Entre los animales abatidos hay cachorros, hembras preñadas o recién paridas e incluso grupos familiares completos

La política aplicada por el Gobierno del Principado de Asturias en materia de gestión del lobo ha derivado en una eliminación sistemática de ejemplares que compromete seriamente la viabilidad de la especie.

Cuando se constituyó el actual Gobierno del Principado, el presidente Adrián Barbón decidió fragmentar la estructura de la consejería ambiental y trasladar las competencias sobre vida silvestre —incluyendo las especies protegidas y el lobo— al ámbito agrario y rural. Con esta decisión, las políticas sobre fauna silvestre pasaron a depender directamente de los intereses del sector ganadero.

Desde la aprobación, el 28 de abril de 2025 (BOPA), de un nuevo plan de control del lobo en Asturias —posibilitado por el retroceso legal introducido con la llamada reforma de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario de España, actualmente pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional de España— hasta su suspensión el pasado 17 de febrero de 2026 a consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a ASCEL, se habían matado 31 lobos por decisión directa de la administración.

En total, 43 lobos muertos en apenas diez meses. A estas muertes hay que añadir otros ejemplares fallecidos por diferentes causas:

3 atropellados
4 abatidos por furtivos
2 muertos por enfermedad
3 por causas indeterminadas.

La suspensión indefinida de los programas de muerte y del propio plan que los habilitaba se produce como consecuencia de varias sentencias del Tribunal Supremo obtenidas por ASCEL, que desbordan la interpretación jurídica defendida por el responsable del área ganadera del Principado, Marcos Líndez. Esta suspensión ha evitado, al menos temporalmente, la muerte de otros diez lobos previstos en los cupos oficiales.

El propio consejero llegó a afirmar públicamente el 25 de febrero:

“Yo estoy convencido, y ahora no vale llorar por la leche derramada, que si hubiéramos llegado al 31 de marzo nos hubiéramos cumplido incluso por encima del 100 por ciento”

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Desde 2003 se han matado en Asturias 386 lobos por decisión administrativa

Excluyendo el periodo de inclusión en el LESRPE 2021-2024, con 0 muertes

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Una política de exterminio sostenida en el tiempo

Para comprender la dimensión del problema, es necesario contextualizar la actuación del Gobierno asturiano. Desde 2003 se han matado en Asturias 386 lobos por decisión administrativa. De ellos:

355 antes de 2021

0 entre 2021 y 2024 por la inclusión en el LESRPE

31 en el periodo 2025-2026

Cachorros, hembras preñadas y crías condenadas

El acceso reciente a las necropsias permite conocer con más detalle la gravedad de lo ocurrido. Entre los animales abatidos figuran dos hembras preñadas y una hembra recién parida, lo que implica que a las muertes contabilizadas habría que añadir también las de sus camadas.

Además, de los 31 lobos abatidos por la Consejería:

13 tenían menos de un año de edad.

6 eran cachorros de menos de cinco meses, con pesos inferiores a 18 kg.

Uno de ellos tenía apenas cuatro meses y pesaba 11,9 kg cuando fue abatido.

Estos animales aún tenían dientes de leche. Sin embargo, la Consejería los calificó como “ejemplares que por sus características están causando daños reiterados”. A uno de ellos, de 4 meses, le dispararon 2 veces.

Eliminación de grupos familiares completos

La distribución de los cadáveres confirma que no se trató de actuaciones selectivas, sino de operaciones destinadas a eliminar grupos completos.

Grupo del Cuera: se preveía matar 3 ejemplares y finalmente se abatieron 6, cinco de ellos en batidas.
Alfilorios: 6 lobos muertos
Gallinero: 3 lobos
Llosorio: 3 lobos

Estas actuaciones suponen la desaparición de unidades familiares completas y alteran profundamente la estructura social de la especie.

Un golpe a la viabilidad del lobo ibérico

Según los propios datos oficiales del Gobierno asturiano, Asturias contaría con 45 grupos reproductores, de los cuales 12 son compartidos con otras comunidades autónomas, lo que situaría la población total en entre 148 y 191 lobos.

Con estas cifras, los 31 ejemplares eliminados por la administración representan entre el 23 % y el 29 % de la población regional, un impacto extremadamente grave para una especie protegida.

Matar cachorros con dientes de leche, hembras preñadas o grupos familiares enteros no es gestión selectiva, que reafirma precisamente lo que han determinado los tribunales: estas muertes carecían de amparo legal.

Eco en prensa