A propósito de contenido de la noticia aparecida en algunos portales sobre que la patrulla de seguimiento abate en Gredos el segundo lobo del año, queremos reincidir en que la Junta de Castilla y León, con recursos y personal público, procede de esta manera, a pesar de que no conocemos ni nos consta, que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente defina y/o evalúe los daños atribuidos a lobos de forma fehaciente (mediante peritajes genéticos), ni tampoco la puesta en práctica y evaluación de métodos de prevención de daños sobre las explotaciones damnificadas. La administración regional vuelve a incidir en su único argumento para matar lobos, basado en una presuposición falaz, y es que están “autorizados” para ello “per se”, lo cual es incierto e ilegal. Y algunos medios de comunicación deberían esforzarse en no dar por sentadas ciertas asunciones, sobre todo si las fuentes están tan judicializadas como la Consejería que regenta Suárez Quiñones.
Además, con respecto al contenido de esa reseña de prensa, se “informa” que hay permisos para matar 5 ejemplares, lo cual es temerario e ilegal, y no sabemos si responde a fuentes oficiales o a licencias periodísticas erróneas: no puede haber un cupo de 5 lobos porque al sur del Duero el lobo es una especie estrictamente protegida por los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats, por lo que no caben ningún tipo de caza y/o control poblacional mediante cupos. Cabe asimismo recordar que este año ni siquiera al norte del Río Duero puede haber caza (con cupos), gracias a las acciones de ASCEL, que constituyen un hecho sin precedentes en España y en buena parte del mundo donde hay lobos.
Esta noticia pone en evidencia, una vez más, la publicación de textos con elementos manipuladores e inexactos, no desmentidos por la administración responsable y que solo perjudican a la coexistencia entre el lobo y el ser humano.