El TSJ de Castilla y León mantiene la paralización de la caza del lobo en 2016-2019

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) desestima el Recurso de Reposición de la Junta de Castilla y León contra la suspensión cautelar de la caza de lobos en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. La suspensión cautelar había sido solicitada por ASCEL, y estimada en su día por el TSJCyL

Un auto del TSJCyL del pasado 6 de julio, dentro del Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por ASCEL en junio de 2017, desestima los argumentos de la Junta de Castilla y León y mantiene la medida cautelar solicitada por ASCEL, que paraliza  la caza del lobo en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

Del auto judicial, cuya lectura recomendamos, destacamos algunas frases que parecen indicar que la racionalidad va instalándose, en aras a impedir la caza de ejemplares de una especie protegida:

… toda vez que el lobo es una especie protegida por la normativa europea y nacional y, si bien es posible su gestión, la decisión que sobre la misma se adopte debe garantizar la conservación de la especie.

Las Sentencias citadas – y esta es su razón de decidir – llegan a la conclusión de que el lobo no puede ser considerada una especie cinegética y, por lo tanto, que no puede ser objeto de caza.

… el interés que en esta pieza y por las razones expuestas estimamos es preferente es el de la protección de la especie, que es a lo que nos obliga la normativa estatal y comunitaria.

El auto continúa basándose en la anulación de disposiciones normativas anteriores, como:

  • El Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
  • El Decreto 14/2016, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León .
  • La Orden FYM/609/2016, de 28 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza.
  • El Plan de aprovechamientos comarcales para la temporada 2015/2016.

Resaltamos que ninguno de los parches legales de la Junta de los últimos tiempos (como la publicación del Decreto 10/2018 que regula la “conservación” de las especies cinegéticas de Castilla y León, vulgarmente la “Orden de Vedas”) soluciona nada frente a los argumentos citados. Por ello, reiteramos la solicitud de dimisión o cese del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, D. Juan Carlos Suárez-Quiñones  Fernández, como responsable político de una huida hacia adelante sin sentido, que despilfarra recursos públicos y sobre todo, socaba nuestro patrimonio natural.

¿A quién molesta ese científico lobero?

El título de esta entrada es una traducción más que libre del reportaje aparecido recientemente en el medio estadounidense The New York Times Magazine, titulado en el original Who’s Afraid of the Big Bad Wolf Scientist?

Lo divulgamos aquí tanto por su contenido, como por su calidad periodística. Sobre la segunda, destacar que mirando desde España sorprende el tratamiento exhaustivo, en el que se entrevista a todas las partes con una mirada crítica, y en el que se requiere y revisa la correspondencia entre los empleados públicos implicados. Sobre el primero, baste decir que el conocido investigador de grandes carnívoros Rob Wielgus ha perdido su trabajo en la Washington State University por publicar sus investigaciones, y defenderlas pública y notoriamente.

El origen de la disputa con los poderes fácticos de la industria cárnica y las administraciones es un artículo científico, publicado en la revista PLOS ONE, y titulado Effects of Wolf Mortality on Livestock Depredations (Efectos de la mortalidad de lobos sobre la depredación al ganado).

Esencialmente el artículo describe efectos contra-esperados en el contexto del “manejo de vida salvaje” americano: la muerte de lobos en descastes implicó mayor predación sobre ganado en años sucesivos, efecto que los autores achacaron a la debilitación de los grupos familiares. Nada muy sorprendente conociendo la biología de los lobos. Quizás no debería sorprender la encarnizada respuesta, conocido el escenario de grupos de presión, intereses ocultos, y corrupción (hay quién le llama “política” a ese conjunto; aquí nos resistimos).

Dada la extensión y profundidad del original, y lo turbio y complejo del asunto, no nos planteamos hacer aquí una reseña. Recomendamos encarecidamente la lectura del original. Conociendo maniobras como estas, quizás estemos más atentos cuando ocurran en España. Porque también ocurren.

Ocho años de ASCEL defendiendo al lobo en los tribunales

Por Ignacio Martínez Fernández
Miembro de la Junta Directiva de ASCEL

ASCEL se fundó en el año 2000 para ocuparse de la conservación de los lobos en la Península Ibérica, con su actividad centrada en España. Es entonces lógico que la misma se desarrolle allí donde está presente el animal en nuestro país, sobre todo en las cuatro comunidades (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) que concentran la mayoría de la población actual.

Una característica problemática con respecto a la conservación de la especie es su distinta consideración legal en función de la división administrativa del territorio (además de su estatus legal en Portugal, que comparte la misma población y similar responsabilidad de conservación). En esas cuatro administraciones autonómicas, por ejemplo, se dan cuatro situaciones diferentes. A groso modo, en Galicia es especie cinegética y se dispone de un plan de gestión (2008); en Asturias no es cazable ni está protegida, con un plan de gestión (el segundo, de 2015); en Cantabria es cazable, sin plan de gestión; y en Castilla y León es cazable en una parte del territorio, no lo es en otra parte, y hay un plan de gestión unitario (el segundo, de 2015). Además, Álava dispone de algo denominado plan de gestión, tan original que su objetivo es defender las explotaciones ganaderas ante la presencia de la especie.

De los tres ámbitos dotados de plan de gestión (Asturias, Castilla y León y Galicia), instrumentos que -en teoría- pretendían preservar a la especie y minimizar los supuestos problemas asociados, es en Asturias donde la trayectoria de ASCEL es más dilatada, pues fue allí donde se aprobó el primero, ya en 2002. Luego Galicia (el vigente, 2008), y Castilla y León (también en 2008, el anterior al actual) siguieron la estela. Y si en principio la teoría de la ‘gestión’ hizo albergar alguna esperanza, e incluso se participó en la supervisión de su ejecución (a través de los llamados comités consultivos), la práctica ha supuesto el que, de todo lo previsto en los tres planes, apenas se practica algo más que la muerte de ejemplares, acción a la cual los planes dan cobijo.

Así, nuestra asociación comenzó a cuestionar los programas de controles letales de población asociados a los planes, desarrollados normalmente mediante programas o previsiones anuales, o cupos, a partir de 2010, año en que se da un salto cualitativo en el proceso.

Frente a la norma que regulaba los cupos en Castilla y León para la temporada 2010-2011 se presentó un Recurso Contencioso Administrativo (RCA), instrumento que permite cuestionar la legalidad de un acuerdo administrativo, e incluso de una norma o disposición general -como es el caso. Son procesos lentos, que no paralizan la ejecución o validez de la norma cuestionada, salvo que se presente paralelamente o dentro del proceso una petición de suspensión, opción complicada por los requerimientos usualmente exigidos (como fianzas). De tal modo que se dio la circunstancia de que tanto el RCA de la temporada 2010-2011 como el planteado contra los cupos de la temporada siguiente (2011-2012) en Castilla y León, obtuvieron sentencia favorable para ASCEL, pero esta llegó cuando ambas temporadas de caza ya habían finalizado, habiéndose matado ya los lobos cuyo abatimiento se declaró ilegal. La primera sentencia llegó en mayo de 2014, y la segunda en septiembre de 2015, haciendo esta referencia a la temporada de caza que finalizaba en 2012. Ante esta circunstancia se abrió una vía para reclamar una consecuencia práctica de las sentencias favorables, que no podían obviamente devolver la vida a los ejemplares muertos, pero el tribunal consideró que debía haberse contemplado inicialmente una petición adicional de compensación si la sentencia fuera favorable.

Mientras tanto, la administración del Principado de Asturias renovó en 2015 el Plan de 2002, y contra ese nuevo plan se presentó un contencioso, no operado por ASCEL (aunque algunos de los socios sí participaron en ciertas fases del contencioso) que no resultó exitoso.

Directamente ASCEL presentó contencioso contra el primer programa anual de controles de población derivado del II Plan astur, el programa 2015-2016, que no sólo no resultó exitoso, sino que motivó, cuando aquí sí que se procedió a pedir la suspensión cautelar, un auto o resolución judicial que pasara a los anales del despropósito. Manifestaba sin ambages el magistrado que se ocupó del caso, en una frase que probablemente (y lamentablemente) pasará a la historia de la conservación de este país, que ‘está fuera de toda duda que la proliferación de depredadores resulta perjudicial tanto para el interés general de conservación del medio ambiente, como del de terceros titulares del ganado que resultan perjudicados por los daños causados por los lobos, …’. Semejante afirmación disparatada sustanciaba el auto y la sentencia posterior (negativa).

No vamos a valorar aquí lo que esto significa, pero sí vamos a contrastar esta situación al norte de la Cordillera, con la evolución legal al sur, donde tras ganar aquellos dos contenciosos sobre cupos, se presentó otro contra la revisión del plan de gestión, el II Plan de Castilla y León, obteniendo éxito en febrero de este año la anulación del Decreto 14/2016, que regulaba el II plan. A esta importante novedad hemos de sumar otra sentencia favorable, en proceso presentado en colaboración con la asociación La Manada, que declaró ilegal el primer programa derivado de ese Plan, el de Aprovechamientos Comarcales al Norte del Duero 2015-2016. La sentencia, de marzo de 2018, llegó más tarde que el final de la temporada de caza a la que se refiere. Sin embargo, recordar que las sentencias son válidas desde que se emiten y un recurso a instancia superior dilata la firmeza, pero no evita las consecuencias o repercusiones de la desatención de lo acordado por cada sentencia desde su emisión a su firmeza. Más no sólo implican una responsabilidad temporal pasada, sino que van conformando una realidad administrativa que se aproxima a la argumentación que defendemos, tal cual es la consideración de la especie como protegida por las fuentes del derecho en toda España, mientras que normas menores y prácticas pretenden anular esa protección que reclamamos sin descanso.

Mientras que en Asturias está en curso un nuevo RCA contra la resolución de esta temporada, en Castilla y León opera otro contra los siguientes cupos a los anulados por sentencia a nuestra instancia, que en esta ocasión son trianuales (2016-2019). De hecho, la reciente sentencia de este mes contra los cupos anteriores (15-16) propicia que se haya presentado una petición de suspensión cautelar de esos cupos hasta que se consiga sentencia, dada la situación creada, con sentencias que anulan el Plan, su primer programa (y por obra de otros actores), el decreto de caza que considera el lobo como cazable en Castilla y León. Suspensión cautelar otorgada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en este pasado mes de mayo, pendiente de firmeza, y obtenida poco tiempo después de un auto similar en Cantabria, en un proceso en asociación con Ecologistas en Acción.

Desde luego un panorama complejo y lento, no exento de dificultades y desalientos, pero afrontado con determinación desde nuestra asociación, con medios y recursos propios, una vez que ASCEL constató que los denominados planes de gestión y su práctica sólo servían para matar lobos y nada (o poco) más. Nuestra presencia en el territorio lobero, la continuada acción administrativa previa, y la visión de conjunto y unitaria frente a los desatinos legales de las administraciones implicadas están empezando a dar sus frutos.

No ocultamos que poseemos una estrategia, la cual compartimos con nuestros socios, a quienes brindamos los éxitos (no menores) alcanzados, base y sustento, siempre que nuestras asambleas así lo valoren, de opciones de más entidad, hasta lograr el reconocimiento de iure y de facto de la protección legal general, no condicionada y real, del lobo ibérico en España (es decir, hasta logar lo que ya es un hecho en Portugal, con quienes compartimos las responsabilidades de conservación de la misma población).

Y no podemos olvidar, en paralelo a estas vías administrativas, el que en una ocasión ASCEL abrió vía penal, para denunciar a los responsables de unas matanzas de lobos acontecidas a finales del 2013 en el occidente de Cantabria. En ese caso, tras múltiples peripecias, el asunto se cerró en el año 2016 infructuosamente, al no haber podido probar responsabilidades penales.

En estos momentos, y por esta vía, estamos valorando otras acciones, que sólo verán la luz con las garantías debidas.

Falsedades sobre el lobo en Bruselas

ASCEL, invitada por la eurodiputada Lida Senra, acudió como observadora a la conferencia interparlamentaria celebrada el 15 de mayo, en el Parlamento Europeo, denominada “Defending pastoralism: towards a European Wolf Plan”.

La conferencia pretendía debatir entre partes sobre la incidencia del lobo en la ganadería extensiva en la UE. Tras apertura por el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, en la reunión se pudieron escuchar voces, fundamentalmente, de responsables políticos, funcionarios -como la secretaria del Convenio de Berna-, y técnicos, así como cazadores. Llamativa la atención prestada a la hibridación de lobos con perros, cuestión esta que ocupó hasta un cuarto del tiempo disponible.

Por parte española tuvimos la oportunidad de escuchar al Director de Recursos Naturales de la Junta de Castilla y León, el Sr. Arranz. Tras arrogarse la capacidad de hablar sobre el conjunto de la población de lobos ibérica (curiosamente no había ningún representante portugués, donde el lobo está estrictamente protegido) vino a establecer un panorama falso, reiterando la gran expansión -tanto en número como en superficie ocupada por parte de los lobos en España en los últimos años- y achacando miles de ataques y pérdidas millonarias que, al parecer, tienen sumida a la población rural ibérica en la miseria y el terror, donde parece ser que esta situación es especialmente dura al sur del Duero.

Evidentemente, constatamos como este acto (en defensa del ‘pastoralismo’) se trataba de una mal disimulado intento de presionar a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo, para conseguir la flexibilización o mengua de directivas comunitarias de protección del medio ambiente y fauna salvaje como el lobo. Resulta obvio también el empeño de los cazadores representados para cazar lobos bajo la excusa de defender los intereses ganaderos.

Sorprende el nivel de demagogia y populismo vividos en el Parlamento, transversal a diferentes grupos políticos, en este tema. Mientras se desarrollan políticas desincentivadoras de la vida rural y se aprueban tratados económicos transatlánticos tremendamente lesivos para los pequeños productores, se utiliza el chivo expiatorio del lobo a modo de cortina de humo. Consideramos positivo que los europarlamentarios y los representantes locales se preocupen de diferentes aspectos de nuestra sociedad pero es inadmisible que disfracen oscuras intenciones con, simplemente, mentiras -en este caso sobre el lobo, utilizando para ello, además, el sustento de colectivos a los que victimizan.  Entendemos que tal falta de ética mínima es inadmisible en responsables públicos.

Hay que señalar que el lobo no está en expansión en la Península Ibérica  como ponen de manifiesto los estudios oficiales (más información aquí) y corre un riesgo claro a largo plazo por diferentes razones, entre ellas las relacionadas con la genética de la conservación (como el tamaño de  la población efectiva de lobos en Iberia), cuestión de la que no se habló, a pesar de haber genetistas presentes. Resulta vergonzoso que en la reunión no se hablara en ningún momento de uno de los principales recursos de la UE, que supone el 50% del presupuesto de la misma para conservar el medio ambiente (tal y como se supone que es) y ayudar a los trabajadores rurales: la PAC. Ignoramos el porque de esta ausencia, pero lo suponemos.

Entendemos que es profundamente desalentador que existiendo en la UE un buen colectivo de científicos expertos en lobo y otros grandes carnívoros no se haya invitado a ninguno, lo que supondría resolver y clarificar las ideas de los Parlamentarios Europeos y locales. No es admisible que la mejor ciencia disponible no esté presente en una reunión de un Parlamento que se pretende moderno y racional.

Por aclarar la nota de prensa emitida desde la Junta de Castilla y León: el Parlamento Europeo y la Comisión Europea NO están a favor de matar más lobos ni de modificar las directivas comunitarias. Simplemente es mentira burda, una más. La Comisión no ha emitido ayer ningún dictamen al respecto ni el Parlamente Europeo ha tenido ninguna votación. Afortunadamente una pequeña reunión de interesados en matar lobos y europarlamentarios no representan ni al Parlamento ni a la Comisión. Por otra parte, las conclusiones de la reunión tampoco han expresado en absoluto ese oscuro deseo de un limitado número de los representantes.

El TSJ de Castilla y León paraliza la caza del lobo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da la razón a ASCEL, aplicando la medida cautelar solicitada: suspende la Resolución de 29 de julio de 2016 dictada por la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprobaba el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León, para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

El auto del TSJ, correspondiente a un Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por ASCEL en junio de 2017, paraliza esos “aprovechamientos cinegéticos” de lobos en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. Claro está que la suspensión solo afecta en la práctica a la temporada 2018/2019, pero supone un precedente porque por primera vez una medida como esta tendrá efecto real en la población de lobos, evitando la muerte de individuos.

Una de las motivaciones indicadas en el auto es que la resolución discutida se basa en disposiciones normativas anteriores, previamente anuladas por la misma sala del TSJ. En concreto:

  • El Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
  • El Decreto 14/2016, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.
  • La Orden FYM/609/2016, de 28 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza.
  • El Plan de aprovechamientos comarcales para la temporada 2015/2016.

Es importante señalar que el TSJ basa la anulación en un mismo presupuesto: no cabe considerar al lobo como especie cinegética, porque para ello debe quedar demostrado que se garantiza el estatus de la población, y su distribución geográfica, algo que no ha hecho la Junta de Castilla y León. El Tribunal considera también que esos”aprovechamientos comarcales” pueden ocasionar perjuicios de difícil reparación.

La justicia pone una vez más en evidencia la pésima gestión de los actuales responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, incapaces de sacar adelante cualquier normativa ambiental. Por eso desde ASCEL solicitamos la dimisión del Consejero como responsable político de tantos desmanes, o bien su cese por parte del Presidente de la Junta de Castilla y León.

Los lobos palentinos mueren por peleas con los jabalíes, dice…

El solicitar información pública a las administraciones implicadas en la protección de la biodiversidad (lo que ellas llaman “gestión de los lobos”, en nuestro caso) es una de las actividades más grises y desconocidas por el público, a pesar del tiempo que nos ocupa en ASCEL. Así podemos supervisar (o intentarlo, porque no siempre cumplen las normas, en esto tampoco) algunas de las acciones con lobos de los organismos públicos españoles y europeos. En este caso, os queremos relatar un episodio concreto sobre las causas de mortalidad en lobos, significativo ya que -como consecuencia de una de esas solicitudes- recibimos un informe de necropsia de un lobo encontrado muerto en la Montaña Cantábrica Palentina, fechado el 27 de Noviembre de 2017, realizado en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Burgos, dependiente de la Junta de Castilla y León (Servicio Territorial de la provincia de Burgos) y de la Fundación Patrimonio Natural.

Como demuestra la literatura técnica y científica nacional e internacional, las causas mayoritarias y predominantes conocidas de mortalidad en lobos tienen un origen no natural, por tanto se deben a los humanos, incluso en ambientes donde estos depredadores apicales están estrictamente protegidos. Por ello, el hallazgo accidental de un lobo muerto en Noviembre de 2017 en un lugar nada apartado ni recóndito, cerca de una pista forestal, en el municipio de Cervera de Pisuerga en Palencia es un suceso digno de mención. En sendas Actas de Levantamiento (hallazgo del cadáver) y de Entrega del Cadáver del Animal al Centro de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS) de Burgos que figuran en la pag. 8 y 9 de este documento, efectuado por personal público (Agentes Medioambientales, Celadores y Guardia Civil), se señalaba la existencia de heridas en la nuca por “posible disparo”, lo cual sugería a priori, la posibilidad de la caza ilegal de un lobo, lo cual debería suponer a su vez, las correspondientes diligencias administrativas y judiciales, para depurar responsabilidades y tomar las medidas pertinentes de gestión, sanción al/los culpable/s, etc. Sin embargo, y aquí entra nuestra sorpresa, el informe de necropsia señala que las lesiones hemorrágicas, y la rotura de costillas y musculatura, se deben a un suceso traumático, cuyo origen “no está claro pero podría deberse a una pelea con un jabalí, que ya han sido anteriormente descritas en la especie, en individuos poco experimentados o muy hambrientos”.

El informe no cita ninguna fuente documental que arroje luz sobre esos aspectos “anteriormente descritos”. Sería de agradecer una información más detallada y la inclusión de referencias bibliográficas cuando se apoyen en ellas, como en este caso.

Así pues, el asunto podría ser percibido desde distintos prismas:

a) Las heridas inicialmente compatibles con muerte por disparo, observadas por agentes de la autoridad, resultan haber sido producidas por una pelea con jabalíes tras el informe de la necropsia. Además, el lobo así herido por los jabalíes acaba yaciendo en un lugar cercano a una pista forestal transitable, y fácilmente accesible (en vez de uno apartado y recóndito)

b) La sucesión de actas e informes oficiales, con la participación de varias personas de distintos cuerpos de las administraciones públicas, parecen poco útiles para conocer las causas de mortalidad en lobos.

c) Escribe tu propia aventura.

Por nuestra parte, reflexionamos que esos actos administrativos, esos dictámenes, se realizan a partir de los impuestos de los contribuyentes, y estos tienen – tenemos – que saber qué está pasando con nuestro patrimonio natural. Quién aguante aún más entretenimiento, puede cotejar las fechas del documento.

NOTA 1: algunos de los datos que figuran en el informe de necropsia, relativos a datos personales y de localizaciones geográficas, han sido deliberadamente omitidos por ASCEL, en aras al cumplimiento de la legislación.

Informe Necropsia Lobo Palencia_Modificado