El jurado popular ha hablado y la desolación ha encogido el corazón de muchísimos leoneses y leonesas que, con ese mismo corazón, aman y respetan la Naturaleza. También está encogido el de muchos habitantes de los Ancares que vieron como su paisaje vegetal se convertía, una vez más, en humo y cenizas. Encogido está también el de todas aquellas personas que formamos parte de los grupos ecologistas, que hemos seguido este caso con especial interés y que hemos formado parte de la acusación, aglutinados bajo las siglas de Ecologistas en Acción.
En democracia, el sistema judicial sentencia y no queda sino acatar el veredicto, a pesar de que no se comparta en absoluto su dictamen.
Los incendios forestales intencionados son una lacra que golpea año tras año los montes del noroeste peninsular en general y nuestra provincia en particular. Ancares, en este caso, es una de las comarcas leonesas más azotadas por este mal.
Pocas veces han estado tan claros los hechos: testigos oculares de la comisión del delito; coartadas falsas del acusado; testigos de la defensa que mienten abiertamente; acusado, celador de la Junta de Castilla y León, que se aleja del lugar del incendio mientras sus compañeros acuden a sofocarlo en el desempeño de su responsabilidad; inequívocos informes periciales del SEPRONA y de agentes forestales; y así un largo etcétera.
A pesar de todo ello, el jurado ha fallado, por un voto de diferencia, a favor del acusado. De esta circunstancia únicamente podemos inferir, que cuando el principal afectado de un acto delictivo es el medio ambiente, es decir, el patrimonio natural, es casi necesario que el propio acusado reconozca los hechos para que se produzca una condena. En este sentido el legislador debería promover importantes cambios en la legislación penal medioambiental.
No debemos olvidar que, en este caso, el hecho delictivo tuvo como consecuencia dos terribles incendios, que dejaron 305 ha calcinadas, en un territorio que atesora algunas de las máximas figuras de protección, tanto nacionales como internacionales: Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO, LIC y ZEPA de la Red Natura 2000, Parque Natural de Castilla y León y Reserva Regional de Caza.
Pero nuestro sistema judicial también permite que cuando un ciudadano no esté de acuerdo con la deliberación de un tribunal, éste pueda acudir a una instancia superior que revise de nuevo la sentencia.
Los grupos ecologistas de la provincia vamos a esperar a leer los argumentos que el juez expondrá en la sentencia y a partir de ellos interpondremos un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia de Castilla y León.
Deseamos y confiamos en que las demás partes implicadas en la acusación, Fundación Oso Pardo, Junta de Castilla y León, y Ministerio Fiscal recurran también el fallo ante esa instancia judicial. Y lo esperamos especialmente de las dos últimas, ya que son las encargadas de garantizar la preservación del Patrimonio Natural común y que nos representan a todos los ciudadanos por igual.
Para abordar esta nueva etapa judicial y dado que los fondos económicos de los grupos ecologistas son muy escasos, vamos a solicitar la colaboración económica de todas aquellas personas que también se hayan sentido desoladas con la sentencia de este caso. Para ello lanzaremos en breve, a través de los medios de comunicación, de páginas web y de las redes sociales, una campaña de micromecenazgo (crowdfunding) denominada: NO A LOS INCENDIOS, NO A LOS INCENDIARIOS.