El TSJ de Castilla y León anula el plan de gestión del lobo

Anteayer lunes 5 de febrero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hizo pública la sentencia sobre un recurso contencioso administrativo abierto a instancias de ASCEL, contra el llamado “Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León” (Decreto 14/2016, publicado en el boletín oficial el 23 de mayo de 2016). La sentencia anula íntegramente el plan de gestión, que es realidad un plan de caza y control letal.

La administración de Castilla y León, y por supuesto las personas implicadas en la gestación de la normativa anulada, pasan a contar con el primer plan plurianual de gestión de lobos anulado íntegramente en España, donde solo 3 comunidades autónomas cuentan con uno. Concurre además que ese plan anulado había derogado al anterior (Decreto 28/2008), también parcialmente anulado en los tribunales.

Resultará evidente a los que nos leáis aquí que hoy ha sido un día mejor que la media, por ver nuestros objetivos un poquito más de cerca. Objetivos conocidos o intuibles, que se podrían resumir en tratar de que se maten la menor cantidad de lobos posible, divulgar el respeto por la naturaleza en general y los lobos en particular, y de paso destapar a quienes pretenden matarlos sin mayor justificación que los intereses personales, la biofobia, o el rédito electoral imaginado.

Esencialmente, la sentencia recoge que el decreto no sigue el procedimiento que debiera para constituir una normativa ambiental válida. No obstante, no estamos ante un mero defecto de forma; así se aprecia en partes de la sentencia que trasladan hechos recogidos en nuestra demanda:

“OCTAVO.- En el expediente administrativo que obra en los presentes autos no consta una motivación técnica suficiente y previa que justifique el contenido del Decreto 14/2016; no constan informes técnicos o científicos independientes que avalen y aconsejen el establecimiento de las medidas de control y aprovechamiento cinegético que se disponen en dicho Decreto; tampoco constan estudios previos, serios y rigurosos de su incidencia en el medio natural. Asimismo, tampoco consta en qué han consistido los seguimientos de manadas llevados a cabo a los que alude el Decreto; no existe una previa comprobación de las poblaciones, ni siquiera se hace referencia a un estudio previo de su incidencia en la especie. Tampoco consta en el expediente un diagnóstico de la población o censo de ésta, pese a las múltiples referencias que a ellos se realizan en la disposición impugnada”.

En cualquier caso, y para conocer todos los detalles, lo mejor será leer la sentencia íntegra. Aquí nos hacemos eco de su principal consecuencia, y reiteramos una vez más – por si ayuda a corregirla – la continua desatención de la Junta de Castilla y León a la conservación de la biodiversidad, y a la propia normativa ambiental. Para nosotros en ASCEL la conservación de los lobos en Castilla y León es especialmente importante, tanto por albergar una gran parte de los lobos ibéricos, como por su situación geográfica, facilitadora de la conectividad entre sectores de la población. Si los tiros permiten, claro. Por eso esperamos que esta sentencia marque un antes y un después, caracterizado este por la protección real y no condicionada del lobo ibérico.

Noticias como esta respaldan, aunque sea por un momento, la estrategia que nos ocupa buena parte del esfuerzo en ASCEL: utilizar el derecho de los ciudadanos a cuestionar formalmente las malas prácticas administrativas. La vía elegida no es fácil, por engorrosa, ardua, y lenta; muy lenta: el Decreto del Plan de Gestión se publicó en mayo de 2016. El Recurso Contencioso-Administrativo se anunció a primeros de julio, y se nos entregó el expediente administrativo a finales de octubre; sí, todavía estábamos en 2016. Tras trabajar durante las vacaciones navideñas, formulamos la demanda a primeros de enero de 2017. Hemos conocido la sentencia el 5 de febrero de 2018. Durante ese tiempo en el que decidimos seguir la vía del recurso contencioso-administrativo, nos tenemos que acoplar a sus ritmos y modos, dejando de lado otras estrategias.

Seguimos. Esta entrada y la sentencia citada se refieren a Castilla y León, pero los territorios contiguos con lobos, y aquellos susceptibles de albergarlos, están cubiertos por los mismos paraguas de normativa internacional, que no deben soslayar ni malinterpretar.

Los lobos no son de nadie

Al arrancar este 2018 comprobamos que aparecemos retratados como taimado grupo de presión, que impide a otros obtener los lobos que necesitan. Una entrada en la web de FAPAS titulada “El lobo es mío” aporta información falsa, relativa al funcionamiento de la representación de los grupos conservacionistas en el Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo en Asturias.

Dicho comité consultivo, recuérdese el subrayado, incluye un vocal representante de “las entidades conservacionistas”, así como un suplente (Boletín Oficial del Principado de Asturias Nº 165 de 2003, del jueves 17 de julio). Esta es una propiedad al parecer emergente en los distintos procesos de participación pública, ya sea en planes de gestión de especies, actividades (e.g. caza), o espacios protegidos (e.g. PN Picos de Europa): los conservacionistas disponen de un único representante, que es elegido entre los candidatos de las entidades habilitadas para presentarlos.

Durante más de 13 años (4 de Febrero de 2004 a 3 de Mayo de 2017), el miembro de ASCEL, Alberto Fernández Gil, desempeñó la representación de los conservacionistas ante el comité presidido por la administración asturiana. El suplente de Alberto en el comité era Fructuoso Pontigo Concha, de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies. En mayo de 2017 las entidades conservacionistas decidimos, no sin discusión, dejar de participar temporalmente en el comité, por considerarlo mera propaganda de la participación pública. Hasta ese momento, los conservacionistas acudíamos al comité con una postura común, discutida antes de cada convocatoria, y defendida por Alberto Fernández Gil. Los asuntos sobre los que informamos al comité, y sobre los que defendimos posturas, se centraron esencialmente en la oposición a las continuas medidas de gestión letal, inútiles, crueles, e injustificadas. Un breve repaso a la actualidad ambiental en Asturias mostrará a cualquier persona interesada que la administración asturiana no hace caso a nuestras propuestas. Dado que el comité es consultivo, sólo nos queda combatir esas decisiones fuera de él, y en ello nos empeñamos.

En el citado comité, y mediante el mismo procedimiento seguido en otros asuntos relativos al Plan de Gestión, se trató el asunto que al parecer motiva los azotes de FAPAS a ASCEL. Es falso por tanto que sea la postura de Alberto Fernández la que impidió a FAPAS tener “sus lobos”; es falso que fuese la postura de las entidades conservacionistas. Las decisiones sobre gestión de lobos en Asturias las toma el Gobierno del Principado. Prueba de ello es que en la actualidad parece desarrollarse un proyecto de captura y marcaje de lobos en Asturias, sobre el cual las entidades conservacionistas no hemos recibido información ni hemos sido consultadas.

Una cuestión a discutir sería por qué a las entidades conservacionistas representadas en el comité no nos gustó el proyecto para el que pidió autorización FAPAS a la administración asturiana. Discutir esas cuestiones es obviamente posible: tiene que dirigirse FAPAS a los conservacionistas, idealmente sin insultar previamente. Así mismo nos parecería interesante también saber por qué la administración asturiana presenta ante el comité unos proyectos de captura y marcaje, y tramita otros independientemente del mismo. Quizás aprenderíamos los conservacionistas algo acerca de cómo, a quién y por qué autoriza la administración las actividades en el medio natural.

Por lo demás, en su portal de Internet FAPAS muestra una marcada antipatía por Alberto Fernández Gil, y tampoco parece ser muy fan de Javier Naves Cienfuegos, ambos socios de nuestra ONG. Toda vez que nuestros estatutos no recogen la obligación de caerle bien a todo el mundo, ni parece que sea ese un objetivo demandado por los asociados, no entraremos a batallas personales estériles. En todo caso, nos parece difícil conjugar el desazón de FAPAS por la decisión de la Administración asturiana de no autorizar su proyecto, con el tremendo interés mostrado por la denominación contractual de unos profesionales. Quizás piense FAPAS que las etiquetas de unos u otros determinan quién puede estudiar biología, quién puede llevar a cabo investigación.

Seguimos; tenemos enfrente cosas importantes por hacer, frente a entidades e individuos que se están llevando a los lobos por delante.

¿Cuántas explotaciones ganaderas se protegen matando lobos?

Un articulo científico recientemente publicado estudia el uso de métodos letales como herramienta de gestión de lobos, en lugares donde hay predación sobre ganado; concretamente en Michigan (EE.UU.) entre 1998 y 2014.

Entre sus conclusiones principales destaca que matar lobos para prevenir daños a la cabaña ganadera no es efectivo. Este resultado ya no es sorprendente porque existen trabajos previos advirtiendo dicho patrón, pero el estudio añade que en el mejor de los escenarios la gestión letal – sacrificar lobos – puede llegar a librar de la predación temporalmente a una explotación o explotaciones en un área concreta, pero a costa de perjudicar a explotaciones colindantes. Ni siquiera el control de ejemplares de lobos sería por tanto gestión efectiva para evitar predación sobre ganado en un entorno socio-económico homogéneo, que incluya diversas explotaciones ganaderas.

El artículo referido se añade a las evidencias que desacreditan la gestión letal de lobos como medida de prevención de la predación sobre ganado. Estas prácticas de descaste son, junto a la caza reglada, utilizadas por las distintas administraciones autonómicas españolas sin evaluar su efectividad. Se diría que más que gestionar un supuesto problema se persiguen meros réditos electorales. Por todo ello, una gestión efectiva y adaptativa, legalmente validable en países europeos regidos por el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats, debe pasar por priorizar la prevención como herramienta de gestión.

El Defensor del Pueblo y la protección de los lobos en Castilla-La Mancha

Hemos sabido hace unos días, a través de una noticia de Cesar-Javier Palacios (La Crónica Verde), que el Defensor del Pueblo ha emitido recientemente un informe (específicamente una Sugerencia) en el que solicita a la administración de Castilla-La Mancha la puesta en marcha del preceptivo plan de recuperación del lobo en dicha Comunidad Autónoma.

El contexto y el detalle de la actuación del Defensor del Pueblo están bien recogidos en el texto publicado en la Crónica Verde. Siguen a continuación la interpretación que hacemos de ella en ASCEL.

Por un lado, es esperanzador que una institución importante en España se preocupe por el estado de desarrollo de la normativa ambiental en general, y de la que afecta al lobo ibérico en particular. Es de agradecer también la claridad del texto del Defensor del Pueblo, que destaca el incumplimiento por parte de la administración de Castilla-La Mancha de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, según la cual el plan de recuperación debería llevar aprobado varios lustros.

Por otro lado, constatar una vez más que las administraciones regionales en España suspenden la aplicación de la normativa ambiental en cuanto hacen su aparición los habituales intereses particulares. Es cuando menos curioso que a pesar de no desarrollar la normativa ambiental, sí se hayan habilitado ayudas económicas de prevención e indemnización de daños, destinadas a la industria ganadera.

Más allá del proceloso mundo de la gestión, o falta de la misma, desde un punto de vista biológico nos parece relevante la recuperación del lobo en Castilla-La Mancha porque supondría un proceso de restauración ecológica. Esa es la consideración general que merecería la recuperación parcial del rango de distribución perdido por los lobos en la Península Ibérica.

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Distribución del lobo en la Península Ibérica1.

Para que esa recuperación de territorios tenga alguna oportunidad, es imprescindible la protección efectiva de la especie en aquellas zonas en las que actualmente no tiene presencia permanente. Dicha protección debe servir para reducir la mortalidad de los individuos que abandonan su grupo familiar en busca de nuevos territorios, siempre importantes en la ecología de las poblaciones de lobos, y vectores de recuperación de territorios, así como de rescate demográfico de núcleos relictos.

1- Elaboración propia a partir del Atlas de Mamíferos de Portugal, y Chapron et al. 2014.

La Directiva Hábitats no será revisada

El pasado mes de mayo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (JCyL) anunció una visita de representantes de la Comisión Europea1, destinada a revisar a la baja el estatus de protección del lobo al sur del río Duero. Dicha revisión, anunciaban, sería respuesta a los daños causados a explotaciones ganaderas de Ávila y Salamanca.

En ASCEL nos movilizamos para estar presentes en la reunión con los representantes de la Comisión Europea, ya que nos constaba que asistirían otros agentes “interesados” en el aparente conflicto entre lobos y ganadería. Contactamos con las dos instituciones mencionadas, así como con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente2, también implicado en el evento. Ecologistas en Acción y WWF (vocales de las ONG conservacionistas en la Mesa del Lobo de la JCyL) apoyaron nuestra presencia en el encuentro.

La visita de los representantes de la Comisión Europea estaba prevista para el 23 de octubre. Tuvimos que esperar hasta el 18 para obtener respuesta por parte de la JCyL, no sin antes advertir que la ausencia de respuesta a tres escritos registrados merecía ser puesta de manifiesto públicamente. Quizás la habitual contestación judicial de ASCEL a la gestión de los lobos por parte de la JCyL, así como nuestra labor durante casi diez años en el Comité Consultivo del anterior Plan de Gestión, hayan tenido algo que ver.

En la reunión pudimos intervenir en apenas dos ocasiones, debido al formato del evento y al elevado número de participantes (principalmente alcaldes y representantes agro-ganaderos). Nos llamó la atención la homogeneidad entre los asistentes, derivada de que los alcaldes no parecían participar como representantes de todos los ciudadanos de sus municipios, sino como ganaderos. A pesar de ello, entregamos la documentación preparada para la ocasión3, 4 a los representantes de las instituciones participantes.

La conclusión más importante que sacamos de la reunión, así como de un intercambio informal posterior con el director de Capital Natural de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, es que una revisión del estatus del lobo al sur del Duero – es decir, una revisión de la Directiva Hábitats – no estaba sobre la mesa, y que la Junta debería hacer más esfuerzos en propiciar la coexistencia entre el lobo y los humanos. Asimismo, trasladamos nuestras reservas sobre los mecanismos de flexibilización de la Directiva Hábitats que algunas administraciones regionales españolas sugieren, a la vista de la ausencia de acreditación y justificación de las derogaciones puntuales de dicha Directiva en las que se incurre cada vez que se mata un lobo por daños a la ganadería.

Confiamos en que el dialogo en pro de la conservación del lobo se traduzca en que las administraciones regionales españolas cumplan todas por igual la Directiva Hábitats. Velaremos por un cumplimiento estricto de la Directiva, porque sólo así se puede asegurar el cumplimiento de los objetivos por los que fue aprobada.

1- Dirección General de Medio Ambiente.
2- Subdirección General de Medio Natural.
3- Incompatibilidad de la caza y los controles de población con los mandatos legales.
4- La gestión de grandes carnívoros vs. su importancia en los ecosistemas.

NO a debilitar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad

El Partido Popular insiste en su intención de debilitar el control de las especies invasoras. Más concretamente, pretende crear agujeros legales por los que colar aquellas invasoras de interés para algunos grupos de presión, relegando así el interés general y la conservación de la naturaleza.

Ante la nueva intentona, en forma de Proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, investigadores, sociedades científicas y organizaciones ambientales han suscrito un manifiesto argumentando el rechazo contundente a la debilitación de la normativa ambiental.

Desde ASCEL hemos suscrito dicho manifiesto, respondiendo a la iniciativa que nos traslada SEO / Birdlife.

Actualización (2017.11.08 09:00): ya conocemos los resultados de la votación en el Congreso; la modificación de la ley se ha aprobado con 263 votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV/EAJ, PDCat, Grupo Mixto, etc. y 78 votos en contra (Unidos Podemos). Otro paso atrás en conservación de la naturaleza; otro paso atrás del interés general frente a los intereses sectoriales y corto-placistas.