Sobre los cambios de estatus en Cantabria

No hace mucho escribíamos aquí sobre la autorizaciones de caza de lobos en batidas, en Cantabria. Más recientemente, salía en prensa una noticia titulada – con variantes – El fin de la caza de lobos en Cantabria.

El titular es llamativo y la noticia pareció ser celebrada desde sectores conservacionistas, al menos a juzgar por lo visto en algunas redes sociales. No obstante, conviene recordar que los cambios de políticas, especialmente si implican cambios normativos, no los debemos conocer o valorar por la prensa, sino por lo escrito en los textos oficiales correspondientes. Esperaremos por tanto a valorar un plan sometido a información pública.

En cualquier caso, aquí celebraríamos seguramente el cese de la actividad cinegética. Eso no quiere decir que en Cantabria no se vayan a matar lobos en controles de población. La versión de la noticia enlazada arriba incide en los pagos de indemnizaciones a cargo de fondos públicos. Desde aquí seguiremos insistiendo en que los esfuerzos deben ir dedicados sobre todo a la prevención.

Asturias: matando lobos porque sí

El Gobierno del Principado de Asturias presentó recientemente ante el comité consultivo del plan de gestión su “programa de actuaciones de control del lobo 2015-2016”. ASCEL acudió a la reunión del comité en representación de los grupos conservacionistas (alguna consideración previa aquí).

Presumiblemente en los próximos días se aprobará ese nuevo y brutal programa: prevé eliminar al menos 45 ejemplares en las 7 zonas de gestión, y todos los individuos localizados en las “áreas sin gestión específica” (32 % de la superficie de Asturias). La imagen a continuación muestra esas zonas de gestión y exclusión, y un click la amplía en una nueva pestaña del navegador:

El sombreado azul cubre las 7 “zonas de gestión” del lobo en Asturias. El área sin sombrear corresponde a las zonas “sin gestión específica”.

La administración asturiana ha incluido para la temporada 2016 algunas novedades llamativas. Entre ellas la posibilidad de que los cazadores maten lobos en las Reservas Regionales de Caza, a pesar de que la especie no es cinegética en Asturias (más información aquí y aquí). Las reservas de caza en Asturias coinciden mayoritariamente con espacios de la Red Natura 2000 y parques naturales.

Otras novedades incluyen la previsión de situaciones “excepcionales” y “críticas” (retórica ciertamente bélica), en las que se autorizará que guardas de cotos y cazadores maten lobos. Tales excepciones no han sido definidas, ni se ha descrito el protocolo que permitirá declararlas, dando vía libre a la arbitrariedad.

Así y todo hay una novedad todavía más llamativa: la “razón” por la que se matarán esos lobos. Ante recientes evidencias científicas de que los controles de población no servirán para minimizar la predación sobre ganado, los técnicos de la administración asturiana sostienen que los lobos no se matan para conseguir objetivo alguno, sino simplemente porque la ley lo permite.

Técnica y gestión.

El TSJ de Castilla y León anula los cupos de lobos 2011-2012

A mediados de 2012, ASCEL tramitó un recurso ante la asignación de cupos de lobos por la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León. El pasado 6 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma nos dio la razón, a través de una sentencia que anula la correspondiente resolución (del 26 de septiembre de 2011).

Entendíamos entonces que la resolución de los cupos – es decir, cuantos lobos se matan aquí y allá – no se ajustaba a la legislación vigente. Entonces la Junta de Castilla y León desestimó nuestro recurso de alzada, ante lo que optamos por la vía judicial. Y por esa vía la administración de Castilla y León recibe la enésima reprobación de la Justicia en asuntos medioambientales.

En un mundo ideal, las administraciones públicas encargadas de conservar la naturaleza no utilizarían los recursos públicos – derivados de los impuestos que pagamos – en batallas legales para incumplir la normativa vigente. En un mundo ideal los ciudadanos y contribuyentes no tendríamos que dedicar esfuerzos a fiscalizar la actividad de esos responsables públicos.

En el mundo real, del que seguramente leéis estos días, nos tenemos que dedicar a estas batallas que, además, no ayudan a los 63 lobos abatidos en la temporada de caza mencionada. Sólo podemos esperar que los gestores de la Junta de Castilla y León recapaciten, y velen mejor por la naturaleza y los recursos públicos.

La caza no mejora la tolerancia hacia los cazados

La idea expresada en el título no es particularmente sorprendente desde el sentido común; no obstante, el sentido común no es estable, y debe ser contrastado por ciencia.

Una de las razones para promover “gestión cinegética” de lobos es que la oportunidad de cazarlos proporcionaría argumentos conservacionistas incluso a aquellos sectores sin sensibilidad o conocimientos previos. Algo así como “si podemos matar unos cuantos, protestaremos menos”. Y no pocos implicados en la gestión de los lobos abrazaron esa modalidad de conservación sonriente.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caccia-lupo.jpg#/media/File:Caccia-lupo.jpg
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Acaba de publicarse un artículo científico cuestionando esa idea, a partir de datos recogidos en Wisconsin (USA). No podemos proporcionar aquí acceso al artículo completo, aunque sí al extracto divulgativo elaborado por la institución a la que pertenecen algunos de los autores. En esencia, las primeras impresiones apuntan a que la tolerancia hacia los lobos disminuyó – especialmente entre cazadores – a pesar de existir la posibilidad de cazarlos. Es de esperar de todas formas que aparezcan estudios a más largo plazo y con mayor tamaño de muestra.

Los estudios sociológicos se consideran importantes en biología de la conservación desde la definición de la disciplina. Esos estudios serán los responsables de aclarar, de forma contrastable y repetible, qué efectos sociales podemos esperar de las medidas de gestión. Esperemos que vayan sustituyendo a las meras asunciones.

La Federación Gallega de Caza da palos de ciego en su afán por matar lobos sin justificación alguna

Desde hace ya varios años, la Federación Gallega de Caza está creando conflictividad para promover la caza del lobo en la provincia de Lugo sin justificación alguna. Tratando de confundir a la opinión pública de dicha necesidad, vienen empleando diferentes artimañas como señalar al lobo como un serio problema para la ganadería y las especies silvestres, para que su gestión esté únicamente orientada a fines cinegéticos.

Sin embargo, en cuanto a la incidencia del lobo sobre la ganadería, los datos públicos que maneja la propia Xunta de Galicia destacan que la afección es irrisoria en comparación con otras causas de mortalidad. El ganado muerto por la depredación del lobo es menos del 0.1% del ganado extensivo en Galicia. Enfermedades (como la lengua azul) o el robo de ganado causan pérdidas claramente muy superiores al gremio ganadero. Por tanto, la polémica generada es simplemente ficticia.

Actualmente, el Plan de Gestión del lobo en Galicia aprobado según el Decreto 297/2008 establece que pese a ser una especie cinegética, sólo se autorizarán batidas o controles si se demuestran casos de depredación recurrentes al ganado, y en ningún caso es justificable matar lobos porque éstos cacen corzos, una de sus presas naturales. El número de corzos matados legalmente en la provincia es de 3316 (temporada 2008-09, datos de la Xunta de Galicia). El número de corzos matado ilegalmente no está cuantificado pero podría ser importante: en otras provincias se ha llegado a estimar en un 40% de las piezas cobradas legalmente.

Además, en Lugo, dónde al menos el 95% del territorio es acotado de caza, se matan legalmente más lobos que en las otras tres provincias gallegas juntas pero el número de ataques al ganado no ha dejado de aumentar, cuando en las otras provincias se ha estabilizado o incluso disminuido. El matar lobos ya sea para disminuir su población numérica como para su aprovechamiento cinegético conlleva la desestructuración de las manadas, reduciendo el porcentaje de adultos y aumentando el porcentaje de jóvenes por manada lo cual influye en la experiencia y aprendizaje y puede generar un aumento de los casos de predación al ganado e incluso de la mortalidad; lo cual, resulta contraproducente si lo que se pretende es reducir los casos de predación al ganado.

Por otra parte, la reciente aparición en la península ibérica del díptero Cephenemyia stimulator cuya larva parasita los corzos ocupando la faringe y fosas nasales del animal podría estar diezmando la especie en algunas partes del noroeste peninsular. La procedencia de tal parásito en nuestro ámbito geográfico podría estar precisamente en relación con la introducción (ilegal) de corzos procedentes de otros países europeos por cazadores para, supuestamente, mejorar los trofeos de caza. Dicho parásito afecta a las vías respiratorias del animal infectado. Como consecuencia se reduce significativamente la condición física (fitness) del individuo siendo más vulnerable ante cualquier factor adverso (comida, competencia, sequía, temperaturas extremas, predadores, otros parásitos, molestias, etc.).

La conservación de los grandes carnívoros es justificable por fundamentos éticos y morales pero además imprescindible por razones ecológicas ya que regulan y sanean las poblaciones de sus presas (como el corzo) y previene que parásitos y plagas impacten severamente y numéricamente a sus huéspedes, beneficiando además a los cazadores los cuales tienden a matar a los individuos más ostentosos y los mejores trofeos realizando una selección negativa en las especies cinegéticas.
Por otro lado, los grandes carnívoros no precisan de ser controlados y su número está condicionado por el alimento disponible y la rivalidad territorial. Decenas de publicaciones demostraron que las hostiles disputas territoriales, agresiones y muertes entre ejemplares e incluso la supresión reproductora ejercida por ciertos individuos de la manada son claros limitantes numéricos sin necesidad ni justificación para usar la escopeta.

Para contrarrestar las evidencias de una pésima gestión cinegética que nos ha conducido a algunos de los desequilibrios ambientales de la situación actual, la Federación Gallega de Caza a través de su presidente busca por cualquier modo culpar al lobo y tratar de justificar su caza cuando es obvio que la presencia del predador frenaría la propagación del parásito al eliminar los ejemplares afectados. Lo más sensato es dejar de engañar a la opinión pública, reconocer la pésima gestión cinegética y cambiar el rumbo de la misma reduciendo los cupos de caza en las zonas más afectadas. En vez de ello, los cazadores apuestan por desviar la atención y criminalizar a los lobos por ejercer su papel ecológico como elemento natural de regulación y controlador sanitario.

Por todo ello, le pedimos al señor Francisco López, presidente de la Federación Gallega de Caza que deje de crear una cortina de humo sobre el lobo como chivo expiatorio de sus nefastas actuaciones y trate de mejorar su gestión por otras vías y modos más honestos y sensatos.

La Junta de Castilla y León autoriza la caza de 138 lobos en la temporada cinegética 2012/13

La Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León emitió el pasado 28 de Septiembre de 2012 resolución por la que aprueba el plan de caza de lobo al norte del río Duero.

El plan contempla la caza de 138 ejemplares, lejos de los 113 que se autorizó en la temporada 2008/2009, cuando comenzó a rodar el Plan de conservación y gestión del lobo. En la citada resolución la administración de C y L no ha podido tomar como base legal el Plan de conservación y gestión, debido a que su judicialización se lo ha impedido (entre otras cosas, ha podido establecer cupos al sur del río Duero). Diversos autos del Tribunal Superior de Justicia han ido dando la razón a nuestra asociación, anulando las resoluciones que establecían los cupos de lobos. Sin  ir mas lejos, recientemente el TSJ ha vuelto a quitar la razón a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, desestimando un recurso de súplica contra el último auto que anulaba los cupos de lobos, recayendo las costas del proceso en la propia Junta de Castilla y León.

Los 138 lobos contemplados son el resultado de censos claramente sobredimensionados, y no guardan ninguna relación con el número real de ataques ocasionados al ganado.