Caza y controles de lobos: ¿de qué estamos hablando?

Por Alberto Fernández Gil
Biólogo; vicepresidente de ASCEL

En los últimos años, muchos ciudadanos reclaman a las administraciones públicas una protección efectiva de los lobos en España. Como soy uno de esos reclamantes, me atrevo a interpretar aquí lo que significa protección, para pasar luego a la discusión sobre la caza y los controles.

Entiendo por protección de una especie animal el hecho de que no se puedan cazar ejemplares, ni reducir (o “controlar”) sus poblaciones. Es decir, se protege a la especie de la persecución por parte de los humanos, ya sea ejercida mediante caza o controles, lo que significa que se protege a los individuos de dicha persecución.

La protección de los lobos en España implicaría, legalmente, incluirlos al menos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). En dicho listado, y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, están todas las especies que no pueden ser cazadas ni perseguidas en España. O “controladas”, según el eufemismo. Es decir, osos, linces, buitres, ratoneros o alcotanes no pueden ser cazados ni controlados en este país. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con liebres y jabalíes, aunque hay quien mantiene que las leyes de caza les confieren una cierta protección. No hablo aquí de la protección que “disfrutarían” liebres y jabalíes bajo el régimen cinegético, sino de la protección a una especie que supondría que caza y control quedan fuera de lugar.

En el caso de los lobos, sin entrar en la discusión técnica de tipo legal de si las normas europeas de Berna y la Directiva Hábitats han sido correctamente trasladadas a la legislación española, sí considero que deberían estar efectivamente protegidos en nuestro país; es decir, incluidos al menos en el Listado. Y dado que no lo están, los lobos siguen siendo perseguidos legalmente, ya sea mediante la caza o mediante los llamados controles de población y de ejemplares.

Esta entrada pretende ser una aclaración crítica de los términos “caza” y “controles”, tal y como aparecen mencionados explícitamente en las normas que regulan la gestión del lobo en España – los planes de gestión de Asturias, Galicia, Castilla y León, y Álava – que afectan a la práctica totalidad de los lobos en nuestro país. Además de una interpretación de los términos, argumentaré por qué, desde mi punto de vista, caza y controles están injustificados, y por qué los lobos han de ser efectivamente protegidos en España.

La caza es la herramienta de gestión básica de los lobos en Castilla y León (Decreto 14/2016), y los controles de población son la herramienta de gestión básica en Asturias (Decreto 23/2015). Entre ambas regiones y Cantabria (que también aplica caza y controles, aunque sin plan de gestión) se matan legalmente unos 100 lobos cada año, lo que supone el 90% de los eliminados legalmente en España (el resto lo completan Galicia, Euskadi y La Rioja). Es decir, caza y controles de población son las herramientas básicas de la “gestión” de los lobos en España.

En realidad, la caza y los controles de población son herramientas muy similares, en sus objetivos, en sus planteamientos, en sus consecuencias, y en sus pretendidas justificaciones: el objetivo es reducir la población, ya sea mediante la cosecha de unos supuestos excedentes de la población (en la caza, del harvest anglosajón), o mediante el control de la misma, porque de no hacerlo se podría “descontrolar”.

Me detengo un poco en el fascinante término “control” aplicado a la gestión de la fauna, y en particular de los grandes carnívoros. Casi todos los grandes carnívoros como los lobos son predadores apicales, lo que implica que presentan características biológicas únicas: auto-regulación de sus poblaciones mediante la territorialidad y la supresión reproductiva de parte de la población adulta (Wallach et al. 2015). Esto quiere decir que los lobos no descontrolan sus poblaciones en condiciones naturales. La única forma de que una población de lobos aumente de forma natural es que tenga hábitat disponible sin ocupar. En caso contrario, dentro de los límites del área de distribución ocupada, una población de lobos no aumenta, no se descontrola (Hayes et al. 2003), aunque sí puede recuperarse al cesar controles y caza tras haber sido reducida.

Tanto en la caza como en los controles de población se establecen cuotas (o cupos), es decir, hay un número anual de ejemplares que ha de ser eliminado, y esa eliminación es aleatoria en cuanto a los ejemplares que se ejecutan: recordemos, el objetivo es aprovechamiento de excedentes, o control frente al potencial descontrol.

Además del objetivo compartido por caza y controles en cuanto a evitar supuestos descontroles, comparten a menudo el de pretender compatibilizar la presencia del carnívoro con la ganadería; es de nuevo un objetivo explícito en todos los planes de gestión de la especie en España. Así pues ¿pueden la caza y los controles de población alcanzar el objetivo de minimizar ataques al ganado, y al tiempo cumplir los mandatos de Berna y la Directiva Hábitats, además de los que marca la legislación española?

Por lo que sabemos, no.

Lo que sabemos es que la caza y los controles pueden minimizar los ataques al ganado sólo si son tan severos que supongan reducciones masivas de la población de lobos (Wielgus & Peebles 2014, Bradley et al. 2015); si las reducciones afectan a menos del 30% de la población, el efecto conseguido sobre los ataques puede ser el contrario al esperado (Wielgus & Peebles 2014, Fernández-Gil et al. 2016). Por eso no es sorprendente que para rebajar los ataques se desaconsejen los controles y la caza (Treves et al. 2016) y se promuevan otro tipo de actuaciones (por ejemplo, relativas al manejo del ganado).

Otra razón para permitir caza o controles, a menudo aducida incluso por conservacionistas o por profesionales de la biología, es que pueden facilitar la tolerancia por parte de algunos humanos sobre esa especie (de nuevo, esa motivación aparece explícitamente en los planes de gestión en España). También se aduce con cierta frecuencia que caza y control serían permisibles, simplemente, porque a la población de lobos no le pasa nada, ya que no se extinguen, sigue habiendo lobos (algo que ya se ha tratado aquí antes). En cuanto a la primera, no es sorprendente que rebajar el estatus de protección de una especie (por ejemplo, permitiendo su caza) para aumentar la tolerancia de los humanos sobre esa especie no sólo no consiga ese objetivo, sino a menudo el contrario (Chapron & Treves 2016). Permitir matar animales para que quienes los ven negativamente cambien su percepción parece, como poco, un planteamiento retorcido. Que la caza o los controles puedan ser aceptables porque “a la población no le pasa nada” parece un argumento ingenuo, pero puede ser incluso perverso. Podemos saber qué le pasa a la población en términos demográficos tras la caza y los controles; esperaremos que disminuya el tamaño de la población, quizá no de forma llamativa en términos numéricos. Pero no debemos olvidar que los individuos – seres reales que componen lo que llamamos “población” – son eliminados de la naturaleza, y ésta es una consecuencia demasiado grave como para plantear siquiera la justificación anterior.

Por otro lado, tras argumentar que tanto la caza como los controles de población están injustificados en cuanto a sus objetivos de cosecha y control, y que tampoco pueden reducir los ataques al ganado a no ser que se elimine gran parte de la población (lo que actualmente ya es ilegal), nos queda por discutir sobre lo que se ha dado en denominar “controles de ejemplares”. El “control de ejemplares” es un concepto muy desafortunado, y confieso que lo he utilizado con anterioridad para tratar de dar mi opinión sobre este tema, con poco éxito. Sugiero desecharlo por ambiguo y confuso: los controles de población obligatoriamente se hacen “controlando” ejemplares, es decir, eliminando ejemplares.

Pero ¿podría haber lugar para actuaciones determinadas sobre individuos concretos? No entro a valorar aquí el significado de “castigo” (inherente en nuestro ordenamiento legal punitivo, pero muy criticado desde siempre, ver p.e. Wright 2009), un componente con frecuencia implícito en los controles de población (ver los controles para la tolerancia, arriba). En el caso de los animales no existe responsabilidad, con lo que el castigo está fuera de lugar; la única justificación posible para considerar la retirada del campo de un individuo sería evitar futuros daños graves y muy probables, que no pueden ser evitados de otra forma.

En nuestro país (y en muchos otros) se han realizado actuaciones determinadas sobre individuos concretos, incluso pertenecientes a especies con el más alto grado de protección, como los osos pardos, retirando algunos individuos de la naturaleza. También se han realizado en otros países actuaciones sobre tigres, y con otras especies que nadie discute que están estrictamente protegidas, y sobre las que no se lleva a cabo ni caza ni controles. Que yo sepa, este tipo de actuaciones determinadas sobre individuos concretos (lobos) nunca se han planteado (ni por tanto, llevado a cabo) en España: incluso la gestión letal al sur del Duero (sector de la población ibérica incluido en el Anexo IV de la Directiva Hábitats, y por tanto con el máximo nivel de “protección”) se lleva a cabo como controles de población, con todas las características y objetivos de los mismos, si bien a menudo bajo el eufemismo desafortunado de “controles de ejemplares”.

Por último, en ocasiones, algunos conservacionistas apelan a los controles como forma de gestión aceptable, siempre que se hagan bajo criterios científicos. Pero la ciencia no es un argumento válido para justificar controles. De hecho, la ciencia no permite tomar decisiones sobre si hay que matar o no animales. La ciencia puede evaluar el efecto que tiene una decisión política (la caza o los controles) sobre la ecología o la demografía de la población afectada, pero no es base para ninguna decisión política (Darimont 2017); tal decisión se toma por criterios sociales, económicos o morales. Debe evaluarse, por ejemplo, si los individuos causan graves perjuicios económicos que no pueden evitarse de otra manera (por ejemplo con medidas preventivas de manejo de ganado), o generan graves riesgos a la población humana. Por último, siempre ha de plantearse, a la hora de tomar decisiones, si tenemos derecho a matar animales que no son utilizados como alimento.

En definitiva ¿caben la caza o los controles – se les llame de población o de ejemplares – para los objetivos que se aducen en España, y dados los mandatos legales vigentes en nuestro país? En mi opinión, la respuesta es claramente NO.

Las razones para matar un animal (o retirarlo de la naturaleza) han de ser objetivas y estar fuertemente justificadas (Vucetich et al. 2017). Hasta el momento, que yo conozca, ninguna administración española ha aportado tales razones objetivas y justificadas en el caso de los controles y la caza de lobos. Quizá es que son difíciles de encontrar, y más aún, de justificar. Los lobos han de ser protegidos en España y desechar definitivamente la caza y los controles como medidas de gestión: no sólo no están justificadas, sino que son injustificables.

Referencias:

Bradley et al. 2015. Effects of Wolf Removal on Livestock Depredation Recurrence and Wolf Recovery in Montana, Idaho, and Wyoming. The Journal of Wildlife Management. doi: 10.1002/jwmg.948

Chapron G, Treves A. 2016. Blood does not buy goodwill: allowing culling increases poaching of a large carnivore.Proc. R. Soc. B 283: 20152939. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2015.2939

Darimont C. 2017. Science on its own can’t dictate policy. Nature, 551: 565

Fernández-Gil et al. 2016. Conflict Misleads Large Carnivore Management and Conservation: Brown Bears and Wolves in Spain. PLoS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0151541.

Hayes et al. 2003. Experimental reduction of wolves in the Yukon: ungulate responses and management implications. Wildlife Monographs, nº 152, 35 pp.

Treves A, Krofel M, McManus J. 2016. Predator control should not be a shot in the dark. Front Ecol Environ, 14(7): 380-388, doi:10.1002/fee.1312-

Vucetich et al. 2017. Evaluating the principles of wildlife conservation: a case study of wolf (Canis lupus) hunting in Michigan, United States. Journal of Mammalogy, 98(1):53–64. doi:10.1093/jmammal/gyw151

Wielgus RB, Peebles KA. 2014. Effects of Wolf Mortality on Livestock Depredations. PLoS ONE 9:e113505. doi: 10.1371/journal.pone.0113505

Wallach et al. 2015. What is an apex predator? Oikos 124: 1453–1461. doi: 10.1111/oik.01977

Wright R. 2009. The Moral Animal: why we are the way we are. Abacus, London.

El TSJ de Castilla y León anula el plan de gestión del lobo

Anteayer lunes 5 de febrero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hizo pública la sentencia sobre un recurso contencioso administrativo abierto a instancias de ASCEL, contra el llamado “Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León” (Decreto 14/2016, publicado en el boletín oficial el 23 de mayo de 2016). La sentencia anula íntegramente el plan de gestión, que es realidad un plan de caza y control letal.

La administración de Castilla y León, y por supuesto las personas implicadas en la gestación de la normativa anulada, pasan a contar con el primer plan plurianual de gestión de lobos anulado íntegramente en España, donde solo 3 comunidades autónomas cuentan con uno. Concurre además que ese plan anulado había derogado al anterior (Decreto 28/2008), también parcialmente anulado en los tribunales.

Resultará evidente a los que nos leáis aquí que hoy ha sido un día mejor que la media, por ver nuestros objetivos un poquito más de cerca. Objetivos conocidos o intuibles, que se podrían resumir en tratar de que se maten la menor cantidad de lobos posible, divulgar el respeto por la naturaleza en general y los lobos en particular, y de paso destapar a quienes pretenden matarlos sin mayor justificación que los intereses personales, la biofobia, o el rédito electoral imaginado.

Esencialmente, la sentencia recoge que el decreto no sigue el procedimiento que debiera para constituir una normativa ambiental válida. No obstante, no estamos ante un mero defecto de forma; así se aprecia en partes de la sentencia que trasladan hechos recogidos en nuestra demanda:

“OCTAVO.- En el expediente administrativo que obra en los presentes autos no consta una motivación técnica suficiente y previa que justifique el contenido del Decreto 14/2016; no constan informes técnicos o científicos independientes que avalen y aconsejen el establecimiento de las medidas de control y aprovechamiento cinegético que se disponen en dicho Decreto; tampoco constan estudios previos, serios y rigurosos de su incidencia en el medio natural. Asimismo, tampoco consta en qué han consistido los seguimientos de manadas llevados a cabo a los que alude el Decreto; no existe una previa comprobación de las poblaciones, ni siquiera se hace referencia a un estudio previo de su incidencia en la especie. Tampoco consta en el expediente un diagnóstico de la población o censo de ésta, pese a las múltiples referencias que a ellos se realizan en la disposición impugnada”.

En cualquier caso, y para conocer todos los detalles, lo mejor será leer la sentencia íntegra. Aquí nos hacemos eco de su principal consecuencia, y reiteramos una vez más – por si ayuda a corregirla – la continua desatención de la Junta de Castilla y León a la conservación de la biodiversidad, y a la propia normativa ambiental. Para nosotros en ASCEL la conservación de los lobos en Castilla y León es especialmente importante, tanto por albergar una gran parte de los lobos ibéricos, como por su situación geográfica, facilitadora de la conectividad entre sectores de la población. Si los tiros permiten, claro. Por eso esperamos que esta sentencia marque un antes y un después, caracterizado este por la protección real y no condicionada del lobo ibérico.

Noticias como esta respaldan, aunque sea por un momento, la estrategia que nos ocupa buena parte del esfuerzo en ASCEL: utilizar el derecho de los ciudadanos a cuestionar formalmente las malas prácticas administrativas. La vía elegida no es fácil, por engorrosa, ardua, y lenta; muy lenta: el Decreto del Plan de Gestión se publicó en mayo de 2016. El Recurso Contencioso-Administrativo se anunció a primeros de julio, y se nos entregó el expediente administrativo a finales de octubre; sí, todavía estábamos en 2016. Tras trabajar durante las vacaciones navideñas, formulamos la demanda a primeros de enero de 2017. Hemos conocido la sentencia el 5 de febrero de 2018. Durante ese tiempo en el que decidimos seguir la vía del recurso contencioso-administrativo, nos tenemos que acoplar a sus ritmos y modos, dejando de lado otras estrategias.

Seguimos. Esta entrada y la sentencia citada se refieren a Castilla y León, pero los territorios contiguos con lobos, y aquellos susceptibles de albergarlos, están cubiertos por los mismos paraguas de normativa internacional, que no deben soslayar ni malinterpretar.

Los lobos no son de nadie

Al arrancar este 2018 comprobamos que aparecemos retratados como taimado grupo de presión, que impide a otros obtener los lobos que necesitan. Una entrada en la web de FAPAS titulada “El lobo es mío” aporta información falsa, relativa al funcionamiento de la representación de los grupos conservacionistas en el Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo en Asturias.

Dicho comité consultivo, recuérdese el subrayado, incluye un vocal representante de “las entidades conservacionistas”, así como un suplente (Boletín Oficial del Principado de Asturias Nº 165 de 2003, del jueves 17 de julio). Esta es una propiedad al parecer emergente en los distintos procesos de participación pública, ya sea en planes de gestión de especies, actividades (e.g. caza), o espacios protegidos (e.g. PN Picos de Europa): los conservacionistas disponen de un único representante, que es elegido entre los candidatos de las entidades habilitadas para presentarlos.

Durante más de 13 años (4 de Febrero de 2004 a 3 de Mayo de 2017), el miembro de ASCEL, Alberto Fernández Gil, desempeñó la representación de los conservacionistas ante el comité presidido por la administración asturiana. El suplente de Alberto en el comité era Fructuoso Pontigo Concha, de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies. En mayo de 2017 las entidades conservacionistas decidimos, no sin discusión, dejar de participar temporalmente en el comité, por considerarlo mera propaganda de la participación pública. Hasta ese momento, los conservacionistas acudíamos al comité con una postura común, discutida antes de cada convocatoria, y defendida por Alberto Fernández Gil. Los asuntos sobre los que informamos al comité, y sobre los que defendimos posturas, se centraron esencialmente en la oposición a las continuas medidas de gestión letal, inútiles, crueles, e injustificadas. Un breve repaso a la actualidad ambiental en Asturias mostrará a cualquier persona interesada que la administración asturiana no hace caso a nuestras propuestas. Dado que el comité es consultivo, sólo nos queda combatir esas decisiones fuera de él, y en ello nos empeñamos.

En el citado comité, y mediante el mismo procedimiento seguido en otros asuntos relativos al Plan de Gestión, se trató el asunto que al parecer motiva los azotes de FAPAS a ASCEL. Es falso por tanto que sea la postura de Alberto Fernández la que impidió a FAPAS tener “sus lobos”; es falso que fuese la postura de las entidades conservacionistas. Las decisiones sobre gestión de lobos en Asturias las toma el Gobierno del Principado. Prueba de ello es que en la actualidad parece desarrollarse un proyecto de captura y marcaje de lobos en Asturias, sobre el cual las entidades conservacionistas no hemos recibido información ni hemos sido consultadas.

Una cuestión a discutir sería por qué a las entidades conservacionistas representadas en el comité no nos gustó el proyecto para el que pidió autorización FAPAS a la administración asturiana. Discutir esas cuestiones es obviamente posible: tiene que dirigirse FAPAS a los conservacionistas, idealmente sin insultar previamente. Así mismo nos parecería interesante también saber por qué la administración asturiana presenta ante el comité unos proyectos de captura y marcaje, y tramita otros independientemente del mismo. Quizás aprenderíamos los conservacionistas algo acerca de cómo, a quién y por qué autoriza la administración las actividades en el medio natural.

Por lo demás, en su portal de Internet FAPAS muestra una marcada antipatía por Alberto Fernández Gil, y tampoco parece ser muy fan de Javier Naves Cienfuegos, ambos socios de nuestra ONG. Toda vez que nuestros estatutos no recogen la obligación de caerle bien a todo el mundo, ni parece que sea ese un objetivo demandado por los asociados, no entraremos a batallas personales estériles. En todo caso, nos parece difícil conjugar el desazón de FAPAS por la decisión de la Administración asturiana de no autorizar su proyecto, con el tremendo interés mostrado por la denominación contractual de unos profesionales. Quizás piense FAPAS que las etiquetas de unos u otros determinan quién puede estudiar biología, quién puede llevar a cabo investigación.

Seguimos; tenemos enfrente cosas importantes por hacer, frente a entidades e individuos que se están llevando a los lobos por delante.

¿Cuántas explotaciones ganaderas se protegen matando lobos?

Un articulo científico recientemente publicado estudia el uso de métodos letales como herramienta de gestión de lobos, en lugares donde hay predación sobre ganado; concretamente en Michigan (EE.UU.) entre 1998 y 2014.

Entre sus conclusiones principales destaca que matar lobos para prevenir daños a la cabaña ganadera no es efectivo. Este resultado ya no es sorprendente porque existen trabajos previos advirtiendo dicho patrón, pero el estudio añade que en el mejor de los escenarios la gestión letal – sacrificar lobos – puede llegar a librar de la predación temporalmente a una explotación o explotaciones en un área concreta, pero a costa de perjudicar a explotaciones colindantes. Ni siquiera el control de ejemplares de lobos sería por tanto gestión efectiva para evitar predación sobre ganado en un entorno socio-económico homogéneo, que incluya diversas explotaciones ganaderas.

El artículo referido se añade a las evidencias que desacreditan la gestión letal de lobos como medida de prevención de la predación sobre ganado. Estas prácticas de descaste son, junto a la caza reglada, utilizadas por las distintas administraciones autonómicas españolas sin evaluar su efectividad. Se diría que más que gestionar un supuesto problema se persiguen meros réditos electorales. Por todo ello, una gestión efectiva y adaptativa, legalmente validable en países europeos regidos por el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats, debe pasar por priorizar la prevención como herramienta de gestión.

El Defensor del Pueblo y la protección de los lobos en Castilla-La Mancha

Hemos sabido hace unos días, a través de una noticia de Cesar-Javier Palacios (La Crónica Verde), que el Defensor del Pueblo ha emitido recientemente un informe (específicamente una Sugerencia) en el que solicita a la administración de Castilla-La Mancha la puesta en marcha del preceptivo plan de recuperación del lobo en dicha Comunidad Autónoma.

El contexto y el detalle de la actuación del Defensor del Pueblo están bien recogidos en el texto publicado en la Crónica Verde. Siguen a continuación la interpretación que hacemos de ella en ASCEL.

Por un lado, es esperanzador que una institución importante en España se preocupe por el estado de desarrollo de la normativa ambiental en general, y de la que afecta al lobo ibérico en particular. Es de agradecer también la claridad del texto del Defensor del Pueblo, que destaca el incumplimiento por parte de la administración de Castilla-La Mancha de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, según la cual el plan de recuperación debería llevar aprobado varios lustros.

Por otro lado, constatar una vez más que las administraciones regionales en España suspenden la aplicación de la normativa ambiental en cuanto hacen su aparición los habituales intereses particulares. Es cuando menos curioso que a pesar de no desarrollar la normativa ambiental, sí se hayan habilitado ayudas económicas de prevención e indemnización de daños, destinadas a la industria ganadera.

Más allá del proceloso mundo de la gestión, o falta de la misma, desde un punto de vista biológico nos parece relevante la recuperación del lobo en Castilla-La Mancha porque supondría un proceso de restauración ecológica. Esa es la consideración general que merecería la recuperación parcial del rango de distribución perdido por los lobos en la Península Ibérica.

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Distribución del lobo en la Península Ibérica1.

Para que esa recuperación de territorios tenga alguna oportunidad, es imprescindible la protección efectiva de la especie en aquellas zonas en las que actualmente no tiene presencia permanente. Dicha protección debe servir para reducir la mortalidad de los individuos que abandonan su grupo familiar en busca de nuevos territorios, siempre importantes en la ecología de las poblaciones de lobos, y vectores de recuperación de territorios, así como de rescate demográfico de núcleos relictos.

1- Elaboración propia a partir del Atlas de Mamíferos de Portugal, y Chapron et al. 2014.

La Directiva Hábitats no será revisada

El pasado mes de mayo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (JCyL) anunció una visita de representantes de la Comisión Europea1, destinada a revisar a la baja el estatus de protección del lobo al sur del río Duero. Dicha revisión, anunciaban, sería respuesta a los daños causados a explotaciones ganaderas de Ávila y Salamanca.

En ASCEL nos movilizamos para estar presentes en la reunión con los representantes de la Comisión Europea, ya que nos constaba que asistirían otros agentes “interesados” en el aparente conflicto entre lobos y ganadería. Contactamos con las dos instituciones mencionadas, así como con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente2, también implicado en el evento. Ecologistas en Acción y WWF (vocales de las ONG conservacionistas en la Mesa del Lobo de la JCyL) apoyaron nuestra presencia en el encuentro.

La visita de los representantes de la Comisión Europea estaba prevista para el 23 de octubre. Tuvimos que esperar hasta el 18 para obtener respuesta por parte de la JCyL, no sin antes advertir que la ausencia de respuesta a tres escritos registrados merecía ser puesta de manifiesto públicamente. Quizás la habitual contestación judicial de ASCEL a la gestión de los lobos por parte de la JCyL, así como nuestra labor durante casi diez años en el Comité Consultivo del anterior Plan de Gestión, hayan tenido algo que ver.

En la reunión pudimos intervenir en apenas dos ocasiones, debido al formato del evento y al elevado número de participantes (principalmente alcaldes y representantes agro-ganaderos). Nos llamó la atención la homogeneidad entre los asistentes, derivada de que los alcaldes no parecían participar como representantes de todos los ciudadanos de sus municipios, sino como ganaderos. A pesar de ello, entregamos la documentación preparada para la ocasión3, 4 a los representantes de las instituciones participantes.

La conclusión más importante que sacamos de la reunión, así como de un intercambio informal posterior con el director de Capital Natural de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, es que una revisión del estatus del lobo al sur del Duero – es decir, una revisión de la Directiva Hábitats – no estaba sobre la mesa, y que la Junta debería hacer más esfuerzos en propiciar la coexistencia entre el lobo y los humanos. Asimismo, trasladamos nuestras reservas sobre los mecanismos de flexibilización de la Directiva Hábitats que algunas administraciones regionales españolas sugieren, a la vista de la ausencia de acreditación y justificación de las derogaciones puntuales de dicha Directiva en las que se incurre cada vez que se mata un lobo por daños a la ganadería.

Confiamos en que el dialogo en pro de la conservación del lobo se traduzca en que las administraciones regionales españolas cumplan todas por igual la Directiva Hábitats. Velaremos por un cumplimiento estricto de la Directiva, porque sólo así se puede asegurar el cumplimiento de los objetivos por los que fue aprobada.

1- Dirección General de Medio Ambiente.
2- Subdirección General de Medio Natural.
3- Incompatibilidad de la caza y los controles de población con los mandatos legales.
4- La gestión de grandes carnívoros vs. su importancia en los ecosistemas.