de su muerte (el guarda) tendrá que hacer frente a cuantas complicaciones se deriven de ese vericueto imposible entre la normativa vigente. Además de la insensatez que esto supone, implicará también incumplir compromisos de los que dependen fondos públicos que llegan anualmente a muchos asturianos.