Manejo irresponsable de perros y las ayudas agroambientales que cobran sus amos

En fechas recientes del mes de diciembre de 2018, tuvimos la desagradable ocasión de recibir de varias personas implicadas en la conservación de la naturaleza, varios videos como el que os exponemos donde un grupo de perros hostigaba y se ensañaba con un ciervo (Cervus elaphus) en Cervera de Pisuerga, termino municipal perteneciente al Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre (Montaña Cantábrica Palentina), también espacio de la Red Natura 2000.

ASCEL puso el caso en manos del SEPRONA de la Guardia Civil, aportando documentos  audiovisuales. Afortunadamente, la denuncia fue tramitada y la investigación del SEPRONA condujo a la identificación y sanción del infractor.

Por todo ello agradecemos la colaboración ciudadana en este tipo de hechos y manifestamos, una vez más, nuestro reconocimiento a la labor del SEPRONA. Confiamos en que la ejemplaridad de este tipo de sanciones contribuya a que ninguna infracción ambiental quede impune, y a que se modifiquen los comportamientos humanos con respecto a la supervisión y cuidado de sus perros, máxime en áreas protegidas  que forman parte del patrimonio común.

Este comportamiento irresponsable de algunos dueños de perros y sus consecuencias contra la conservación de la naturaleza ha sido objeto de publicaciones a nivel mundial. Este efecto pernicioso recae directamente en la conservación del lobo dada la dificultad de discriminar objetivamente la autoría de los ataques sobre reses ganaderas realizados por algunos perros cuyo manejo humano haya sido irresponsable, de los efectuados por los propios lobos.

Cabe mencionar que en esta zona palentina, las manifestaciones mediáticas de las organizaciones profesionales de ganaderos y de sus afiliados achacan recurrentemente a los lobos los daños a la ganadería, y solicitan más medidas de control poblacional de lobos a las administraciones. Y todo ello se hace obviando las ingentes ayudas agroambientales asociadas a criterios, entre otros, de eco-condicionalidad, como los derivados de la Política Agraria Común (PAC), que perciben esos mismos ganaderos que denuncian los ataques de lobos. Esas ayudas públicas y subvenciones agro-ambientales las reciben titulares del sector agro-ganadero para paliar las posibles limitaciones inherentes a tener sus explotaciones -privadas-  en espacios protegidos y/o coexistir con fauna silvestre, incluidos los lobos. Por tanto, ¡qué menos que exigir el cumplimiento de los requisitos que dan lugar a recibir estas cantidades de dinero público!.

Y enlazando lo expuesto con el caso que nos ocupa, se ha podido relacionar a algunos de los “habituales” de las noticias de la prensa local palentina contra los lobos con los propietarios de la explotación familiar de Cervera de Pisuerga sancionada por el SEPRONA por la conducta de sus perros. Esa explotación ganadera habría cobrado 74.400 € en 2015 y 38.733,80 € en 2017, en forma de ayudas agro-ambientales a priori de la PAC, esa que supone en torno al 57% del presupuesto de la UE y que tiene unas negativas consecuencias tanto ambientalmente en cuanto a la conservación de la biodiversidad como otras de ética internacional. Desafortunadamente, estas informaciones no suelen trascender en la cobertura mediática sobre lobos.

Finalmente, si los perros de guarda del ganado de esa explotación son capaces de atacar y matar a ciervos machos adultos de más de 120 kg de peso … ¿no podrán estos mismos perros atacar y matar ganado?.

El Tribunal Supremo anula definitivamente el plan de gestión del Lobo en Castilla y León

El plan de gestión del lobo en Castilla y León, publicado en mayo de 2016[1], queda definitivamente anulado tras pasar por el Tribunal Supremo. Dicho plan, equívocamente llamado “Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León”, había sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a principios de 2018, a instancias de ASCEL[2]. El auto del Tribunal Supremo, del 13 de diciembre de 2018, inadmite el recurso contra dicha sentencia de anulación. En otras palabras, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la administración de Castilla y León[3] por carecer de fundamento, recordando que las administraciones públicas deben también cumplir con los procedimientos acordados.

Desde ASCEL deseamos un cambio de rumbo a la triste y fallida política de ‘gestión’ del lobo en Castilla y León, basada en la caza como herramienta de gestión a través de cupos cinegéticos inconcebibles para un predador apical. No se puede seguir sosteniendo que una especie de interés comunitario, y estrictamente protegida al sur del Duero en la misma Comunidad Autónoma, pueda ser severamente explotada. La administración con competencias en Castilla y León acumula además despropósitos administrativos: anulación de los cupos establecidos para las temporadas de caza de 2010-2011, 2011-2012 y 2015-2016, anulación del plan de gestión de 2016, y suspensión cautelar de los cupos de 2016-19[4].

Sólo con el cumplimiento de la legislación europea, española y autonómica, en favor de la preservación de la biodiversidad en general y del lobo en particular como componente estructural de la misma, habrá una salida.

[1]– Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de “Conservación y Gestión” del Lobo en Castilla y León

[2]– Tras la presentación del correspondiente recurso contencioso-administrativo

[3]– Recurso de Casación

[4]– Aprovechamientos Comarcales

Sobre el ilegal y recurrente control poblacional de lobos al Sur del Duero

A propósito de contenido de la noticia aparecida en algunos portales sobre que la patrulla de seguimiento abate en Gredos el segundo lobo del año, queremos reincidir en que la Junta de Castilla y León, con recursos y personal público, procede de esta manera, a pesar de que no conocemos ni nos consta, que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente defina y/o evalúe los daños atribuidos a lobos de forma fehaciente (mediante peritajes genéticos), ni tampoco la puesta en práctica y evaluación de métodos de prevención de daños sobre las explotaciones damnificadas. La administración regional vuelve a incidir en su único argumento para matar lobos, basado en una presuposición falaz, y es que están “autorizados” para ello “per se”, lo cual es incierto e ilegal. Y algunos medios de comunicación deberían esforzarse en no dar por sentadas ciertas asunciones, sobre todo si las fuentes están tan judicializadas como la Consejería que regenta Suárez Quiñones.

Además, con respecto al contenido de esa reseña de prensa, se “informa” que hay permisos para matar 5 ejemplares, lo cual es temerario e ilegal, y no sabemos si responde a fuentes oficiales o a licencias periodísticas erróneas: no puede haber un cupo de 5 lobos porque al sur del Duero el lobo es una especie estrictamente protegida por los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats, por lo que no caben ningún tipo de caza y/o control poblacional mediante cupos. Cabe asimismo recordar que este año ni siquiera al norte del Río Duero puede haber caza (con cupos), gracias a las acciones de ASCEL, que constituyen un hecho sin precedentes en España y en buena parte del mundo donde hay lobos.

Esta noticia pone en evidencia, una vez más, la publicación de textos con elementos manipuladores e inexactos, no desmentidos por la administración responsable y que solo perjudican a la coexistencia entre el lobo y el ser humano.

 

La Junta de Castilla y León suspende la caza de lobos en CyL en 2018-2019

Hemos recibido notificación de que la Junta de Castilla y León, mediante una Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha estimado el Recurso de Alzada que interpusimos acerca de una resolución administrativa por la que la Dirección General de Medio Natural aprobaba un “Plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019“. Dicha resolución administrativa  autorizaba la muerte de 429 lobos por cazadores en el período 2016-2019. En consecuencia, el Consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, ha ordenado la suspensión de la caza del lobo en Castilla y León. 

Esta decisión no tiene precedentes prácticos en España porque supone de facto la anulación del cupo de 143 lobos previstos para ser matados por cazadores durante la presente temporada 2018-2019. La caza de lobos en Castilla y León será por tanto un acto ilegal, punible en esta temporada 2018-2019. Os invitamos a colaborar con las autoridades pertinentes (Guardia Civil – Seprona) para denunciar cualquier acto de caza de lobos si tenéis conocimiento de tales actos.

La decisión, que ya afloró en la pasada “Mesa del Lobo” (órgano de pseudo-participación pública, designado por la Junta de Castilla y León) celebrada la semana pasada, se confirma ahora formalmente, y es una consecuencia de las diversas actuaciones judiciales emprendidas por ASCEL, de las cuales hemos ido informando (por ejemplo, el TSJCyL paraliza la caza del loboel TSJCyL desestima el Recurso de la JCyL contra la suspensión cautelar de la caza de lobosel TSJCyL anula el plan de gestión del lobo). El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó los argumentos esgrimidos por la Junta de Castilla y León, manteniendo la medida cautelar solicitada por ASCEL, que paralizaba el aprovechamiento cinegético del lobo en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

Agradecemos desde ASCEL la colaboración de la Manada y Ecologistas en Acción, entidades que nos han ayudado en este recorrido judicial, que empezó mucho antes de esta suspensión de la caza en las temporadas citadas.

Advertimos que estas actuaciones judiciales constituyen un punto y aparte, pero no un punto final por desgracia, porque la Junta de Castilla y León no parece querer cesar en su empeño de matar lobos, y de dilapidar recursos públicos en decisiones improcedentes, irracionales e ilegales, ignorando la importancia ecológica de la especie y degradando la cobertura legal internacional y nacional que protege a los lobos. Solo políticos con miras altas y a largo plazo serían capaces de aprovechar esta coyuntura que supone NO CAZAR LOBOS,  y proteger regionalmente al depredador apical por excelencia de Castilla y León, como base de una gestión más sólida, coherente, legal, racional y ecológica.

El lobo en la Comunidad de Madrid

Al hilo de la celebración de la asamblea general 2018 de ASCEL en La Cabrera, municipio de la Comunidad de Madrid, nos hacemos eco de la reincorporación de la comunidad autónoma al área de distribución reproductora del lobo en la Península Ibérica.

Desde hace aproximadamente una década, la especie ha ido recolonizando terrenos de la Comunidad de Madrid, en las vertientes meridionales de la Sierra de Guadarrama, y se ha establecido como reproductora, con presencia de varios grupos en la comarca conocida como la “Sierra Norte”. También en los últimos años existen indicios de presencia en la comarca de la “Sierra Oeste”.

La recuperación natural del área de distribución del lobo recalca el papel potencial que la Sierra de Guadarrama y el Sistema Central pueden desempeñar como corredores ecológicos hacia otros territorios de donde fueron extirpados en tiempos recientes. Así, los territorios más septentrionales de la Comunidad de Madrid, ubicados en la “Sierra Norte”, presentan bajas densidades relativas de población humana y elevada disponibilidad de ungulados silvestres, además de hábitats aparentemente favorables para la prosperidad de lobos. Además, parte de dichos territorios ha quedado incluidos dentro del recientemente declarado Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, constituyendo así el segundo parque nacional español que alberga territorios de lobo.

A pesar de las aparentes condiciones favorables para que el lobo prospere, el futuro de la fracción  madrileña de lobos ibéricos no está exento de interrogantes. Su conservación no está suficientemente asegurada por la administración regional, que lo ha recibido más como un problema que como una oportunidad de diversificar y mejorar sus ecosistemas. Así, la especie no está incluida en su catálogo regional de especies amenazadas y por tanto, adolece de un plan de conservación en Madrid, ni tampoco se ha realizado ninguna medida efectiva de gestión por falta de voluntad política. En este sentido, cabe destacar la realización de nuevos cortafuegos amenazan zonas de cría ya establecidas. Así mismo, la falta de una política responsable de gestión de los conflictos, que condicione las ayudas y las compensaciones por los perjuicios a la industria ganadera a la adopción de medidas preventivas y de manejo del ganado, está haciendo emerger algunas prácticas irregulares y la atribución de los daños a la ganadería se achaca casi exclusivamente a los lobos, lo cual puede exacerbar ciertas conductas hostiles hacia los lobos. Sigue existiendo furtivismo, no perseguido en la práctica, y en ese sentido, la creación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama no ha supuesto una sola medida de conservación de la especie.

La siniestrabilidad por atropellos que padece el lobo como consecuencia de la elevada red de infraestructuras viaria de la zona parece otro factor importante de mortalidad, a tenor de las bajas conocidas acumuladas.

Sería deseable que la administración de la Comunidad de Madrid aproveche la nueva oportunidad para emprender medidas de restauración ecológicas, y marcar pautas novedosas en la conservación de la especie: por ejemplo, haciendo (a) un seguimiento de la población y de su dinámica de recolonización, desarrollando, por ejemplo, métodos no invasivos, altamente recomendables y exitosos para poblaciones pequeñas de lobos en su límite de distribución, y que a su vez, pueden erigirse en el punto de partida para la ejecución de peritajes “genéticos”, que contribuyan a aclarar la contribución de los perros “incontrolados” y de los lobos a la problemática de los daños ganaderos que afectan a algunas explotaciones de la comunidad Madrid, (b) recomendando prácticas que eviten los conflictos con los intereses locales y sectoriales, (c) reduciendo la siniestrabilidad por atropellos en las infraestructuras viarias que atraviesan el norte de Madrid mediante pasos específicos de fauna y limitaciones efectivas de velocidad, y (d) sensibilizando a la población sobre el papel positivo de la presencia de lobos, y en el cumplimiento de la normativa ambiental, por el bien común.

En cualquier caso, la recolonización de territorios de la Comunidad de Madrid por parte de grupos de lobos reproductores, ocupados hasta hace unas pocas décadas, puede suponer un paso pequeño, pero hacia adelante, en la recuperación del área de la distribución histórica de la especie en la Península Ibérica.

El TSJ de Castilla y León mantiene la paralización de la caza del lobo en 2016-2019

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) desestima el Recurso de Reposición de la Junta de Castilla y León contra la suspensión cautelar de la caza de lobos en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. La suspensión cautelar había sido solicitada por ASCEL, y estimada en su día por el TSJCyL

Un auto del TSJCyL del pasado 6 de julio, dentro del Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por ASCEL en junio de 2017, desestima los argumentos de la Junta de Castilla y León y mantiene la medida cautelar solicitada por ASCEL, que paraliza  la caza del lobo en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

Del auto judicial, cuya lectura recomendamos, destacamos algunas frases que parecen indicar que la racionalidad va instalándose, en aras a impedir la caza de ejemplares de una especie protegida:

… toda vez que el lobo es una especie protegida por la normativa europea y nacional y, si bien es posible su gestión, la decisión que sobre la misma se adopte debe garantizar la conservación de la especie.

Las Sentencias citadas – y esta es su razón de decidir – llegan a la conclusión de que el lobo no puede ser considerada una especie cinegética y, por lo tanto, que no puede ser objeto de caza.

… el interés que en esta pieza y por las razones expuestas estimamos es preferente es el de la protección de la especie, que es a lo que nos obliga la normativa estatal y comunitaria.

El auto continúa basándose en la anulación de disposiciones normativas anteriores, como:

  • El Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
  • El Decreto 14/2016, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León .
  • La Orden FYM/609/2016, de 28 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza.
  • El Plan de aprovechamientos comarcales para la temporada 2015/2016.

Resaltamos que ninguno de los parches legales de la Junta de los últimos tiempos (como la publicación del Decreto 10/2018 que regula la “conservación” de las especies cinegéticas de Castilla y León, vulgarmente la “Orden de Vedas”) soluciona nada frente a los argumentos citados. Por ello, reiteramos la solicitud de dimisión o cese del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, D. Juan Carlos Suárez-Quiñones  Fernández, como responsable político de una huida hacia adelante sin sentido, que despilfarra recursos públicos y sobre todo, socaba nuestro patrimonio natural.