El TSJ de Castilla y León paraliza la caza del lobo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da la razón a ASCEL, aplicando la medida cautelar solicitada: suspende la Resolución de 29 de julio de 2016 dictada por la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprobaba el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León, para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

El auto del TSJ, correspondiente a un Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por ASCEL en junio de 2017, paraliza esos “aprovechamientos cinegéticos” de lobos en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. Claro está que la suspensión solo afecta en la práctica a la temporada 2018/2019, pero supone un precedente porque por primera vez una medida como esta tendrá efecto real en la población de lobos, evitando la muerte de individuos.

Una de las motivaciones indicadas en el auto es que la resolución discutida se basa en disposiciones normativas anteriores, previamente anuladas por la misma sala del TSJ. En concreto:

  • El Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
  • El Decreto 14/2016, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.
  • La Orden FYM/609/2016, de 28 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza.
  • El Plan de aprovechamientos comarcales para la temporada 2015/2016.

Es importante señalar que el TSJ basa la anulación en un mismo presupuesto: no cabe considerar al lobo como especie cinegética, porque para ello debe quedar demostrado que se garantiza el estatus de la población, y su distribución geográfica, algo que no ha hecho la Junta de Castilla y León. El Tribunal considera también que esos”aprovechamientos comarcales” pueden ocasionar perjuicios de difícil reparación.

La justicia pone una vez más en evidencia la pésima gestión de los actuales responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, incapaces de sacar adelante cualquier normativa ambiental. Por eso desde ASCEL solicitamos la dimisión del Consejero como responsable político de tantos desmanes, o bien su cese por parte del Presidente de la Junta de Castilla y León.

Los lobos palentinos mueren por peleas con los jabalíes, dice…

El solicitar información pública a las administraciones implicadas en la protección de la biodiversidad (lo que ellas llaman “gestión de los lobos”, en nuestro caso) es una de las actividades más grises y desconocidas por el público, a pesar del tiempo que nos ocupa en ASCEL. Así podemos supervisar (o intentarlo, porque no siempre cumplen las normas, en esto tampoco) algunas de las acciones con lobos de los organismos públicos españoles y europeos. En este caso, os queremos relatar un episodio concreto sobre las causas de mortalidad en lobos, significativo ya que -como consecuencia de una de esas solicitudes- recibimos un informe de necropsia de un lobo encontrado muerto en la Montaña Cantábrica Palentina, fechado el 27 de Noviembre de 2017, realizado en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Burgos, dependiente de la Junta de Castilla y León (Servicio Territorial de la provincia de Burgos) y de la Fundación Patrimonio Natural.

Como demuestra la literatura técnica y científica nacional e internacional, las causas mayoritarias y predominantes conocidas de mortalidad en lobos tienen un origen no natural, por tanto se deben a los humanos, incluso en ambientes donde estos depredadores apicales están estrictamente protegidos. Por ello, el hallazgo accidental de un lobo muerto en Noviembre de 2017 en un lugar nada apartado ni recóndito, cerca de una pista forestal, en el municipio de Cervera de Pisuerga en Palencia es un suceso digno de mención. En sendas Actas de Levantamiento (hallazgo del cadáver) y de Entrega del Cadáver del Animal al Centro de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS) de Burgos que figuran en la pag. 8 y 9 de este documento, efectuado por personal público (Agentes Medioambientales, Celadores y Guardia Civil), se señalaba la existencia de heridas en la nuca por “posible disparo”, lo cual sugería a priori, la posibilidad de la caza ilegal de un lobo, lo cual debería suponer a su vez, las correspondientes diligencias administrativas y judiciales, para depurar responsabilidades y tomar las medidas pertinentes de gestión, sanción al/los culpable/s, etc. Sin embargo, y aquí entra nuestra sorpresa, el informe de necropsia señala que las lesiones hemorrágicas, y la rotura de costillas y musculatura, se deben a un suceso traumático, cuyo origen “no está claro pero podría deberse a una pelea con un jabalí, que ya han sido anteriormente descritas en la especie, en individuos poco experimentados o muy hambrientos”.

El informe no cita ninguna fuente documental que arroje luz sobre esos aspectos “anteriormente descritos”. Sería de agradecer una información más detallada y la inclusión de referencias bibliográficas cuando se apoyen en ellas, como en este caso.

Así pues, el asunto podría ser percibido desde distintos prismas:

a) Las heridas inicialmente compatibles con muerte por disparo, observadas por agentes de la autoridad, resultan haber sido producidas por una pelea con jabalíes tras el informe de la necropsia. Además, el lobo así herido por los jabalíes acaba yaciendo en un lugar cercano a una pista forestal transitable, y fácilmente accesible (en vez de uno apartado y recóndito)

b) La sucesión de actas e informes oficiales, con la participación de varias personas de distintos cuerpos de las administraciones públicas, parecen poco útiles para conocer las causas de mortalidad en lobos.

c) Escribe tu propia aventura.

Por nuestra parte, reflexionamos que esos actos administrativos, esos dictámenes, se realizan a partir de los impuestos de los contribuyentes, y estos tienen – tenemos – que saber qué está pasando con nuestro patrimonio natural. Quién aguante aún más entretenimiento, puede cotejar las fechas del documento.

NOTA 1: algunos de los datos que figuran en el informe de necropsia, relativos a datos personales y de localizaciones geográficas, han sido deliberadamente omitidos por ASCEL, en aras al cumplimiento de la legislación.

Informe Necropsia Lobo Palencia_Modificado

Manifiesto “La Agonía del Parque Nacional de los Picos de Europa”

Este año, el Parque Nacional de los Picos de Europa cumple 100 años.  Este hito debería servir para que las administraciones públicas realizasen gestos de un mayor esfuerzo en su conservación.  Lejos de esto, asistimos a lo que puede ser el anuncio de su agonía.

La Dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa remitió hace unos días al Patronato del mismo un documento con el título “Protocolo de regulación de la población de lobo ibérico”. Este documento pretende validar la eliminación de lobos de un modo automático, permitiendo las batidas como procedimiento de eliminación de ejemplares, y en las que además puedan participar particulares ajenos a las labores de vigilancia y gestión del propio Parque. Estamos hablando por tanto de un “protocolo” que en realidad tiene la organización de un plan de control poblacional de lobos, con aires de plan cinegético basado en el establecimiento de porcentajes de animales a matar independientemente de que se produzcan más o menos daños al ganado. A ello se suma el hecho de que al hablar de “controles excepcionales”, a añadir a los cupos fijados, queda a criterio de la Dirección del Parque la interpretación de lo que son daños “intensivos y reiterados”.

La caza es una actividad prohibida en los Parques Nacionales, y el de Picos de Europa ha sido, hasta fechas muy recientes, el único Parque Nacional con lobos en la península ibérica. ¿Y qué?, parecen exclamar aquellos que están impulsando estas (des)medidas.

Esta unanimidad, este acuerdo entre las tres administraciones implicadas en el Parque Nacional -Asturias, Cantabria y Castilla y León-, sorprende aún más cuando asistimos al precedente de la propuesta que en diciembre de 2017 hicieron las tres comunidades para modificar el actual régimen de gestión del Parque Nacional, lo que vendría a suponer la creación de hecho de tres Parques Nacionales. Cada uno con su propio director, con su propio personal y sus propios objetivos de gestión. Nos queremos separar, pero para matar lobos nos ponemos de acuerdo.

Las entidades firmantes queremos manifestar nuestro absoluto rechazo al protocolo presentado. Creemos que la Dirección del Parque Nacional debe presentar un nuevo documento sobre la protección de la especie en el Parque Nacional que contemple propuestas de mejora del sistema de pago de daños, de medidas preventivas y gestión ganadera y de seguimiento e investigación sobre la especie, entre otras.

Igualmente, de seguir así la gestión de los lobos y en general la conservación del patrimonio natural del Parque Nacional, manifestamos nuestra firme disposición a elevar ante instancias nacionales e internacionales la denuncia de lo que, a todas luces, es una vulneración de los principios de conservación de un espacio natural excepcional.

La deriva en la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa supone la más triste celebración del centenario del que fue primer Parque Nacional declarado en España, y no estamos dispuestos a permitirlo.

El manifiesto que suscribimos, junto a otras 60 ONG, en su versión PDF se puede encontrar aquí:

Manifiesto_PN_PicosdeEuropa

 

 

El Defensor del Pueblo Vasco recomienda al Gobierno Vasco incluir al lobo en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas

ASCEL, junto con otros veintiséis colectivos liderados por el Grupo Lobo de Euskadi, lleva varios años solicitando la inclusión del lobo en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina; es decir, en el listado regional de especies protegidas de dicha comunidad autónoma.

Para iniciar ese trámite legal, la normativa demandaba una solicitud administrativa, así como un informe de justificación técnico-legal sobre la situación de la población del lobo en el País Vasco. Dicho informe justifica que el estado demográfico del lobo en el País Vasco debería implicar su inclusión en el Catálogo, dada la extinción virtual de grupos reproductores en los últimos años, tanto en Bizkaia como en Álava. Los últimos acontecimientos conocidos se saldaron con la erradicación a principios del año 2016 de un grupo familiar asignado a Euskadi, con el permiso de la Diputación Foral de Bizkaia, y con el conocimiento y la responsabilidad de que se trataba del último grupo de lobos de Euskadi.

Tras no obtener respuesta adecuada por parte del Gobierno Vasco, el Grupo Lobo de Euskadi presentó una queja al Defensor del Pueblo Vasco (Ararteko) en 2016.

A finales del pasado año 2017, el Ararteko resolvió dicha queja emitiendo un informe en el que daba al Gobierno Vasco las siguientes recomendaciones:

a) Que se resuelva, a la mayor brevedad, la solicitud de inclusión de la población del lobo (Canis lupus) en el catálogo vasco de especies amenazadas, conforme al procedimiento que recoge el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

b) Que para tomar esa decisión se deberá tener en cuenta el régimen de protección del lobo recogido en el Convenio de Berna y en la Directiva Hábitats, las obligaciones de vigilancia y control que de ellos derivan, así como el actual estado de conservación de esta especie, tanto en su área de distribución natural como a nivel local en el País Vasco.

Por todo lo anterior, instamos al Gobierno Vasco a atender a las recomendaciones del Defensor del Pueblo Vasco; a dejar de mirar para otro lado, e incluir al lobo en el País Vasco en la categoría de “En Peligro de Extinción”. Si el lobo, dado su estado demográfico en esta comunidad autónoma, no es merecedor de dicha consideración legal, el compromiso del Gobierno Vasco (y también de las Diputaciones Forales) con la conservación de la biodiversidad es papel mojado, y su voluntad por el cumplimiento de la legislación vigente una quimera sin precedentes.

Es lamentable que tengamos que ser algunas ONG conservacionistas formadas por voluntarios las que solicitemos la protección de los lobos, mientras empleados públicos de la administración y cargos políticos del Gobierno desatienden sus funciones, y sus obligaciones marcadas por la normativa vigente. La protección de los lobos es una obligación legal, como recuerda el “Ararteko”, además de ecológica y ética; más aún si cabe en una región que lleva décadas siendo la barrera oriental a la recuperación del área de distribución histórica de la población ibérica de lobos.

El TSJ de Castilla y León anula los cupos de caza de lobos de 2015-2016

Aunque a primera vista lo pueda parecer, no nos hemos equivocado, duplicando una noticia previa.

El 5 de marzo de 2018, un mes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulase el Decreto 14/2016, correspondiente al llamado “Plan de Conservación y Gestión del Lobo”, la Justicia nos vuelve a dar la razón a los conservacionistas: una nueva sentencia anula en este caso la resolución de la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León que aprobaba un cupo de caza de 143 lobos en dicha región.

La acción judicial fue promovida por la Asociación Conservacionista La Manada, contando con nuestra colaboración técnica y económica (este tipo de contenciosos no son gratuitos para ONG como las nuestras).

Y la reiteración de anulaciones judiciales de las normativas de gestión de Castilla y León no es nueva, ni reciente. Previamente la Justicia anuló también el “aprovechamiento cinegético” de lobos de la temporada 2011-2012, también tras la contestación desde ASCEL de dicha normativa. Lamentablemente, la Junta de Castilla y León se empeña en desproteger al lobo y en utilizar caza y descastes como única herramienta de gestión. En ASCEL estamos en las antípodas de planteamientos de gestión de esa índole, porque el lobo es una especie protegida en España por la legislación internacional y europea, y también por la importancia ecológica de este depredador apical. Ese umbral de protección significa que nunca puede ser considerado como especie cinegética. Nos parece inaceptable además que una administración pública como la Junta de Castilla y León siga despilfarrando impuestos que pagamos todos en acciones de gestión que matan lobos, e incumplen la normativa nacional e internacional vigente.

Dado que no podemos revivir los lobos abatidos en la temporada 2015-2016, seguiremos dando batalla legal intentando evitar nuevas muertes. El lobo, mal que le pese a muchas administraciones autonómicas, está protegido en España. Y las sentencias están para cumplirse, y asumir su jurisprudencia; incluso para la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, y su actual Consejero de Medio Ambiente.

Caza y controles de lobos: ¿de qué estamos hablando?

Por Alberto Fernández Gil
Biólogo; vicepresidente de ASCEL

En los últimos años, muchos ciudadanos reclaman a las administraciones públicas una protección efectiva de los lobos en España. Como soy uno de esos reclamantes, me atrevo a interpretar aquí lo que significa protección, para pasar luego a la discusión sobre la caza y los controles.

Entiendo por protección de una especie animal el hecho de que no se puedan cazar ejemplares, ni reducir (o “controlar”) sus poblaciones. Es decir, se protege a la especie de la persecución por parte de los humanos, ya sea ejercida mediante caza o controles, lo que significa que se protege a los individuos de dicha persecución.

La protección de los lobos en España implicaría, legalmente, incluirlos al menos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). En dicho listado, y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, están todas las especies que no pueden ser cazadas ni perseguidas en España. O “controladas”, según el eufemismo. Es decir, osos, linces, buitres, ratoneros o alcotanes no pueden ser cazados ni controlados en este país. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con liebres y jabalíes, aunque hay quien mantiene que las leyes de caza les confieren una cierta protección. No hablo aquí de la protección que “disfrutarían” liebres y jabalíes bajo el régimen cinegético, sino de la protección a una especie que supondría que caza y control quedan fuera de lugar.

En el caso de los lobos, sin entrar en la discusión técnica de tipo legal de si las normas europeas de Berna y la Directiva Hábitats han sido correctamente trasladadas a la legislación española, sí considero que deberían estar efectivamente protegidos en nuestro país; es decir, incluidos al menos en el Listado. Y dado que no lo están, los lobos siguen siendo perseguidos legalmente, ya sea mediante la caza o mediante los llamados controles de población y de ejemplares.

Esta entrada pretende ser una aclaración crítica de los términos “caza” y “controles”, tal y como aparecen mencionados explícitamente en las normas que regulan la gestión del lobo en España – los planes de gestión de Asturias, Galicia, Castilla y León, y Álava – que afectan a la práctica totalidad de los lobos en nuestro país. Además de una interpretación de los términos, argumentaré por qué, desde mi punto de vista, caza y controles están injustificados, y por qué los lobos han de ser efectivamente protegidos en España.

La caza es la herramienta de gestión básica de los lobos en Castilla y León (Decreto 14/2016), y los controles de población son la herramienta de gestión básica en Asturias (Decreto 23/2015). Entre ambas regiones y Cantabria (que también aplica caza y controles, aunque sin plan de gestión) se matan legalmente unos 100 lobos cada año, lo que supone el 90% de los eliminados legalmente en España (el resto lo completan Galicia, Euskadi y La Rioja). Es decir, caza y controles de población son las herramientas básicas de la “gestión” de los lobos en España.

En realidad, la caza y los controles de población son herramientas muy similares, en sus objetivos, en sus planteamientos, en sus consecuencias, y en sus pretendidas justificaciones: el objetivo es reducir la población, ya sea mediante la cosecha de unos supuestos excedentes de la población (en la caza, del harvest anglosajón), o mediante el control de la misma, porque de no hacerlo se podría “descontrolar”.

Me detengo un poco en el fascinante término “control” aplicado a la gestión de la fauna, y en particular de los grandes carnívoros. Casi todos los grandes carnívoros como los lobos son predadores apicales, lo que implica que presentan características biológicas únicas: auto-regulación de sus poblaciones mediante la territorialidad y la supresión reproductiva de parte de la población adulta (Wallach et al. 2015). Esto quiere decir que los lobos no descontrolan sus poblaciones en condiciones naturales. La única forma de que una población de lobos aumente de forma natural es que tenga hábitat disponible sin ocupar. En caso contrario, dentro de los límites del área de distribución ocupada, una población de lobos no aumenta, no se descontrola (Hayes et al. 2003), aunque sí puede recuperarse al cesar controles y caza tras haber sido reducida.

Tanto en la caza como en los controles de población se establecen cuotas (o cupos), es decir, hay un número anual de ejemplares que ha de ser eliminado, y esa eliminación es aleatoria en cuanto a los ejemplares que se ejecutan: recordemos, el objetivo es aprovechamiento de excedentes, o control frente al potencial descontrol.

Además del objetivo compartido por caza y controles en cuanto a evitar supuestos descontroles, comparten a menudo el de pretender compatibilizar la presencia del carnívoro con la ganadería; es de nuevo un objetivo explícito en todos los planes de gestión de la especie en España. Así pues ¿pueden la caza y los controles de población alcanzar el objetivo de minimizar ataques al ganado, y al tiempo cumplir los mandatos de Berna y la Directiva Hábitats, además de los que marca la legislación española?

Por lo que sabemos, no.

Lo que sabemos es que la caza y los controles pueden minimizar los ataques al ganado sólo si son tan severos que supongan reducciones masivas de la población de lobos (Wielgus & Peebles 2014, Bradley et al. 2015); si las reducciones afectan a menos del 30% de la población, el efecto conseguido sobre los ataques puede ser el contrario al esperado (Wielgus & Peebles 2014, Fernández-Gil et al. 2016). Por eso no es sorprendente que para rebajar los ataques se desaconsejen los controles y la caza (Treves et al. 2016) y se promuevan otro tipo de actuaciones (por ejemplo, relativas al manejo del ganado).

Otra razón para permitir caza o controles, a menudo aducida incluso por conservacionistas o por profesionales de la biología, es que pueden facilitar la tolerancia por parte de algunos humanos sobre esa especie (de nuevo, esa motivación aparece explícitamente en los planes de gestión en España). También se aduce con cierta frecuencia que caza y control serían permisibles, simplemente, porque a la población de lobos no le pasa nada, ya que no se extinguen, sigue habiendo lobos (algo que ya se ha tratado aquí antes). En cuanto a la primera, no es sorprendente que rebajar el estatus de protección de una especie (por ejemplo, permitiendo su caza) para aumentar la tolerancia de los humanos sobre esa especie no sólo no consiga ese objetivo, sino a menudo el contrario (Chapron & Treves 2016). Permitir matar animales para que quienes los ven negativamente cambien su percepción parece, como poco, un planteamiento retorcido. Que la caza o los controles puedan ser aceptables porque “a la población no le pasa nada” parece un argumento ingenuo, pero puede ser incluso perverso. Podemos saber qué le pasa a la población en términos demográficos tras la caza y los controles; esperaremos que disminuya el tamaño de la población, quizá no de forma llamativa en términos numéricos. Pero no debemos olvidar que los individuos – seres reales que componen lo que llamamos “población” – son eliminados de la naturaleza, y ésta es una consecuencia demasiado grave como para plantear siquiera la justificación anterior.

Por otro lado, tras argumentar que tanto la caza como los controles de población están injustificados en cuanto a sus objetivos de cosecha y control, y que tampoco pueden reducir los ataques al ganado a no ser que se elimine gran parte de la población (lo que actualmente ya es ilegal), nos queda por discutir sobre lo que se ha dado en denominar “controles de ejemplares”. El “control de ejemplares” es un concepto muy desafortunado, y confieso que lo he utilizado con anterioridad para tratar de dar mi opinión sobre este tema, con poco éxito. Sugiero desecharlo por ambiguo y confuso: los controles de población obligatoriamente se hacen “controlando” ejemplares, es decir, eliminando ejemplares.

Pero ¿podría haber lugar para actuaciones determinadas sobre individuos concretos? No entro a valorar aquí el significado de “castigo” (inherente en nuestro ordenamiento legal punitivo, pero muy criticado desde siempre, ver p.e. Wright 2009), un componente con frecuencia implícito en los controles de población (ver los controles para la tolerancia, arriba). En el caso de los animales no existe responsabilidad, con lo que el castigo está fuera de lugar; la única justificación posible para considerar la retirada del campo de un individuo sería evitar futuros daños graves y muy probables, que no pueden ser evitados de otra forma.

En nuestro país (y en muchos otros) se han realizado actuaciones determinadas sobre individuos concretos, incluso pertenecientes a especies con el más alto grado de protección, como los osos pardos, retirando algunos individuos de la naturaleza. También se han realizado en otros países actuaciones sobre tigres, y con otras especies que nadie discute que están estrictamente protegidas, y sobre las que no se lleva a cabo ni caza ni controles. Que yo sepa, este tipo de actuaciones determinadas sobre individuos concretos (lobos) nunca se han planteado (ni por tanto, llevado a cabo) en España: incluso la gestión letal al sur del Duero (sector de la población ibérica incluido en el Anexo IV de la Directiva Hábitats, y por tanto con el máximo nivel de “protección”) se lleva a cabo como controles de población, con todas las características y objetivos de los mismos, si bien a menudo bajo el eufemismo desafortunado de “controles de ejemplares”.

Por último, en ocasiones, algunos conservacionistas apelan a los controles como forma de gestión aceptable, siempre que se hagan bajo criterios científicos. Pero la ciencia no es un argumento válido para justificar controles. De hecho, la ciencia no permite tomar decisiones sobre si hay que matar o no animales. La ciencia puede evaluar el efecto que tiene una decisión política (la caza o los controles) sobre la ecología o la demografía de la población afectada, pero no es base para ninguna decisión política (Darimont 2017); tal decisión se toma por criterios sociales, económicos o morales. Debe evaluarse, por ejemplo, si los individuos causan graves perjuicios económicos que no pueden evitarse de otra manera (por ejemplo con medidas preventivas de manejo de ganado), o generan graves riesgos a la población humana. Por último, siempre ha de plantearse, a la hora de tomar decisiones, si tenemos derecho a matar animales que no son utilizados como alimento.

En definitiva ¿caben la caza o los controles – se les llame de población o de ejemplares – para los objetivos que se aducen en España, y dados los mandatos legales vigentes en nuestro país? En mi opinión, la respuesta es claramente NO.

Las razones para matar un animal (o retirarlo de la naturaleza) han de ser objetivas y estar fuertemente justificadas (Vucetich et al. 2017). Hasta el momento, que yo conozca, ninguna administración española ha aportado tales razones objetivas y justificadas en el caso de los controles y la caza de lobos. Quizá es que son difíciles de encontrar, y más aún, de justificar. Los lobos han de ser protegidos en España y desechar definitivamente la caza y los controles como medidas de gestión: no sólo no están justificadas, sino que son injustificables.

Referencias:

Bradley et al. 2015. Effects of Wolf Removal on Livestock Depredation Recurrence and Wolf Recovery in Montana, Idaho, and Wyoming. The Journal of Wildlife Management. doi: 10.1002/jwmg.948

Chapron G, Treves A. 2016. Blood does not buy goodwill: allowing culling increases poaching of a large carnivore.Proc. R. Soc. B 283: 20152939. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2015.2939

Darimont C. 2017. Science on its own can’t dictate policy. Nature, 551: 565

Fernández-Gil et al. 2016. Conflict Misleads Large Carnivore Management and Conservation: Brown Bears and Wolves in Spain. PLoS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0151541.

Hayes et al. 2003. Experimental reduction of wolves in the Yukon: ungulate responses and management implications. Wildlife Monographs, nº 152, 35 pp.

Treves A, Krofel M, McManus J. 2016. Predator control should not be a shot in the dark. Front Ecol Environ, 14(7): 380-388, doi:10.1002/fee.1312-

Vucetich et al. 2017. Evaluating the principles of wildlife conservation: a case study of wolf (Canis lupus) hunting in Michigan, United States. Journal of Mammalogy, 98(1):53–64. doi:10.1093/jmammal/gyw151

Wielgus RB, Peebles KA. 2014. Effects of Wolf Mortality on Livestock Depredations. PLoS ONE 9:e113505. doi: 10.1371/journal.pone.0113505

Wallach et al. 2015. What is an apex predator? Oikos 124: 1453–1461. doi: 10.1111/oik.01977

Wright R. 2009. The Moral Animal: why we are the way we are. Abacus, London.