El lobo en la Comunidad de Madrid

Al hilo de la celebración de la asamblea general 2018 de ASCEL en La Cabrera, municipio de la Comunidad de Madrid, nos hacemos eco de la reincorporación de la comunidad autónoma al área de distribución reproductora del lobo en la Península Ibérica.

Desde hace aproximadamente una década, la especie ha ido recolonizando terrenos de la Comunidad de Madrid, en las vertientes meridionales de la Sierra de Guadarrama, y se ha establecido como reproductora, con presencia de varios grupos en la comarca conocida como la “Sierra Norte”. También en los últimos años existen indicios de presencia en la comarca de la “Sierra Oeste”.

La recuperación natural del área de distribución del lobo recalca el papel potencial que la Sierra de Guadarrama y el Sistema Central pueden desempeñar como corredores ecológicos hacia otros territorios de donde fueron extirpados en tiempos recientes. Así, los territorios más septentrionales de la Comunidad de Madrid, ubicados en la “Sierra Norte”, presentan bajas densidades relativas de población humana y elevada disponibilidad de ungulados silvestres, además de hábitats aparentemente favorables para la prosperidad de lobos. Además, parte de dichos territorios ha quedado incluidos dentro del recientemente declarado Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, constituyendo así el segundo parque nacional español que alberga territorios de lobo.

A pesar de las aparentes condiciones favorables para que el lobo prospere, el futuro de la fracción  madrileña de lobos ibéricos no está exento de interrogantes. Su conservación no está suficientemente asegurada por la administración regional, que lo ha recibido más como un problema que como una oportunidad de diversificar y mejorar sus ecosistemas. Así, la especie no está incluida en su catálogo regional de especies amenazadas y por tanto, adolece de un plan de conservación en Madrid, ni tampoco se ha realizado ninguna medida efectiva de gestión por falta de voluntad política. En este sentido, cabe destacar la realización de nuevos cortafuegos amenazan zonas de cría ya establecidas. Así mismo, la falta de una política responsable de gestión de los conflictos, que condicione las ayudas y las compensaciones por los perjuicios a la industria ganadera a la adopción de medidas preventivas y de manejo del ganado, está haciendo emerger algunas prácticas irregulares y la atribución de los daños a la ganadería se achaca casi exclusivamente a los lobos, lo cual puede exacerbar ciertas conductas hostiles hacia los lobos. Sigue existiendo furtivismo, no perseguido en la práctica, y en ese sentido, la creación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama no ha supuesto una sola medida de conservación de la especie.

La siniestrabilidad por atropellos que padece el lobo como consecuencia de la elevada red de infraestructuras viaria de la zona parece otro factor importante de mortalidad, a tenor de las bajas conocidas acumuladas.

Sería deseable que la administración de la Comunidad de Madrid aproveche la nueva oportunidad para emprender medidas de restauración ecológicas, y marcar pautas novedosas en la conservación de la especie: por ejemplo, haciendo (a) un seguimiento de la población y de su dinámica de recolonización, desarrollando, por ejemplo, métodos no invasivos, altamente recomendables y exitosos para poblaciones pequeñas de lobos en su límite de distribución, y que a su vez, pueden erigirse en el punto de partida para la ejecución de peritajes “genéticos”, que contribuyan a aclarar la contribución de los perros “incontrolados” y de los lobos a la problemática de los daños ganaderos que afectan a algunas explotaciones de la comunidad Madrid, (b) recomendando prácticas que eviten los conflictos con los intereses locales y sectoriales, (c) reduciendo la siniestrabilidad por atropellos en las infraestructuras viarias que atraviesan el norte de Madrid mediante pasos específicos de fauna y limitaciones efectivas de velocidad, y (d) sensibilizando a la población sobre el papel positivo de la presencia de lobos, y en el cumplimiento de la normativa ambiental, por el bien común.

En cualquier caso, la recolonización de territorios de la Comunidad de Madrid por parte de grupos de lobos reproductores, ocupados hasta hace unas pocas décadas, puede suponer un paso pequeño, pero hacia adelante, en la recuperación del área de la distribución histórica de la especie en la Península Ibérica.

¿A quién molesta ese científico lobero?

El título de esta entrada es una traducción más que libre del reportaje aparecido recientemente en el medio estadounidense The New York Times Magazine, titulado en el original Who’s Afraid of the Big Bad Wolf Scientist?

Lo divulgamos aquí tanto por su contenido, como por su calidad periodística. Sobre la segunda, destacar que mirando desde España sorprende el tratamiento exhaustivo, en el que se entrevista a todas las partes con una mirada crítica, y en el que se requiere y revisa la correspondencia entre los empleados públicos implicados. Sobre el primero, baste decir que el conocido investigador de grandes carnívoros Rob Wielgus ha perdido su trabajo en la Washington State University por publicar sus investigaciones, y defenderlas pública y notoriamente.

El origen de la disputa con los poderes fácticos de la industria cárnica y las administraciones es un artículo científico, publicado en la revista PLOS ONE, y titulado Effects of Wolf Mortality on Livestock Depredations (Efectos de la mortalidad de lobos sobre la depredación al ganado).

Esencialmente el artículo describe efectos contra-esperados en el contexto del “manejo de vida salvaje” americano: la muerte de lobos en descastes implicó mayor predación sobre ganado en años sucesivos, efecto que los autores achacaron a la debilitación de los grupos familiares. Nada muy sorprendente conociendo la biología de los lobos. Quizás no debería sorprender la encarnizada respuesta, conocido el escenario de grupos de presión, intereses ocultos, y corrupción (hay quién le llama “política” a ese conjunto; aquí nos resistimos).

Dada la extensión y profundidad del original, y lo turbio y complejo del asunto, no nos planteamos hacer aquí una reseña. Recomendamos encarecidamente la lectura del original. Conociendo maniobras como estas, quizás estemos más atentos cuando ocurran en España. Porque también ocurren.

Ocho años de ASCEL defendiendo al lobo en los tribunales

Por Ignacio Martínez Fernández
Miembro de la Junta Directiva de ASCEL

ASCEL se fundó en el año 2000 para ocuparse de la conservación de los lobos en la Península Ibérica, con su actividad centrada en España. Es entonces lógico que la misma se desarrolle allí donde está presente el animal en nuestro país, sobre todo en las cuatro comunidades (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) que concentran la mayoría de la población actual.

Una característica problemática con respecto a la conservación de la especie es su distinta consideración legal en función de la división administrativa del territorio (además de su estatus legal en Portugal, que comparte la misma población y similar responsabilidad de conservación). En esas cuatro administraciones autonómicas, por ejemplo, se dan cuatro situaciones diferentes. A groso modo, en Galicia es especie cinegética y se dispone de un plan de gestión (2008); en Asturias no es cazable ni está protegida, con un plan de gestión (el segundo, de 2015); en Cantabria es cazable, sin plan de gestión; y en Castilla y León es cazable en una parte del territorio, no lo es en otra parte, y hay un plan de gestión unitario (el segundo, de 2015). Además, Álava dispone de algo denominado plan de gestión, tan original que su objetivo es defender las explotaciones ganaderas ante la presencia de la especie.

De los tres ámbitos dotados de plan de gestión (Asturias, Castilla y León y Galicia), instrumentos que -en teoría- pretendían preservar a la especie y minimizar los supuestos problemas asociados, es en Asturias donde la trayectoria de ASCEL es más dilatada, pues fue allí donde se aprobó el primero, ya en 2002. Luego Galicia (el vigente, 2008), y Castilla y León (también en 2008, el anterior al actual) siguieron la estela. Y si en principio la teoría de la ‘gestión’ hizo albergar alguna esperanza, e incluso se participó en la supervisión de su ejecución (a través de los llamados comités consultivos), la práctica ha supuesto el que, de todo lo previsto en los tres planes, apenas se practica algo más que la muerte de ejemplares, acción a la cual los planes dan cobijo.

Así, nuestra asociación comenzó a cuestionar los programas de controles letales de población asociados a los planes, desarrollados normalmente mediante programas o previsiones anuales, o cupos, a partir de 2010, año en que se da un salto cualitativo en el proceso.

Frente a la norma que regulaba los cupos en Castilla y León para la temporada 2010-2011 se presentó un Recurso Contencioso Administrativo (RCA), instrumento que permite cuestionar la legalidad de un acuerdo administrativo, e incluso de una norma o disposición general -como es el caso. Son procesos lentos, que no paralizan la ejecución o validez de la norma cuestionada, salvo que se presente paralelamente o dentro del proceso una petición de suspensión, opción complicada por los requerimientos usualmente exigidos (como fianzas). De tal modo que se dio la circunstancia de que tanto el RCA de la temporada 2010-2011 como el planteado contra los cupos de la temporada siguiente (2011-2012) en Castilla y León, obtuvieron sentencia favorable para ASCEL, pero esta llegó cuando ambas temporadas de caza ya habían finalizado, habiéndose matado ya los lobos cuyo abatimiento se declaró ilegal. La primera sentencia llegó en mayo de 2014, y la segunda en septiembre de 2015, haciendo esta referencia a la temporada de caza que finalizaba en 2012. Ante esta circunstancia se abrió una vía para reclamar una consecuencia práctica de las sentencias favorables, que no podían obviamente devolver la vida a los ejemplares muertos, pero el tribunal consideró que debía haberse contemplado inicialmente una petición adicional de compensación si la sentencia fuera favorable.

Mientras tanto, la administración del Principado de Asturias renovó en 2015 el Plan de 2002, y contra ese nuevo plan se presentó un contencioso, no operado por ASCEL (aunque algunos de los socios sí participaron en ciertas fases del contencioso) que no resultó exitoso.

Directamente ASCEL presentó contencioso contra el primer programa anual de controles de población derivado del II Plan astur, el programa 2015-2016, que no sólo no resultó exitoso, sino que motivó, cuando aquí sí que se procedió a pedir la suspensión cautelar, un auto o resolución judicial que pasara a los anales del despropósito. Manifestaba sin ambages el magistrado que se ocupó del caso, en una frase que probablemente (y lamentablemente) pasará a la historia de la conservación de este país, que ‘está fuera de toda duda que la proliferación de depredadores resulta perjudicial tanto para el interés general de conservación del medio ambiente, como del de terceros titulares del ganado que resultan perjudicados por los daños causados por los lobos, …’. Semejante afirmación disparatada sustanciaba el auto y la sentencia posterior (negativa).

No vamos a valorar aquí lo que esto significa, pero sí vamos a contrastar esta situación al norte de la Cordillera, con la evolución legal al sur, donde tras ganar aquellos dos contenciosos sobre cupos, se presentó otro contra la revisión del plan de gestión, el II Plan de Castilla y León, obteniendo éxito en febrero de este año la anulación del Decreto 14/2016, que regulaba el II plan. A esta importante novedad hemos de sumar otra sentencia favorable, en proceso presentado en colaboración con la asociación La Manada, que declaró ilegal el primer programa derivado de ese Plan, el de Aprovechamientos Comarcales al Norte del Duero 2015-2016. La sentencia, de marzo de 2018, llegó más tarde que el final de la temporada de caza a la que se refiere. Sin embargo, recordar que las sentencias son válidas desde que se emiten y un recurso a instancia superior dilata la firmeza, pero no evita las consecuencias o repercusiones de la desatención de lo acordado por cada sentencia desde su emisión a su firmeza. Más no sólo implican una responsabilidad temporal pasada, sino que van conformando una realidad administrativa que se aproxima a la argumentación que defendemos, tal cual es la consideración de la especie como protegida por las fuentes del derecho en toda España, mientras que normas menores y prácticas pretenden anular esa protección que reclamamos sin descanso.

Mientras que en Asturias está en curso un nuevo RCA contra la resolución de esta temporada, en Castilla y León opera otro contra los siguientes cupos a los anulados por sentencia a nuestra instancia, que en esta ocasión son trianuales (2016-2019). De hecho, la reciente sentencia de este mes contra los cupos anteriores (15-16) propicia que se haya presentado una petición de suspensión cautelar de esos cupos hasta que se consiga sentencia, dada la situación creada, con sentencias que anulan el Plan, su primer programa (y por obra de otros actores), el decreto de caza que considera el lobo como cazable en Castilla y León. Suspensión cautelar otorgada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en este pasado mes de mayo, pendiente de firmeza, y obtenida poco tiempo después de un auto similar en Cantabria, en un proceso en asociación con Ecologistas en Acción.

Desde luego un panorama complejo y lento, no exento de dificultades y desalientos, pero afrontado con determinación desde nuestra asociación, con medios y recursos propios, una vez que ASCEL constató que los denominados planes de gestión y su práctica sólo servían para matar lobos y nada (o poco) más. Nuestra presencia en el territorio lobero, la continuada acción administrativa previa, y la visión de conjunto y unitaria frente a los desatinos legales de las administraciones implicadas están empezando a dar sus frutos.

No ocultamos que poseemos una estrategia, la cual compartimos con nuestros socios, a quienes brindamos los éxitos (no menores) alcanzados, base y sustento, siempre que nuestras asambleas así lo valoren, de opciones de más entidad, hasta lograr el reconocimiento de iure y de facto de la protección legal general, no condicionada y real, del lobo ibérico en España (es decir, hasta logar lo que ya es un hecho en Portugal, con quienes compartimos las responsabilidades de conservación de la misma población).

Y no podemos olvidar, en paralelo a estas vías administrativas, el que en una ocasión ASCEL abrió vía penal, para denunciar a los responsables de unas matanzas de lobos acontecidas a finales del 2013 en el occidente de Cantabria. En ese caso, tras múltiples peripecias, el asunto se cerró en el año 2016 infructuosamente, al no haber podido probar responsabilidades penales.

En estos momentos, y por esta vía, estamos valorando otras acciones, que sólo verán la luz con las garantías debidas.

El TSJ de Castilla y León paraliza la caza del lobo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da la razón a ASCEL, aplicando la medida cautelar solicitada: suspende la Resolución de 29 de julio de 2016 dictada por la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprobaba el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León, para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

El auto del TSJ, correspondiente a un Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por ASCEL en junio de 2017, paraliza esos “aprovechamientos cinegéticos” de lobos en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. Claro está que la suspensión solo afecta en la práctica a la temporada 2018/2019, pero supone un precedente porque por primera vez una medida como esta tendrá efecto real en la población de lobos, evitando la muerte de individuos.

Una de las motivaciones indicadas en el auto es que la resolución discutida se basa en disposiciones normativas anteriores, previamente anuladas por la misma sala del TSJ. En concreto:

  • El Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
  • El Decreto 14/2016, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.
  • La Orden FYM/609/2016, de 28 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza.
  • El Plan de aprovechamientos comarcales para la temporada 2015/2016.

Es importante señalar que el TSJ basa la anulación en un mismo presupuesto: no cabe considerar al lobo como especie cinegética, porque para ello debe quedar demostrado que se garantiza el estatus de la población, y su distribución geográfica, algo que no ha hecho la Junta de Castilla y León. El Tribunal considera también que esos”aprovechamientos comarcales” pueden ocasionar perjuicios de difícil reparación.

La justicia pone una vez más en evidencia la pésima gestión de los actuales responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, incapaces de sacar adelante cualquier normativa ambiental. Por eso desde ASCEL solicitamos la dimisión del Consejero como responsable político de tantos desmanes, o bien su cese por parte del Presidente de la Junta de Castilla y León.

Los lobos palentinos mueren por peleas con los jabalíes, dice…

El solicitar información pública a las administraciones implicadas en la protección de la biodiversidad (lo que ellas llaman “gestión de los lobos”, en nuestro caso) es una de las actividades más grises y desconocidas por el público, a pesar del tiempo que nos ocupa en ASCEL. Así podemos supervisar (o intentarlo, porque no siempre cumplen las normas, en esto tampoco) algunas de las acciones con lobos de los organismos públicos españoles y europeos. En este caso, os queremos relatar un episodio concreto sobre las causas de mortalidad en lobos, significativo ya que -como consecuencia de una de esas solicitudes- recibimos un informe de necropsia de un lobo encontrado muerto en la Montaña Cantábrica Palentina, fechado el 27 de Noviembre de 2017, realizado en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Burgos, dependiente de la Junta de Castilla y León (Servicio Territorial de la provincia de Burgos) y de la Fundación Patrimonio Natural.

Como demuestra la literatura técnica y científica nacional e internacional, las causas mayoritarias y predominantes conocidas de mortalidad en lobos tienen un origen no natural, por tanto se deben a los humanos, incluso en ambientes donde estos depredadores apicales están estrictamente protegidos. Por ello, el hallazgo accidental de un lobo muerto en Noviembre de 2017 en un lugar nada apartado ni recóndito, cerca de una pista forestal, en el municipio de Cervera de Pisuerga en Palencia es un suceso digno de mención. En sendas Actas de Levantamiento (hallazgo del cadáver) y de Entrega del Cadáver del Animal al Centro de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS) de Burgos que figuran en la pag. 8 y 9 de este documento, efectuado por personal público (Agentes Medioambientales, Celadores y Guardia Civil), se señalaba la existencia de heridas en la nuca por “posible disparo”, lo cual sugería a priori, la posibilidad de la caza ilegal de un lobo, lo cual debería suponer a su vez, las correspondientes diligencias administrativas y judiciales, para depurar responsabilidades y tomar las medidas pertinentes de gestión, sanción al/los culpable/s, etc. Sin embargo, y aquí entra nuestra sorpresa, el informe de necropsia señala que las lesiones hemorrágicas, y la rotura de costillas y musculatura, se deben a un suceso traumático, cuyo origen “no está claro pero podría deberse a una pelea con un jabalí, que ya han sido anteriormente descritas en la especie, en individuos poco experimentados o muy hambrientos”.

El informe no cita ninguna fuente documental que arroje luz sobre esos aspectos “anteriormente descritos”. Sería de agradecer una información más detallada y la inclusión de referencias bibliográficas cuando se apoyen en ellas, como en este caso.

Así pues, el asunto podría ser percibido desde distintos prismas:

a) Las heridas inicialmente compatibles con muerte por disparo, observadas por agentes de la autoridad, resultan haber sido producidas por una pelea con jabalíes tras el informe de la necropsia. Además, el lobo así herido por los jabalíes acaba yaciendo en un lugar cercano a una pista forestal transitable, y fácilmente accesible (en vez de uno apartado y recóndito)

b) La sucesión de actas e informes oficiales, con la participación de varias personas de distintos cuerpos de las administraciones públicas, parecen poco útiles para conocer las causas de mortalidad en lobos.

c) Escribe tu propia aventura.

Por nuestra parte, reflexionamos que esos actos administrativos, esos dictámenes, se realizan a partir de los impuestos de los contribuyentes, y estos tienen – tenemos – que saber qué está pasando con nuestro patrimonio natural. Quién aguante aún más entretenimiento, puede cotejar las fechas del documento.

NOTA 1: algunos de los datos que figuran en el informe de necropsia, relativos a datos personales y de localizaciones geográficas, han sido deliberadamente omitidos por ASCEL, en aras al cumplimiento de la legislación.

Informe Necropsia Lobo Palencia_Modificado

El Defensor del Pueblo Vasco recomienda al Gobierno Vasco incluir al lobo en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas

ASCEL, junto con otros veintiséis colectivos liderados por el Grupo Lobo de Euskadi, lleva varios años solicitando la inclusión del lobo en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina; es decir, en el listado regional de especies protegidas de dicha comunidad autónoma.

Para iniciar ese trámite legal, la normativa demandaba una solicitud administrativa, así como un informe de justificación técnico-legal sobre la situación de la población del lobo en el País Vasco. Dicho informe justifica que el estado demográfico del lobo en el País Vasco debería implicar su inclusión en el Catálogo, dada la extinción virtual de grupos reproductores en los últimos años, tanto en Bizkaia como en Álava. Los últimos acontecimientos conocidos se saldaron con la erradicación a principios del año 2016 de un grupo familiar asignado a Euskadi, con el permiso de la Diputación Foral de Bizkaia, y con el conocimiento y la responsabilidad de que se trataba del último grupo de lobos de Euskadi.

Tras no obtener respuesta adecuada por parte del Gobierno Vasco, el Grupo Lobo de Euskadi presentó una queja al Defensor del Pueblo Vasco (Ararteko) en 2016.

A finales del pasado año 2017, el Ararteko resolvió dicha queja emitiendo un informe en el que daba al Gobierno Vasco las siguientes recomendaciones:

a) Que se resuelva, a la mayor brevedad, la solicitud de inclusión de la población del lobo (Canis lupus) en el catálogo vasco de especies amenazadas, conforme al procedimiento que recoge el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

b) Que para tomar esa decisión se deberá tener en cuenta el régimen de protección del lobo recogido en el Convenio de Berna y en la Directiva Hábitats, las obligaciones de vigilancia y control que de ellos derivan, así como el actual estado de conservación de esta especie, tanto en su área de distribución natural como a nivel local en el País Vasco.

Por todo lo anterior, instamos al Gobierno Vasco a atender a las recomendaciones del Defensor del Pueblo Vasco; a dejar de mirar para otro lado, e incluir al lobo en el País Vasco en la categoría de “En Peligro de Extinción”. Si el lobo, dado su estado demográfico en esta comunidad autónoma, no es merecedor de dicha consideración legal, el compromiso del Gobierno Vasco (y también de las Diputaciones Forales) con la conservación de la biodiversidad es papel mojado, y su voluntad por el cumplimiento de la legislación vigente una quimera sin precedentes.

Es lamentable que tengamos que ser algunas ONG conservacionistas formadas por voluntarios las que solicitemos la protección de los lobos, mientras empleados públicos de la administración y cargos políticos del Gobierno desatienden sus funciones, y sus obligaciones marcadas por la normativa vigente. La protección de los lobos es una obligación legal, como recuerda el “Ararteko”, además de ecológica y ética; más aún si cabe en una región que lleva décadas siendo la barrera oriental a la recuperación del área de distribución histórica de la población ibérica de lobos.