Que la caza ilegal y la persecución humana intencionada del lobo es la principal causa de su mortalidad no es nada nuevo. Que esta caza ilegal sea ampliamente subestimada y no esté asumida ni suficientemente considerada en la gestión por las administraciones públicas (especialmente, las regionales españolas) tampoco es nada nuevo. La caza ilegal es la punta del iceberg. Es un problema mayúsculo que afecta a todas las poblaciones de grandes carnívoros del mundo. Pero en algunos lugares, los científicos están poniendo cifras a ello mediante la utilización de grandes bases de datos y series temporales de centenares de lobos radiomarcados. Y con esos trabajos están sacando los colores a los gestores públicos y a todos aquellos que avalan la caza y el control letal de lobos como herramienta de gestión.
Un reciente trabajo científico ha analizado los factores que subyacen a la mortalidad de 495 lobos radiomarcados en el período 1979-2012 en el estado norteamericano de Wisconsin, y lo ha relacionado con los cambios legislativos, factores ambientales (incluida la presencia de nieve) y las actividades humanas permitidas (como la propia caza de lobos y la caza de otras especies en época de veda de los lobos).
La caza ilegal de lobos aumentó un 650% cuando se solapan otras actividades cinegéticas y la presencia de nieve en Wisconsin (EE.UU.)Y las bajas mortales en lobos aumentaron en más del 50% durante el período no hábil cinegético justo a continuación de la temporada de caza cuando además se combina con la presencia de nieve, que incrementa su detectabilidad y exposición a la mortalidad. Esto podría ser perfectamente extrapolable a todas las poblaciones de lobos mundiales.
Debemos recordar, con las debidas salvaguardas, que aunque en España los periodos de nevadas son poco prolongados, la actividad cinegética -sin apenas control ni vigilancia- es masiva tanto durante la temporada hábil de caza mayor (habitualmente, de septiembre a febrero) como la posterior (de marzo a agosto, que coincide con decenas de miles de recechos y aguardos nocturnos de especialmente corzos y jabalíes).
Esperamos que los políticos y responsables de la gestión del lobo en las comunidades autónomas se den por aludidos por los resultados de estos trabajos científicos que determinan cómo se subestima la mortalidad no natural de lobos provocada por la caza ilegal de la especie.
Para combatir estos problemas de picaresca humana, es importante promover la protección lo más estricta del lobo -como lidera ASCEL en España- y la aplicación efectiva de los marcos de legislación vigentes. En ese sentido, queremos recordar que todos los lobos españoles están amparados por el RD 139/2011 desde septiembre de 2021 gracias a la acción administrativa y judicial de ASCEL, y que matar lobos es un delito, por lo que todo aquel ciudadano que tenga sospechas, pruebas y evidencias de delitos contra los lobos debe denunciarlos antes las autoridades.
Figura 1. Imagen que pasará a la historia, tras el éxito en la iniciativa de protección del lobo en España comandada por ASCEL. Varios ejemplares de lobo abatidos en una acción de caza con presencia de nieve en un espacio tipificado como Reserva Regional de Caza (además de Parque Regional y Espacio de la Red Natura 2000 como ZEC y ZEPA) en la Montaña de Riaño (León).
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD), mediante la Orden TED/1343/2021, convocó a finales del año pasado, los “Premios Nacionales de Medioambiente y de Energía”. Uno de estos premios es el denominado “Félix Rodríguez de la Fuentede Conservación de la Naturaleza”, al cual pueden postularse y aspirar todas aquellas «personas, físicas o jurídicas, cuya actividad, creadora, investigadora, técnica, científica, educativa, social o de difusión haya representado una contribución relevante para la conservación de la biodiversidad española y un uso sostenible del patrimonio natural de España«.
En los más de 21 años de funcionamiento de ASCEL como asociación, hemos efectuado múltiples acciones en el ámbito de la divulgación, aportando la mejor información técnico-científica sobre la especie, participando en distintos foros de debate (jornadas técnicas, congresos científicos, comités consultivos de planes de gestión, charlas, etc.), y también en el desarrollo de acciones en el ámbito administrativo y judicial encaminadas a fiscalizar la gestión letal de lobos. Además, como es público y notorio, ASCEL cursó en 2019 una solicitud administrativa para la catalogación del lobo como especie “Vulnerable” en el RD 139/2011, y subsidiariamente, para su inclusión en el LESRPE. El resultado de esa acción y el periplo administrativo y judicial (aún vigente) derivó en que el 22/09/2021, el MITERD incluyera en el RD 139/2011 todas las poblaciones de lobo en España en el “Listado” a través de la Orden Ministerial TED/980/2021. Esto implicó de facto el fin de la muerte de lobos y la fragmentación de la gestión de la especie en España.
Es sobradamente conocido que la memoria de Félix Rodríguez de la Fuente está indisolublemente asociada a su reclamación para dispensar otro trato a la fauna ibérica, y especialmente, al lobo, y fue en el año 2021, cuando ASCEL cierra (41 años después de su inesperado y trágico fallecimiento por accidente) de algún modo, esa “larga travesía en el desierto” con el lobo. Y precisamente por ello, en ASCEL hemos cursado, de forma reglada, nuestra candidatura, en tiempo y forma, ante el MITERD, para optar a un reconocimiento que lleva el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente.
Esperamos que el Jurado del Premio reconozca la contribución significativa de ASCEL a la conservación de la biodiversidad española.
Ante el conocimiento de la realización de proyectos oficiales del Principado de Asturias que implican la captura en vivo de lobos para su seguimiento mediante radiomarcaje en dicha región, ASCEL solicitó con fecha 17/11/2021, información tanto a la Universidad de Oviedo, como al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En dicho escrito se solicitaba conocer si esas acciones se han llevado a cabo conforme a la legalidad vigente e indagar acerca de si se ha cumplido escrupulosamente con las pautas legales y éticas en el manejo de los ejemplares radiomarcados y por la posible manifestación de consecuencias indeseadas o indebidas en dicho proyecto de radioseguimiento, que se ha saldado con la muerte indeseable e ilegal de ejemplares de una especie protegida como el lobo en España.
Figura 1 – No solo la legalidad y la ciencia deben regir en el seguimiento de lobos, sino también la ética.
Una vez que ASCEL ha conseguido la incorporación (21/09/2021) del lobo a la protección básica del Listado o LESRPE para toda España a través del RD 139/2011, y mientras que peleamos en los tribunales la protección debida del Catálogo o CEEA, en la categoría «Vulnerable», es preciso aclarar algunas novedades, como son la divulgación de un borrador de estrategia por parte del Ministerio de la Transición Ecológica (en adelante, MITERD; – 08/10/2021) y la difusión del MITERD de un Documento Orientativo (UE – 14/10/2021) sobre la aplicación de la Directiva Hábitats 92/43/CEE para especies de interés comunitario.
ANTECEDENTES
ASCEL solicitó en 2019 la Catalogación (CEEA) del lobo en toda España, y subsidiariamente, su Listado (LESRPE), mediante el procedimiento reglado establecido al efecto, lo cual no tiene precedentes.
El Ministerio de la Transición Ecológica (MITERD) no respondió en tiempo y forma, y ante la negativa (por silencio administrativo), ASCEL interpuso un Recurso Contencioso Administrativo (en adelante, RCA) en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid reclamando la Catalogación (CEEA), en Enero 2021.
El Ministerio continúa el trámite (tarde y mal) y publica a finales de septiembre de 2021 la inclusión de toda la población española de lobo en el Listado (LESRPE).
Ante el contenido de la Orden Ministerial (en adelante, OM) con Disposiciones Adicionales incongruentes que no anulan las normas («Planes») de gestión y muerte («Programas de Control») de las Comunidades Autónomas (en adelante, CCAA), ASCEL interpone otro RCA en septiembre de 2021, tanto por coherencia con la reclamación de la Catalogación (CEEA) como Vulnerable, como por combatir cualquier degradación de la norma por parte de terceros malintencionados con la normativa ambiental jerarquizada.
ESTADO ACTUAL
La NORMA:
Es el Gobierno de España quien tiene la competencia exclusiva para incluir o no una especie en el RD 139/2011 (art. 149 de la Constitución Española), porque el ordenamiento jurídico es necesariamente jerárquico.
El MITERD tenía que haber incluido todos los lobos de España en el LESRPE hace una década cuando aprobó el RD 139/2011. No lo hizo para evitar enfrentarse a las CCAA, es decir, renunció a ejercer sus competencias y a cumplir con las obligaciones internacionales. Lo tuvo que hacer ASCEL en 2019, para obligar a tramitar algo que nuestros responsables públicos tenían que haber hecho de oficio.
En estos momentos, con respecto al lobo, en cualquier lugar de la geografía de España (Artículo 57, Ley 42/2007):
Está prohibida cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y lugares de reproducción, invernada o reposo.
Igualmente está prohibido el poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, (…).
Del cumplimiento de lo anterior responden las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y personal de la administración (agentes medioambientales, forestales y otros análogos de las CCAA, etc.). Significativo es que algunos de estos últimos han de hacer lo contrario de lo que venían haciendo hasta el 22 de septiembre de 2021, que era matar ejemplares de lobo bajo supuestos administrativos incompatibles con la aplicación estricta de la normativa internacional y nacional que protegía ya a los lobos.
La inclusión del lobo en el LESRPE pone fin a la fragmentación administrativa y unifica la gestión a nivel nacional otorgando al lobo la consideración de una especie estrictamente protegida (como si estuviera en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats).
La EXCEPCIÓN IMPOSIBLE:
Dice la OM en sus Disposiciones Adicionales que se podrían (nótese el tiempo verbal condicional, no imperativo)) capturar ejemplares de lobo si se cumplen varias condiciones. Con independencia de que esas consideraciones ya estaban recogidas en la norma superior (la Ley) y de que la captura no debiera ser un eufemismo necesariamente de muerte (ante las diversas alternativas posibles, no letales, como la traslocación, etc.), esas condiciones en este momento no se cumplen en España, ni se cumplían antes, ni se cumplirán. ¿Por qué? Porque si se aplican medidas adecuadas no tiene por qué haber incidencia recurrente sobre la ganadería que, en caso de producirse, nunca serian significativos. Pero, sobre todo, aun cuando se dieran dichas incidencias, el estado de conservación desfavorable del lobo excluye cualquier consideración de muerte de ejemplares.
Al MITERD, que debería ser consciente de ello por manifestación expresa, no se le escapa que, en realidad, ese es un pronunciamiento vacío.
La CONCLUSIÓN:
Gracias a ASCEL, no se puede matar un lobo en España, a día de hoy, y el Gobierno (el MITERD) lo sabe, a pesar de lo cual escribe en la disposición adicional de la OM que, siendo los Planes de la mal llamada Gestión de las CCAA los que respaldaban y alentaban la muerte de decenas y cientos de ejemplares de lobo, llevándonos a esta situación crítica:
‘Las medidas de extracción y captura de ejemplares que hayan adoptado los órganos competentes de las comunidades autónomas con anterioridad a la entrada en vigor de la orden, podrán seguir siendo de aplicación, …’
Cualquier lector inteligente apreciará que no se puede contentar a todos, ni se debería intentar engañar a los interlocutores. Y desde luego, como esta asociación no entiende como no se explica claramente que la incorporación al Listado es incompatible con los planes de muerte las CCAA, no puede aplaudir esta OM. Y tampoco entiende los aplausos a la misma.
En realidad, es muy importante aclarar que frente al empeño de voceros ministeriales y desinformados adláteres en difundir el fin de la caza del lobo, admitiendo implícitamente la continuidad de los controles, la inclusión del lobo en el Listado significa, real e inequívocamente el fin de toda muerte intencionada del lobo, sea como sea, es decir, tanto por caza recreativa ejecutada por cazadores como por muerte ejecutada por personal de la administración (guardería, etc.) vía controles letales autorizados por ejecutivos regionales.
El Secretario de Estado de Medio Ambiente faltó a la verdad cuando en declaraciones a la TV pública asturiana (TPA) manifestó que ‘La Administración asturiana podrá seguir haciendo controles como lo ha hecho hasta ahora’ (17/02/2021), puesto que la muerte de lobos nunca podría producirse con cupos y medidas letales a priori, como ha hecho hasta ahora el Principado de Asturias. La muerte de lobos, como la de cualquier especie de interés comunitario (UE) (como el oso pardo, el lince ibérico, etc.) no es admisible porque las especies protegidas no puede ser matadas y es intolerable -a juicio de ASCEL- la xenofobia proteccionista diferencial por desagravios sobre el lobo que se exhibe entre ésta y el resto de especies igualmente protegidas (y potencialmente sujetas a las excepciones en forma de controles por salvaguardas de la normativa europea y nacional).
Debemos reseñar que hasta la fecha, las CCAA contemplaban un marco de gestión regional (los conocidos planes de gestión) y periódicamente (anualmente en Cantabria, trianualmente en Castilla y León, etc.) aprobaban resoluciones de caza y/o control letal (los conocidos como “cupos de caza y control letal).
Alguna gente sensata en las CCAA ha suspendido la aplicación de sus normas de muerte (las resoluciones de control letal y/o cupos de caza, pero no los planes de gestión regionales que amparan dichas resoluciones), cuya suspensión estaba reclamando ASCEL en los tribunales —y se ve obligada a continuar reclamando la suspensión, a la vista de que el MITERD ni tuvo el coraje de anularlas en la OM a través de Disposiciones Adicionales que si hubieran sido necesarias añadir, dejando una falsa puerta abierta y los planes de gestión regionales sin tocar.
LAS ESTRATEGIAS: gestación y manipulación
Las Estrategias Nacionales de Conservación de Especies (en adelante, “Estrategias”) se aprueban en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente (artículo 60 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente es el órgano consultivo y de colaboración entre el Estado y las administraciones de las CCAA para la coordinación de sus políticas y actuaciones medioambientales; por tanto, las CCAA tienen un papel destacado vinculante en la aprobación de dicha “Estrategias”, con voz y voto.
Dice la Ley 42/2007 (artículo 60), que las “Estrategias” ‘… constituirán el marco orientativo de los Planes de Recuperación y Conservación, incluirán, al menos, un diagnóstico de la situación y de las principales amenazas para las especies (protegidas), y las acciones a emprender para su recuperación.’
Es decir, por un lado lo importante es la inclusión en el CEEA o el LESRPE, hecho sin el cual una “Estrategia” es un jarrón vacío, pero por otro no son una herramienta normativa en sí. Se trata de directrices, sin valor alguno ni recorrido legal, por tanto, NUNCA equiparables a un plan de conservación y/o recuperación. Y, en todo caso, no pueden suponer nunca una vía o pretexto para menguar protección, o en este caso, facilitar o consentir muerte alguna de lobo, dado que tienen que apostar por la recuperación del lobo. Claro, ¿no?.
De ahí que tampoco se entienda como se lanzan mensajes para acompañar ‘cogobernanza y confinanciación’. La inclusión de una especie en el CEEA / LESRPE es competencia exclusiva, faltaría más, del MITERD. Y una vez establecida, como es el caso, ningún marco orientativo con participación de CCAA puede mermar o rebajar la debida y obligada protección marco nacional que otorga el RD 139/2011. Solo pueden mejorarla, no empeorarla. Es más, la sociedad civil ni siquiera puede mejorar una “Estrategia”, porque nada obliga al MITERD a someter siquiera a consulta pública dichas “Estrategias” (si en cambio, las OM).
Con el lanzamiento de la “Estrategia”, el Gobierno invita a las CCAA “rabiosas y populistas” (y sin ponerles bozal) a la gestión del lobo (y dudamos hasta de su calidad en la «competencia» de dichas CCAA, vista su trayectoria y responsabilidad). Desde 2011 el Gobierno no ha ejercido como subsidario de la responsabilidad pública velando por la conservación a largo plazo de los lobos y su papel ecológico en España. Y como las “Estrategias” se aprueban en Conferencia Sectorial donde las CCAA tienen voto, la preocupación es mayor porque pueden contribuir a degradar la protección teórica de los lobos mediante subterfugios (como un protocolo de controles letales de lobo; Pág. 34 del último borrador conocido de “Estrategia”). El MITERD no puede tolerar más, ni sucumbir, como hasta ahora, al chantaje y manipuleo de las CCAA que persiguen la flexibilidad y/o la no la protección estricta del lobo que le proporciona el Listado (LESRPE), ni tan siquiera con el previsible condicionamiento de ayudas públicas con la aprobación de la “Estrategia” por las CCAA en la Conferencia Sectorial.
ASCEL no permitirá ningún retroceso del objetivo de la OM amparado por ese documento mediante una “Estrategia”. Además, hemos de aclarar que no hemos tenido ninguna participación en la redacción de la misma. Ni tan siquiera se nos ha enviado la Estrategia propuesta, siendo como somos promotores e inductores del hito conseguido, mientras la Nota de Prensa ministerial (08/10/2021) habla de su envío a ‘organizaciones ecologistas’.
Pero cuando se dice que se ha contado con la contribución de los expertos asesores del MITERD para esta especie (Resolución de 27 de octubre de 2011) también se miente. Mal empezamos. Ni la persona de ASCEL que figuró en aquella relación, ni otras, han recibido tal ofrecimiento. En realidad, el MITERD debería aclarar a quienes encomendó esto y como se está realmente gestando la “Estrategia”. Pero visto el título (Estrategia para la convivencia de las actividades rurales con el lobo y su conservación) sobran los comentarios.
La “Estrategia” nacional actualmente vigente desde 2005 arroja un fracaso evidente en los objetivos que perseguía, por diversas razones, tales como una auto-demanda de oscuros objetivos legales como la modificación de Directivas comunitarias (Figura 1).
Figura 1- Objetivos (ilegales) de la Estrategia Española del Lobo del año 2005 (en vigor)
Aún así, los únicos objetivos cuantificables de conservación real (y por tanto, evaluables) de dicha “Estrategia” se referían al subnúcleo lobero de Sierra Morena (“albergar 15 manadas contiguas, que se mantuviera durante al menos tres años” – Pág. 23 – ; y conectarla con el resto de la población noroccidental ibérica; Figura 2). Y todos sabemos qué ha pasado con esos objetivos y lo que las CCAA han hecho con la “Estrategia”.
Figura 2- Objetivos (los únicos cuantificables y por tanto evaluables) de la Estrategia Española del Lobo del año 2005 (en vigor).
Los responsables (entre otros, los redactores y el ad hocGrupo Trabajo del Lobo) han dado “buena muestra” de su competencia y cualificación en la conservación a largo plazo de lobos en más de 15 años de gestión bajo dicha “Estrategia”.
¿Y pueden seguir un minuto más?.
Figura 3. Relación de «participantes» de la Estrategia Española del lobo del año 2005 (en vigor).
El denominado «Grupo de Trabajo del Lobo» es un colectivo ad hoc en el que participan las CCAA con su personal administrativo –los co-responsables del paupérrimo estado de conservación del lobo en España (entre otros, ver Figura 3) y los asesores adhoc como responsables de la asesoría técnica que ha conducido al paupérrimo estado de conservación del lobo en España. Todos estos actores son los inductores de despropósito de gestión letal practicada ya desde la Estrategia de 2005.
Ya son conocidos al menos cuatro borradores de “Estrategia” distintos desde marzo de 2021 y en esa evolución es patente una evidente degradación en los objetivos (demográficos, etc.) que se contemplaban para la recuperación efectiva de lobos. En esa paulatina degradación no hace falta mucha imaginación para vislumbrar los actores que han participado para diluir dichos objetivos. Para ASCEL es inadmisible que la «Estrategia» se haya erigido en el nuevo paraguas para rebajar la protección del lobo, como en su día fueron los «Planes de Gestión» y «Programas de Control» de las CCAA el instrumento para avalar la matanza de lobos.
Afortunadamente, los acontecimientos nos dan la razón y las CCAA del frente que quiere perpetuar la «matanza de lobos» (y otras) han pedido la retirada del orden del día de una Comisión Estatal del enésimo borrador de Estrategia, apelando a razones espurias (igual de a-científica y errónea en sus planteamientos legales y biológicos era la estrategia vigente desde 2005 hasta 2021, pero aquella se hizo siguiendo los designios expresos de las CCAA “mata lobos”).
Poco tiempo después, el MITERD aprovecha la publicación de un Documento Orientativo de la UE sobre la aplicación de la Directiva Hábitats para sembrar más confusión al respecto con una nota de prensa para reforzar sus tesis, las cuales estaban vigentes desde el primer documento de esas características aprobado en 2007, y sobre el cual durante trece años han corrido deliberadamente un tupido velo para no tener que enfrentarse ante las CCAA que mataban lobos a diestro y siniestro como única herramienta de gestión
El MITERD sigue malinterpretando la situación al afirmar que cabe la posibilidad de extracciones puntuales (entiéndase, muertes) de lobos en casos extremos, incluso bajo supuestos de estado de conservación desfavorable. Es evidente que en el actual marco (Directiva y Ley 42/2007), el estado de conservación desfavorable del lobo en España, a pesar de lo que digan las CCAA y a pesar de que el MITERD alienta la confusión, supone que no cabe ninguna muerte de lobo, llámese extracción o califíquese de excepcional o teratológica.
O SEA
Si ni la Ministra ni el Secretario de Estado lo dicen, lo diremos nosotros:
Bajo el actual marco legal nacional y europeo no es posible matar a un solo lobo en España. Gracias a ASCEL, y no al Gobierno de España. Ni tampoco a las Comunidades Autónomas que solo saben matar lobos como herramienta de gestión y degradar el marco nacional e internacional que protege a los lobos.
ASCEL ha tenido conocimiento el pasado viernes 5/11/2021 de la Sentencia del Tribunal Supremo que resolvía un recurso de casación planteado por la Junta de Castilla y León contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que había anulado (en el año 2019), a instancias de ASCEL, el “plan de aprovechamientos comarcales del lobo al norte del Duero” que sustentaba la caza de 429 lobos en el trienio 2016-2019 en dicha región.
El Tribunal Supremo casa y da por bueno ese plan de aprovechamientos cinegéticos en base a resolver que una especie cinegética en Castilla y León podía ser cazable sin necesidad de efectuar estudios específicos para justificarlo.
Parodia. Justificación para cazar. Traducción (Viñeta superior): No parece correcto, matar a un indefenso animal. Traducción (Viñeta inferior): Ha conseguido un cuchillo.
Evidentemente, esta sentencia carece ya de recorrido práctico, ni es extrapolable a la nueva situación, y la consideración del debate jurídico ya no se mantiene dado el cambio legal acontecido en septiembre de 2021, fecha en la que afortunadamente el lobo (Canis lupus) en toda España ya se encuentra en otro escenario, de protección estricta, al figurar en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), gracias a la acción administrativa y judicial de ASCEL que obligó al Ministerio a incluirlo en dicho LESRPE.
Por tanto, la realidad normativa del lobo es ahora muy distinta, y este es un debate vaciado de contenido práctico, ya que el Tribunal Supremo ha resuelto en 2021 un debate jurídico del 2016 sobre la caza de una especie como el lobo, que ya no es, ni será nunca más, cinegética. Y en todo caso, fue la interposición de este pleito por ASCEL la medida que permitió evitar la muerte de 143 lobos en Castilla y León en la temporada 2018-2019 al aceptarse la suspensión cautelar de ese plan de muerte indiscriminada de lobos planteada por la Junta de Castilla y León.
Y aunque la Sentencia final haya sido negativa, la judicialización de ASCEL consiguió salvar 143 lobos de la muerte por caza en 2018-2019, y además, permitió demostrar que en ese lapso temporal sin caza en Castilla y León no se incrementó la incidencia del lobo en forma de ataques sobre la ganadería.
Es hora de abandonar definitivamente mitos y lugares comunes (indocumentados y populistas) que mantienen la disparatada idea de que la protección de especies se asegura mediante el mantenimiento de su estatus como especies cinegéticas. Las especies protegidas no pueden ser nunca objeto de controles letales ni de caza, por definición semántica.
Polonia (1)es uno de esos ejemplos de manual que explica cómo la protección legal (aplicada realmente y efectiva) e integral (para todo su territorio) del lobo, propicia la importante recuperación de su estatus poblacional (Figura 1) y de su área de distribución (Figura 2).
Y no solo eso, sino que ha permitido la recuperación -sin parangón ni precedentes internacionales- del lobo en Centroeuropa (República Checa, etc. y en particular, en Alemania, que en 20 años ha pasado de no tener lobos a albergar —al menos— 163 grupos de lobos en 2019-2020). Como comparación, en ese mismo período, Cataluña y Aragón siguen sin albergar grupos reproductores de lobos, a pesar de constatar la presencia de lobos italo-franceses en Pirineos, la cual se remonta temporalmente a la aparición de los primeros lobos en Alemania.
Figura 1. Evolución comparada del tamaño de población versus estatus legal (especie cinegética / game species; especie protegida / wolf protection) del lobo en Polonia en el período 1950-2018 (1).
Figura 2. Evolución del área de distribución del lobo en Polonia en el período 1975-2018 (1).
Italia es otro ejemplo donde la protección en un marco nacional, aprobada en 1976, ha permitido parcialmente la recuperación demográfica y del área de distribución del lobo. En Italia esa protección implica el impedir su control letal (caza y controles poblacionales), al contrario que en España.
Mientras que ninguno de los lobos de España ha recolonizado áreas allende de la Península Ibérica, a los Pirineos y a la Depresión del Ebro, lobos italianos llegan desde hace 20 años (2) procedentes de la población italo-francesa (de los Apeninos a los Pirineos, pasando por los Alpes y el Macizo Central Francés).
Figura 3. Evolución del área de distribución del lobo en Italia en el período 1973-2012. Fuente: https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/ccd87w/distribution_of_wolves_in_italy_in_1973_and_2012/
Por otra parte, en no pocas ocasiones, algunos personajes y sectores interesados, esgrimen que los lobos en Portugal, con quien comparte España su población lupina, son una especie estrictamente protegida desde la adhesión de este país al Convenio de Berna en 1986 y por su propia legislación nacional desde 1988, pero a pesar de ello, no prosperan.
Figura 3. Evolución de la distribución del lobo en cuadrículas de 10×10 km y superficie (km2), en Portugal entre 1930 y 2003. Adaptado de Álvares y col. (2015) (3).
Si el lobo no se recupera significativamente en Portugal no es porque estén protegidos (no existe nunca una protección en exceso), sino porque:
Existe una elevada persecución humana en forma de caza ilegal (por disparos, lazos, venenos, etc., que suponen el 35% de los 100 lobos cuya muerte es conocida en el período 1999-2013%, mientras que los atropellos constituyen otro 35%) (4).
Las condiciones ecológicas del medio en buena parte del territorio portugués son limitantes debido a la ausencia de abundantes poblaciones de ungulados salvajes(4), tales como corzos y ciervos (algo impensable en España en la actualidad).
A pesar de todo ello, algunas de esas limitaciones están siendo paliadas parcialmente por nuestros vecinos lusos a través de un plan de acción sobre el lobo y la restitución (activa y/o pasiva) de cérvidos como presas salvajes fundamentales que incrementan la capacidad de carga biológica del territorio en Portugal, y por tanto, la fracción del medio natural susceptible de albergar lobos cuantificable en términos de idoneidad ambiental. Es decir, la protección de la especie en Portugal dista de ser escrupulosamente la contemplada por su legislación, lo cual es un problema de otra dimensión.
Vistos esos ejemplos, y sin entrar a valorar más el grado de cumplimiento de los marcos de protección teóricos por cada país (lo cual corresponde, inequívocamente exigir a las autoridades ambientales), toda la sociedad española en su conjunto, y en particular los medios de comunicación, deberían plantearse:
¿Se «recupera» realmente el lobo en España?
¿Se recupera la funcionalidad ecológica del lobo en nuestros ecosistemas ibéricos?
¿Por qué no se recupera el lobo en España?
Evidentementeel lobo no se ‘recupera’ en España (población estable en los dos únicos censos oficiales realizados con veintiséis años de diferencia), ni se recupera su funcionalidad ecológica porque se mata sin sentido, a pesar de estar protegido.
Y como el lobo es una especie protegida desde 1986 en España tras la adhesión y ratificación del Convenio de Berna en nuestro país, y ante la degradación y perversión sistémica en la aplicación de la legislación ambiental en España por parte del Gobierno Central y de las comunidades autónomas (en eso que conjuntamente, llaman el Estado Español o Reino de España), ASCEL hubo de solicitar (con la debida, necesaria y suficiente justificación) la protección nacional del lobo, algo que nadie había hecho hasta la fecha, que nos conste.
La credibilidad de todo el marco legal de protección de nuestras especies y nuestra biodiversidad está en juego si no dejamos atrás la vergonzosa y vergonzante situación de una especie, que nunca debió de ser objeto de muerte, desde 1986. Dado que es obvio que España no ha tenido nunca la intención de proporcionar al lobo la protección que la ley ha dictado para la especie desde 1986, es esencial su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie «Vulnerable» en el RD 139/2011, que es lo que solicitó y justificó ASCEL en 2019.
La prevista inclusión de toda la población de lobo en España en dicho RD 139/2011, no en el Catálogo (ese subconjunto del LESRPE, donde figuran las especies más amenazadas), sino solo en el LESRPE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), es insuficiente, llega tarde, y además el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la está desvirtuando en lo que, de nuevo, es un claro ejemplo de supeditación de la ley a intereses injustificables, para contentar a las administraciones autonómicas implicadas y co-responsables del paupérrimo estado de conservación del lobo en nuestro país (algo que acredita el Gobierno de España para el período 2013-2018).
ASCEL no admitirá lo que el Ministerio pretende plantear, proteger una especie para seguir matándola, al negarse a asumir sus responsabilidades y obligaciones legales.
1 Niedziałkowski, K. & Putkowska-Smoter, R. (2020). What makes a major change of wildlife management policy possible? Institutional analysis of Polish wolf governance. PLoS ONE, 15(4): e0231601.
2 Echegaray, J. (2014). ¿Hay lobos en Pirineos?. En: Censos de lobos en España. El Ecologista, 83.
3 Álvares, F., Barroso, I., Espírito‐Santo, C., Ferrão Da Costa, G., Fonseca, C., Godinho, R., Nakamura, M., Petrucci‐Fonseca, F., Pimenta, V., Ribeiro, S., Rio‐Maior, H., Santos, N. & Torres, R. (2015). Situação dereferência para o Plano de Ação para a Conservação do Lobo‐ibérico em Portugal. ICNF/CIBIO‐INBIO/CE3C/UA. Lisboa.
4 Plano de Ação para a Conservação do Lobo-Ibérico (Canis lupus signatus) em Portugal. Diário da República, 2.ª série, N.º 215, 8 de novembro de 2017.
