Los lobos no son de nadie

Al arrancar este 2018 comprobamos que aparecemos retratados como taimado grupo de presión, que impide a otros obtener los lobos que necesitan. Una entrada en la web de FAPAS titulada “El lobo es mío” aporta información falsa, relativa al funcionamiento de la representación de los grupos conservacionistas en el Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo en Asturias.

Dicho comité consultivo, recuérdese el subrayado, incluye un vocal representante de “las entidades conservacionistas”, así como un suplente (Boletín Oficial del Principado de Asturias Nº 165 de 2003, del jueves 17 de julio). Esta es una propiedad al parecer emergente en los distintos procesos de participación pública, ya sea en planes de gestión de especies, actividades (e.g. caza), o espacios protegidos (e.g. PN Picos de Europa): los conservacionistas disponen de un único representante, que es elegido entre los candidatos de las entidades habilitadas para presentarlos.

Durante más de 13 años (4 de Febrero de 2004 a 3 de Mayo de 2017), el miembro de ASCEL, Alberto Fernández Gil, desempeñó la representación de los conservacionistas ante el comité presidido por la administración asturiana. El suplente de Alberto en el comité era Fructuoso Pontigo Concha, de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies. En mayo de 2017 las entidades conservacionistas decidimos, no sin discusión, dejar de participar temporalmente en el comité, por considerarlo mera propaganda de la participación pública. Hasta ese momento, los conservacionistas acudíamos al comité con una postura común, discutida antes de cada convocatoria, y defendida por Alberto Fernández Gil. Los asuntos sobre los que informamos al comité, y sobre los que defendimos posturas, se centraron esencialmente en la oposición a las continuas medidas de gestión letal, inútiles, crueles, e injustificadas. Un breve repaso a la actualidad ambiental en Asturias mostrará a cualquier persona interesada que la administración asturiana no hace caso a nuestras propuestas. Dado que el comité es consultivo, sólo nos queda combatir esas decisiones fuera de él, y en ello nos empeñamos.

En el citado comité, y mediante el mismo procedimiento seguido en otros asuntos relativos al Plan de Gestión, se trató el asunto que al parecer motiva los azotes de FAPAS a ASCEL. Es falso por tanto que sea la postura de Alberto Fernández la que impidió a FAPAS tener “sus lobos”; es falso que fuese la postura de las entidades conservacionistas. Las decisiones sobre gestión de lobos en Asturias las toma el Gobierno del Principado. Prueba de ello es que en la actualidad parece desarrollarse un proyecto de captura y marcaje de lobos en Asturias, sobre el cual las entidades conservacionistas no hemos recibido información ni hemos sido consultadas.

Una cuestión a discutir sería por qué a las entidades conservacionistas representadas en el comité no nos gustó el proyecto para el que pidió autorización FAPAS a la administración asturiana. Discutir esas cuestiones es obviamente posible: tiene que dirigirse FAPAS a los conservacionistas, idealmente sin insultar previamente. Así mismo nos parecería interesante también saber por qué la administración asturiana presenta ante el comité unos proyectos de captura y marcaje, y tramita otros independientemente del mismo. Quizás aprenderíamos los conservacionistas algo acerca de cómo, a quién y por qué autoriza la administración las actividades en el medio natural.

Por lo demás, en su portal de Internet FAPAS muestra una marcada antipatía por Alberto Fernández Gil, y tampoco parece ser muy fan de Javier Naves Cienfuegos, ambos socios de nuestra ONG. Toda vez que nuestros estatutos no recogen la obligación de caerle bien a todo el mundo, ni parece que sea ese un objetivo demandado por los asociados, no entraremos a batallas personales estériles. En todo caso, nos parece difícil conjugar el desazón de FAPAS por la decisión de la Administración asturiana de no autorizar su proyecto, con el tremendo interés mostrado por la denominación contractual de unos profesionales. Quizás piense FAPAS que las etiquetas de unos u otros determinan quién puede estudiar biología, quién puede llevar a cabo investigación.

Seguimos; tenemos enfrente cosas importantes por hacer, frente a entidades e individuos que se están llevando a los lobos por delante.

¿Cuántas explotaciones ganaderas se protegen matando lobos?

Un articulo científico recientemente publicado estudia el uso de métodos letales como herramienta de gestión de lobos, en lugares donde hay predación sobre ganado; concretamente en Michigan (EE.UU.) entre 1998 y 2014.

Entre sus conclusiones principales destaca que matar lobos para prevenir daños a la cabaña ganadera no es efectivo. Este resultado ya no es sorprendente porque existen trabajos previos advirtiendo dicho patrón, pero el estudio añade que en el mejor de los escenarios la gestión letal – sacrificar lobos – puede llegar a librar de la predación temporalmente a una explotación o explotaciones en un área concreta, pero a costa de perjudicar a explotaciones colindantes. Ni siquiera el control de ejemplares de lobos sería por tanto gestión efectiva para evitar predación sobre ganado en un entorno socio-económico homogéneo, que incluya diversas explotaciones ganaderas.

El artículo referido se añade a las evidencias que desacreditan la gestión letal de lobos como medida de prevención de la predación sobre ganado. Estas prácticas de descaste son, junto a la caza reglada, utilizadas por las distintas administraciones autonómicas españolas sin evaluar su efectividad. Se diría que más que gestionar un supuesto problema se persiguen meros réditos electorales. Por todo ello, una gestión efectiva y adaptativa, legalmente validable en países europeos regidos por el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats, debe pasar por priorizar la prevención como herramienta de gestión.

La Directiva Hábitats no será revisada

El pasado mes de mayo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (JCyL) anunció una visita de representantes de la Comisión Europea1, destinada a revisar a la baja el estatus de protección del lobo al sur del río Duero. Dicha revisión, anunciaban, sería respuesta a los daños causados a explotaciones ganaderas de Ávila y Salamanca.

En ASCEL nos movilizamos para estar presentes en la reunión con los representantes de la Comisión Europea, ya que nos constaba que asistirían otros agentes “interesados” en el aparente conflicto entre lobos y ganadería. Contactamos con las dos instituciones mencionadas, así como con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente2, también implicado en el evento. Ecologistas en Acción y WWF (vocales de las ONG conservacionistas en la Mesa del Lobo de la JCyL) apoyaron nuestra presencia en el encuentro.

La visita de los representantes de la Comisión Europea estaba prevista para el 23 de octubre. Tuvimos que esperar hasta el 18 para obtener respuesta por parte de la JCyL, no sin antes advertir que la ausencia de respuesta a tres escritos registrados merecía ser puesta de manifiesto públicamente. Quizás la habitual contestación judicial de ASCEL a la gestión de los lobos por parte de la JCyL, así como nuestra labor durante casi diez años en el Comité Consultivo del anterior Plan de Gestión, hayan tenido algo que ver.

En la reunión pudimos intervenir en apenas dos ocasiones, debido al formato del evento y al elevado número de participantes (principalmente alcaldes y representantes agro-ganaderos). Nos llamó la atención la homogeneidad entre los asistentes, derivada de que los alcaldes no parecían participar como representantes de todos los ciudadanos de sus municipios, sino como ganaderos. A pesar de ello, entregamos la documentación preparada para la ocasión3, 4 a los representantes de las instituciones participantes.

La conclusión más importante que sacamos de la reunión, así como de un intercambio informal posterior con el director de Capital Natural de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, es que una revisión del estatus del lobo al sur del Duero – es decir, una revisión de la Directiva Hábitats – no estaba sobre la mesa, y que la Junta debería hacer más esfuerzos en propiciar la coexistencia entre el lobo y los humanos. Asimismo, trasladamos nuestras reservas sobre los mecanismos de flexibilización de la Directiva Hábitats que algunas administraciones regionales españolas sugieren, a la vista de la ausencia de acreditación y justificación de las derogaciones puntuales de dicha Directiva en las que se incurre cada vez que se mata un lobo por daños a la ganadería.

Confiamos en que el dialogo en pro de la conservación del lobo se traduzca en que las administraciones regionales españolas cumplan todas por igual la Directiva Hábitats. Velaremos por un cumplimiento estricto de la Directiva, porque sólo así se puede asegurar el cumplimiento de los objetivos por los que fue aprobada.

1- Dirección General de Medio Ambiente.
2- Subdirección General de Medio Natural.
3- Incompatibilidad de la caza y los controles de población con los mandatos legales.
4- La gestión de grandes carnívoros vs. su importancia en los ecosistemas.

Conservacionistas y el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre

El 5 de octubre está convocada la Junta Rectora del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre (Palencia). El representante de ASCEL no acudirá a dicha convocatoria porque los grupos conservacionistas representados en dicha Junta Rectora  decidieron hace meses no asistir en tanto y cuanto la Junta de Castilla y León no apruebe el Plan Rector de Uso y Gestión del espacio natural, una de las joyas de la conservación en España sumida en una escandalosa e ilegal situación administrativa.

El “control de poblaciones” se cuela en el nuevo plan del lobo en Italia

Parecería que conservar no es una estrategia suficientemente digna. Parece que los planes de “acción” no lo son si no incluyen reservas legales que permitan el “control de poblaciones”.

Sabemos que en España las administraciones buscan recovecos de la Directiva Hábitats para colar lobos muertos, ya sean como piezas de caza o como descastes. Sabíamos que Italia preparaba un nuevo plan de gestión de la especie, la cual se ha recuperado en territorio italiano y sirve de fuente a su vez para la recuperación de núcleos poblacionales al norte. Ahora sabemos que, a pesar de todo lo que hemos aprendido de la ciencia desde la redacción de la Directiva Hábitats en 1992, el nuevo plan italiano incluye la posibilidad de matar hasta el 5% del total de la población.

No sorprenderá saber que el plan italiano incluye los habituales clichés que decoran de racionalidad la cobardía de no afrontar cambios reales: los lobos se matarán “siempre y cuando no haya otras soluciones satisfactorias”,  “para evitar conflictos sociales o económicos”, etc.  El plan será nuevo, pero suena rancio.

La revista National Geographic en su edición italiana publica un reportaje sobre el nuevo plan y la polémica decisión de matar lobos. Incluye algunas consultas con conservacionistas e investigadores, entre ellos Carles Vilà, investigador de la Estación Biológica de Doñana (CSIC). El artículo está en italiano, pero creemos que los traductores online automáticos (e.g. el navegador Google Chrome) hacen un buen trabajo facilitando la comprensión del mismo.

Pedimos información sobre batidas en Asturias

Ante evidencias de que se están llevando a cabo batidas contra los lobos en Asturias, las entidades conservacionistas representadas en el Comité Consultivo del Plan de Gestión hemos solicitado a la administración del Principado información que debiera ser compartida rutinariamente con dicho comité.

Hemos pedido información sobre el número de lobos matados en controles desde diciembre pasado. Solicitamos conocer también si han sido abatidos lobos con autorizaciones excepcionales, en las que haya participado personal ajeno a los agentes medioambientales. En caso de que así haya sido, solicitamos detalles sobre las medidas preventivas puestas en marcha para evitar la predación sobre ganado, así como la evaluación de las mismas.

Pretendemos así tener información para evaluar si los controles realizados, ya sean ordinarios o excepcionales, tienen justificación técnica y/o social, y si se ajustan a las motivaciones contempladas en los mandatos legales.

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