Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico

En múltiples ocasiones los medios de comunicación nos muestran que los lobos son capaces de ocupar hábitats altamente humanizados y de cruzar barreras notables. Sin embargo esos mismos medios omiten que el aprendizaje puede ser vital y que los estudios de telemetría también muestran como infraestructuras viarias (como simples carreteras nacionales) pueden limitar frecuentemente los movimientos de los lobos, siendo incluso utilizados para delimitar áreas de campeo habituales, o la elevadas tasas de mortalidad provocadas por el ser humano que soportan estos animales y que impiden su recuperación, como sucede en España y Portugal. 

Múltiples noticias tienden -por su carácter extraordinario- a sobreestimar además la capacidad de dispersión y flujo genético entre las poblaciones de lobos. Los lobos son extraordinariamente móviles, pero no están exentos de muerte por su inteligencia y psiquismo, especialmente si permite o tolera su muerte en forma de caza recreativa, etc. En Norteamérica, con datos de miles de lobos radiomarcados, se ha comprobada como la mayoría de los eventos de dispersión tienen lugar a menos de 100 km de lugar de nacimiento. Pero existe una minoría de ejemplares que son dispersantes “a larga distancia”. Y una minoría, de entre la minoría, llega a reproducirse incluso, como sucedió con un celebérrimo lobo en California. En Europa, los eventos de dispersión también son habitualmente a corta distancia, pero los que acontecen con ejemplares que alcanzan amplios dominios vitales también son objeto de atención mediática. Uno de ellos ha sido protagonizado por un lobo suizo radiomarcado llamado “M237”, cuya trayectoria vital (incluidos sus orígenes) y movimientos, saltaron a la luz pública ante la tremenda magnitud de sus desplazamientos por más de 2.000 km a lo largo de Centro Europa entre 2022 y 2023.

Figuras 1 y 2. Lobo suizo M237 y extracto cartográfico de sus movimientos por Centro Europa entre 2022 y 2023

Lamentablemente, la mayoría de estos eventos acaban con la trágica muerte de los ejemplares de lobos como consecuencia de la presión humana (caza, atropellos, etc.), como sucedió con un ejemplar de lobo germano-polaco asentado en Dinamarca como consecuencia de un evento de dispersión y cuya muerte por disparo fue grabada en directo. De nuevo se repite ese lamentable suceso y el lobo “M237” ha sido abatido en Hungría por un cazador. No obstante, el equipo de investigación colaboró con las autoridades, y afortunadamente las pesquisas emprendidas han resultado en la detención del cazador que ilegalmente mató a ese ejemplar de lobo. El relato de todo ello lo podéis encontrar en la página de redes sociales de la asociación polaca “Stowarzyszenie dla Natury Wilk”.  

En el contexto internacional se ha comprobado como las tasas de mortalidad por caza ilegal suponen entre el 32 y 74% de la mortalidad en grandes carnívoros terrestres, lo cual tiene serias implicaciones desde el punto de vista de la conservación. Los eventos de dispersión entre subpoblaciones de lobos incrementan las probabilidades de conservación a largo plazo al permitir el intercambio demográfico, pero ese intercambio solo es efectivo a través de la reproducción entre ejemplares de poblaciones distintas. Maximizar el intercambio genético entre subpoblaciones de lobos a nivel europeo es una necesidad y debería ser un gran objetivo al cual nuestros gestores no prestan la suficiente atención, a pesar de la extraordinaria necesidad para que eso se produzca y se reduzcan los problemas de pérdida diversidad genética que asolan a nuestras poblaciones, incluida la ibérica.

Un evento de movimientos y dispersión tan extraordinario como el que estaba protagonizando el lobo suizo radiomarcado “M237”, que se ha movido por más de 2000 km a lo largo de Europa, desafortunadamente ha acabado trágicamente por la acción ilegal de un humano irresponsable. Así pues, ese extraordinario periplo vital no contribuirá a incrementar la viabilidad demográfica y genética europea de lobos. La dispersión no ha sido efectiva. Como la protección, en este cas particular e individualizado en este ejemplar “M237”.  

Es conocido que existe una mortalidad críptica (no detectada) de caza ilegal de lobos, que parecer ser aún más elevada que la mortalidad inferida a partir de los trabajos de radiomarcaje. En ese sentido, es un hecho científico, que la persecución humana sobre lobos, incluso donde están estrictamente protegidos, en forma de caza legal e ilegal, no solo es perniciosa para la viabilidad a largo plazo, sino que es mucho más elevada que lo que se asume en “círculos oficialistas”. Por ejemplo, en Escandinavia se pudo comprobar cómo el crecimiento anual teórico de una población de lobos debía haber sido cuatro veces superior a lo observado (990 lobos frentes a los apenas 200 censados), lo cual significaba que muchos ejemplares (y no todos están radiomarcados) habían perecido ilegalmente en proporciones mucho mayores que las estimadas a partir de los datos de mortalidad por el propio radiomarcaje. En el estado norteamericano de Idaho (EE.UU), donde se mataban legalmente hasta 275 lobos (33% de la población censada en 2009) a través de la caza recreativa, se comprobó cómo los cazadores no informaban adecuadamente de los lobos muertos en los lances cinegéticos y que el número de lobos muertos tenía que ser un 84% superior a lo inicialmente considerado para explicar los niveles poblacionales de dichos lobos. 

Por todo ello, la necesidad de cumplimiento efectivo de ese marco de protección que demanda ASCEL y la elevación de la protección legal a través de su catalogación como especie protegida, no solo en España, sino en toda Europa.

El caso del lobo “M237” muerto en Hungría y nacido en Suiza, saldado con su muerte, escenifica la necesidad de una protección homóloga firme y estricta sobre todos los lobos y en toda Europa.

La ausencia de protocolos en la recogida de lobos muertos y la demora en la elaboración de los correspondientes informes técnico-facultativos de necropsias dificulta las investigaciones de los hechos y demuestra el absoluto desinterés de la Junta de Castilla y León en la persecución de la caza ilegal de lobos. Aparentemente, la Junta ampara a delincuentes.

A principios de Marzo, colaboradores de ASCEL encontraron el cadáver de un ejemplar de lobo hembra en el norte de la provincia de Burgos (Comarca de Merindades) en la nieve, con una lesión compatible con disparo de rifle, probablemente la causa de la muerte. El hallazgo fue (en ese momento) comunicado al SEPRONA (Guardia Civil), como es obligación ciudadana ante un episodio de estas características y en particular cuando se trata de especies protegidas como el lobo.

La muerte de lobos por caza ilegal es su principal causa de mortalidad, y con diferencia, en cualquier población mundial de esta especie, incluso donde están estrictamente protegidos. Es más, es científicamente un hecho que la caza ilegal de lobos se incrementa un 650% cuando se solapan actividades cinegéticas (como las batidas de jabalíes) y la presencia de nieve.

En el caso de que el informe de necropsia del ejemplar confirme que la causa de la muerte es la caza ilegal (disparo), instamos a la Junta de Castilla y León a presentar la correspondiente denuncia a la Fiscalía con objeto de investigar este delito y dirimir cualquier responsabilidad penal, porque lo que es de aplicación legal para el resto de especies protegidas (como águilas reales, buitres leonados, osos pardos, etc.), ha de ser de aplicación legal análogamente con el lobo por su estatus de protección.

En este sentido desde ASCEL aprovechamos para insistir en que la Junta de Castilla y León carece de protocolos eficaces para la recogida de cadáveres ni un plazo para la realización de necropsias de especies protegidas en general y de lobos en particular, aunque existan indicios o evidencias de que los cadáveres que ingresan en los Centros de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS) lo sean por delitos. Dado que estos sucesos son, lamentablemente, recurrentes, se demuestra el nulo interés del Ejecutivo de Mañueco y Suárez Quiñones en perseguir la caza ilegal.

Cualquier muerte de individuos de lobo en España es una pérdida irreparable en términos demográficos y genéticos, ya que se trata de una especie vulnerable cuya supervivencia a largo plazo depende de unos 600 adultos reproductores distribuidos en unos 300 grupos familiares en España y que además se encuentran en un estado de conservación desfavorable en nuestro país. El paradigna del cambio de estatus del lobo no hace más que revelar que administraciones, como la Junta de Castilla y León, en vez de asumir sus responsabilidades legales de incrementar las acciones en pos de justicia y contra los delincuentes, lo que hacen es mantener un status quo anterior —y ahora ilegal— que otorga impunidad para esos delincuentes, porque presumiblemente son cazadores.

Que el Gobierno de Cantabria establezca nuevos baremos por la supuesta incidencia del lobo sobre la ganadería, que  modifique la gestión zonal de un plan de gestión (cuya judicialización continua, porque ASCEL lo tiene recurrido ante el Tribunal Supremo), o reconozca el descontrol en la atribución de los ataques del lobo a la ganadería, nos carga de razones. Y esas razones tienen responsables o culpables, con nombres y apellidos, lo cual será dirimido en los órganos penales correspondientes.

Si a todo ello, se le añade que los representantes políticos juegan al postureo, el cóctel está servido. Cuando afirman “que va a seguir peleando en los Tribunales por hacer ver la razón que nos asiste en su totalidad“, omiten deliberadamente que tuvieron una excelente oportunidad de demostrar si sus soflamas van más allá de la prensa, en un burdo mensaje para la parroquia, enviando a los correspondientes letrados de los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria en la comparecencia / vista presencial que hubo de testigos periciales, en el proceso judicial que ASCEL tiene interpuesto en la Audiencia Nacional contra el Ministerio (MITERD) por la indebida e insuficiente protección del lobo en la Orden Ministerial TED/980/2021 en el Listado “LESRPE” y no en el CEEA “Catálogo” como especie Vulnerable, proceso en el cual el Gobierno de Cantabria y la Junta de Castilla y León, están personadas como co-demandadas contra ASCEL. Esa comparecencia se produjo a finales del pasado año 2022 en la Audiencia Nacional en Madrid, y la sorpresa fue que ningún representante/letrado del Gobierno de Cantabria compareció para refutar las tesis y pruebas periciales de ASCEL; es decir, el Ejecutivo de Cantabria es un campeón del espectáculo y la demagogia, porque lanza mensajes a su parroquia (agroganadera) que no se corresponden con lo que hace o deja de hacer en el sitio que corresponde. Como esa sucesión de visitas a Europa, donde suponemos que Blanco emularía a Revilla.

Todas estas acciones (mejoras de las actas de verificación de la incidencia de lobo, cambios en la gestión) son probablemente una reacción del Gobierno de Cantabria como consecuencia de las distintas acciones administrativas y penales en los distintos frentes (Audiencia Nacional, Fiscalía, etc.) porque ASCEL sigue presionando e identificando los déficits de la gestión, la picaresca y el fraude detrás de la “incidencia de los lobos” en Cantabria, como elemento sistémico de gestión y propaganda del gobierno regional, todo ello, rodeado de caciquismo, intereses sectoriales y la sombra de los presuntos fraudes administrativos o delitos, que es lo que se está dirimiendo en los Tribunales y en la Fiscalía.

En ASCEL seguimos persiguiendo la protección integral y efectiva del lobo, no condicionada a intereses sectoriales, siendo como es una especie protegida, como tantas otras (buitres leonados, nutrias, etc.).

Un gobierno autonómico reconoce el descontrol en la atribución de daños del lobo a la ganadería

En ASCEL siempre hemos sostenido que el ‘conflicto del lobo’ es una especie de cuento chino, y que la conflictividad por la incidencia del lobo sobre la ganadería está claramente sobredimensionada, ya que a los lobos se les atribuye la exclusividad de las muertes de ganado, para así percibir fácilmente indemnizaciones que pagamos todos. Atajar este fraude sistémico pondría en su lugar el alboroto mediático, donde ciertos medios se hacen eco desmedido y descontextualizado de intereses sectoriales, tanto como de estadísticas falaces (véase cuánto come un lobo). El necesario atajo de éste, y de cualquier fraude, le corresponde a las administraciones, que tienen la responsabilidad inmediata, pero éstas no ponen empeño en verificar la verosimilitud de la incidencia real del lobo, por ejemplo, mediante técnicas de peritaje genético, y solo tienen interés en satisfacer sus deseos (y los de algunos votantes) de seguir matando lobos, como por ejemplo, en Cantabria. Entre las distintas herramientas que las administraciones podrían utilizar se encuentran (a) las técnicas de peritaje genético con análisis de ADN a partir de la saliva en las heridas de las reses, (b) modelos estandarizados y objetivos de actas de inspección de las incidencias de la fauna silvestre sobre el ganado, (c) asesoría a medios de comunicación para no criminalizar a componentes de nuestro patrimonio natural. Y claro, otro atajo podría ser que los profesionales de los medios de comunicación analizaran realmente si los daños aportados son reales y las compararan con las ayudas de la PAC que perciben los titulares de las explotaciones. Quién quiera nota, que sume si las explotaciones están bien atendidas, de acuerdo a la normativa ganadera en vigor, o que añada otras compensaciones vía dinero público al sumatorio. 

En ASCEL analizamos per se, y para los distintos procesos judiciales en los que estamos inmersos, la presencia de contradicciones y la notoria tendenciosidad de las actas de inspección de “daños” de lobo computados por las administraciones, lo cual, además podría ser un indicador de fraude público. Debemos recordar que esta atribución de daños a la ganadería suelen ser el detonante de medidas de gestión letal en muchos territorios, junto con la resonancia mediática que ciertos periodistas y medios sensacionalistas al respecto. Es más, hemos señalado y aportado, con éxito, la incongruencia de dichas actas a estamentos como Fiscalías y Tribunales. Nuestras acciones y experiencia a ese respecto, realizadas con la minuciosidad requerida que obliga al empleo de incontable tiempo de nuestros miembros de la Directiva, empiezan a surtir efectos, consiguiendo la suspensión cautelar en Tribunales mediante el indulto, por ahora, a varios lobos, que el Gobierno de Cantabria quería matar, intentando sortear la protección general de la especie a nivel nacional inducida por ASCEL.

Ahora, una nota de prensa del Gobierno cántabro, donde figuran los responsables públicos investigados por la denuncia de ASCEL en la Fiscalía por sus decisiones para matar lobos mientras continúan los pleitos administrativos al respecto, demuestra que SI es preciso corregir (¿retroactivamente?) las fichas de los daños del lobo sobre la ganadería, lo cual indicaba que algo iba mal. Es un buen síntoma. Será por la incertidumbre que generan los pleitos o las investigaciones en curso.

Una atenta lectura de dicho comunicado oficial, hace ver que nada se debía estar haciendo bien. Estupendo, ya veremos, pero lo hecho, hecho está.