◆ Hablar del lobo exige conocimiento

Para trasladar apreciaciones sobre una especie que no es común, hay que manejar el conocimiento, que no ha de ser necesariamente popular.

◆ El lobo ha estado protegido por la acción de ASCEL

ASCEL consiguió la protección del lobo en toda España, demostrando que se cumplían las condiciones determinadas precisas para ello, y superando un control de un comité científico independiente. Seguimos discutiendo el nivel de protección en los tribunales, porque reclamamos más, como es su inclusión en el Catálogo. El lobo ha estado protegido entre 2021 y 2025 gracias a una iniciativa (no política) de esta humilde asociación que no dispone de liberados, y no puede volver a ser objeto de irracionalidad en pleno siglo XXI.

◆ No hay ni puede haber sobrepoblación de lobo

Como depredador apical, cúspide de nuestros ecosistemas, es necesariamente escaso, y se distribuye territorialmente copando el territorio de una manera social. En una zona determinada, si hay un grupo, no puede haber ni dos ni tres ni múltiplo: ocupan una extensión en función del hábitat y recursos tróficos.

◆ Matar lobos no hace disminuir los ataques

Durante muchos años en Asturias y otras comunidades se mataron ejemplares sin reducir ni significativamente ni de modo estable daños. En Asturias, el año con más ataques a ganado coincide con el de mayor número de lobos muertos.

◆ No existe la sobreprotección

O se respeta su papel, o no. La hipocresía es afirmar quererlo, pero no tanto, para, a continuación, rebajar el cariño -matar- a unos cuantos ejemplares. Como si hubiese hijos pequeños de un dios menor jugando a los dados con la vida.

◆ Las bajas en los negocios ganaderos, cuando los animales están desatendidos, son consecuencia del incumplimiento de la ley

Está sobradamente probado que el daño es nulo con una adecuada gestión profesional. Si no se cuidan las cabezas, el empresario ahorra costes pero debe asumir pérdidas por causas consecuentes y naturales. Las mismas pueden tener causas varias: enfermedades naturales, accidentes, perros, e incluso lobos. Una vez muerto un ejemplar, puede ser carroñeado por otras especies.

◆ No hay una buena gestión de los daños

Nunca hubo interés por aplicar una gestión de los daños cumpliendo la legislación, con buenas técnicas y formación evitando la picaresca para ingresar dinero público por los efectos de la mala gestión del ganado. Se consiente un fraude sistemático. ASCEL puede acreditar que Asturias y Cantabria han mentido en boletines oficiales anunciando daños falsos que ni siquiera coinciden con los datos de los expedientes oficiales aportados.

◆ El ganado es un bien privado; el lobo es un bien público

En todo caso, el ganado es de los empresarios privados, y el lobo es un bien público que ejerce una papel ambiental insustituible, a diferencia del ganado. El interés público ha de primar sobre lo privado. El lobo no es de los gestores de un territorio, ni menos aún, de los rurales de ese territorio. Como las orcas son, por ejemplo, de todos los españoles, vivan viendo el mar o sin verlo.

◆ La protección de una especie no depende de su población

La protección de una especie, en España, no depende de su población, ni del denominado «estado de conservación» que, en todo caso, tampoco depende (menos mal) de las comunidades autónomas.

◆ Los daños suponen un 0,07% del censo ganadero

La argumentación del partido popular (Boletín Oficial Senado 18/02/2025) reza […] los cadáveres de ganado generados en un año por ataques de fauna silvestre, suponen un impacto […] de 4 millones de kilos de carne, dado que fueron más de 14.000 las reses muertas entre terneros, vacas, potros y ovejas. Con la misma frialdad del PP, en España, los datos oficiales dicen que esto supone un 0,07% de las casi veinte millones de cabezas de vacuno, caballar y ovino. Como dato, son 1.214 millones de kg/l los alimentos desperdiciados en 2023, principalmente por los hogares.

◆ Los daños se indemnizan con dinero público para que se respete la biodiversidad

Preciso es recordar que estamos pagando con generoso dinero público al sector agropecuario por varias vías: (i) estructural – PAC, (ii) coyuntural – daños, (iii) paliativo –medidas preventivas (iv) otras. Y todo ello para garantizar un abastecimiento respetando la protección de la biodiversidad.