La ausencia de protocolos en la recogida de lobos muertos y la demora en la elaboración de los correspondientes informes técnico-facultativos de necropsias dificulta las investigaciones de los hechos y demuestra el absoluto desinterés de la Junta de Castilla y León en la persecución de la caza ilegal de lobos. Aparentemente, la Junta ampara a delincuentes.
A principios de Marzo, colaboradores de ASCEL encontraron el cadáver de un ejemplar de lobo hembra en el norte de la provincia de Burgos (Comarca de Merindades) en la nieve, con una lesión compatible con disparo de rifle, probablemente la causa de la muerte. El hallazgo fue (en ese momento) comunicado al SEPRONA (Guardia Civil), como es obligación ciudadana ante un episodio de estas características y en particular cuando se trata de especies protegidas como el lobo.
La muerte de lobos por caza ilegal es su principal causa de mortalidad, y con diferencia, en cualquier población mundial de esta especie, incluso donde están estrictamente protegidos. Es más, es científicamente un hecho que la caza ilegal de lobos se incrementa un 650% cuando se solapan actividades cinegéticas (como las batidas de jabalíes) y la presencia de nieve.
En el caso de que el informe de necropsia del ejemplar confirme que la causa de la muerte es la caza ilegal (disparo), instamos a la Junta de Castilla y León a presentar la correspondiente denuncia a la Fiscalía con objeto de investigar este delito y dirimir cualquier responsabilidad penal, porque lo que es de aplicación legal para el resto de especies protegidas (como águilas reales, buitres leonados, osos pardos, etc.), ha de ser de aplicación legal análogamente con el lobo por su estatus de protección.
En este sentido desde ASCEL aprovechamos para insistir en que la Junta de Castilla y León carece de protocolos eficaces para la recogida de cadáveres ni un plazo para la realización de necropsias de especies protegidas en general y de lobos en particular, aunque existan indicios o evidencias de que los cadáveres que ingresan en los Centros de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS) lo sean por delitos. Dado que estos sucesos son, lamentablemente, recurrentes, se demuestra el nulo interés del Ejecutivo de Mañueco y Suárez Quiñones en perseguir la caza ilegal.
Cualquier muerte de individuos de lobo en España es una pérdida irreparable en términos demográficos y genéticos, ya que se trata de una especie vulnerable cuya supervivencia a largo plazo depende de unos 600 adultos reproductores distribuidos en unos 300 grupos familiares en España y que además se encuentran en un estado de conservación desfavorable en nuestro país. El paradigna del cambio de estatus del lobo no hace más que revelar que administraciones, como la Junta de Castilla y León, en vez de asumir sus responsabilidades legales de incrementar las acciones en pos de justicia y contra los delincuentes, lo que hacen es mantener un status quo anterior —y ahora ilegal— que otorga impunidad para esos delincuentes, porque presumiblemente son cazadores.