Sobre los cambios de estatus en Cantabria

No hace mucho escribíamos aquí sobre la autorizaciones de caza de lobos en batidas, en Cantabria. Más recientemente, salía en prensa una noticia titulada – con variantes – El fin de la caza de lobos en Cantabria.

El titular es llamativo y la noticia pareció ser celebrada desde sectores conservacionistas, al menos a juzgar por lo visto en algunas redes sociales. No obstante, conviene recordar que los cambios de políticas, especialmente si implican cambios normativos, no los debemos conocer o valorar por la prensa, sino por lo escrito en los textos oficiales correspondientes. Esperaremos por tanto a valorar un plan sometido a información pública.

En cualquier caso, aquí celebraríamos seguramente el cese de la actividad cinegética. Eso no quiere decir que en Cantabria no se vayan a matar lobos en controles de población. La versión de la noticia enlazada arriba incide en los pagos de indemnizaciones a cargo de fondos públicos. Desde aquí seguiremos insistiendo en que los esfuerzos deben ir dedicados sobre todo a la prevención.

Digestión cántabra

A la hora de evaluar la actitud conservacionista de cada administración podemos escuchar las declaraciones públicas de sus responsables; podemos también prestar atención a los consensos establecidos en unos y otros parlamentos, unas u otras “mesas”, esta o aquella reunión de “actores implicados”. En todos esos casos seguramente la prensa nos sirva de boletín.

Por otro lado, podemos utilizar números, a fin de crearnos una imagen menos subjetiva, menos mediada por el filtro de las relaciones públicas. Es menos probable encontrar esa información en la prensa.

A continuación adjuntamos una imagen, de esas que incluyen números, recibida recientemente de los compañeros cántabros:

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Actitud del Gobierno de Cantabria, según la respuesta anterior a solicitud de información: dicho gobierno ha autorizado matar lobos en Cantabria 78 veces desde julio de 2015. Y lo ha autorizado sin cobertura alguna de Plan de Gestión de la especie, sin censo fiable, sin estudios técnicos fiables sobre las motivaciones y las alternativas a semejante “gestión”.

En invierno no paran los tiros

La “eficiente” erradicación de los lobos en las tierras del norte europeo se apoya en la nieve: rastros más fáciles de seguir, menos refugio. No obstante, no hace falta mirar al norte de Europa para contemplar el proceso; la administración astur se afana también en invierno.

Y parece que los privados imitan; estos días tenemos conocimiento de una denuncia presentada por agentes del medio natural de Asturias contra un guarda de coto de caza:

Informa AGUMNPA que el denunciado seguía rastros de lobo en la nieve.

Nos preguntamos – y se lo estamos preguntando – si esa actividad privada esta apoyada por la administración asturiana, y su plan de gestión salpicado de ambigüedades. No nos parece casualidad que la denuncia tenga lugar en una de las zonas con mayor actividad de “blanqueo” de lobos abatidos ilegalmente.

Rigor mortis

No es una novedad; el Gobierno de Asturias aspira a ser un referente planetario de respeto por los ciudadanos y la naturaleza. Aspira a gestionar el “paraíso natural”. No obstante, parece que le está costando. Puede ser que la afición de la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales – María Jesús Álvarez – por disparar a todo lo que se mueve forme parte de las dificultades.

Veamos:

El pasado 9 de Diciembre, el Gobierno de Asturias, por medio de su Director General de Recursos Naturales y de su Jefe de Servicio de Caza y Pesca, presento al Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo su programa: matar al menos 45 lobos en territorio asturiano a lo largo de 2016. Mejor dicho, “controlar” 45 lobos. Desconocemos si esos 45 son los más descontrolados, u otros. Los controles, dicen, se efectuarían al amparo del plan de gestión aprobado en 2015; el mismo que ampara que cazadores maten lobos sin pasar por la farragosa complicación legislativa de reconvertir a la especie en cinegética.

En esa reunión del 9 de diciembre, el representante de las asociaciones conservacionistas en el comité consultivo solicitó que la resolución del programa de “controles” le fuera notificada. Ya sabemos el respeto que el Gobierno de Asturias tiene por los ciudadanos, y por los procesos participativos; y sabemos que la administración está obligada a notificar las resoluciones. La solicitud parecía por tanto innecesaria, pero es que somos unos pesados.

Días después, el 21 de Diciembre, la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales firmó la resolución que daba vía libre a los controles de población. Dicha resolución no fue notificada al representante de los grupos conservacionistas en el comité consultivo; se enteró por terceros 40 días más tarde. El 2 de Febrero, solicitó al Director General, por escrito y con registro de entrada en la Administración asturiana, que le fuera notificada la resolución. Pasado un mes de esa solicitud y dos meses y medio más tarde de la firma de la resolución, la administración asturiana sigue sin contestar.

Informa estos días la prensa de que la Consejera – sí, es siempre la misma – intervenía en sede parlamentaria para dar cuenta de la marcha del plan de control de población, eufemismo de “matar lobos indiscriminadamente y sin dar justificación alguna”: hasta el momento 6 ejemplares abatidos en lo que va de año, al menos dos de ellos en espacios protegidos (Parque Natural de las Ubiñas) y Red Natura 2000. Leemos en prensa que la Consejera María Jesús Álvarez destaca su “seriedad” y “rigor”.

Asturias, rigor mortis.

Asturias: matando lobos porque sí

El Gobierno del Principado de Asturias presentó recientemente ante el comité consultivo del plan de gestión su “programa de actuaciones de control del lobo 2015-2016”. ASCEL acudió a la reunión del comité en representación de los grupos conservacionistas (alguna consideración previa aquí).

Presumiblemente en los próximos días se aprobará ese nuevo y brutal programa: prevé eliminar al menos 45 ejemplares en las 7 zonas de gestión, y todos los individuos localizados en las “áreas sin gestión específica” (32 % de la superficie de Asturias). La imagen a continuación muestra esas zonas de gestión y exclusión, y un click la amplía en una nueva pestaña del navegador:

El sombreado azul cubre las 7 “zonas de gestión” del lobo en Asturias. El área sin sombrear corresponde a las zonas “sin gestión específica”.

La administración asturiana ha incluido para la temporada 2016 algunas novedades llamativas. Entre ellas la posibilidad de que los cazadores maten lobos en las Reservas Regionales de Caza, a pesar de que la especie no es cinegética en Asturias (más información aquí y aquí). Las reservas de caza en Asturias coinciden mayoritariamente con espacios de la Red Natura 2000 y parques naturales.

Otras novedades incluyen la previsión de situaciones “excepcionales” y “críticas” (retórica ciertamente bélica), en las que se autorizará que guardas de cotos y cazadores maten lobos. Tales excepciones no han sido definidas, ni se ha descrito el protocolo que permitirá declararlas, dando vía libre a la arbitrariedad.

Así y todo hay una novedad todavía más llamativa: la “razón” por la que se matarán esos lobos. Ante recientes evidencias científicas de que los controles de población no servirán para minimizar la predación sobre ganado, los técnicos de la administración asturiana sostienen que los lobos no se matan para conseguir objetivo alguno, sino simplemente porque la ley lo permite.

Técnica y gestión.

El TSJ de Castilla y León anula los cupos de lobos 2011-2012

A mediados de 2012, ASCEL tramitó un recurso ante la asignación de cupos de lobos por la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León. El pasado 6 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma nos dio la razón, a través de una sentencia que anula la correspondiente resolución (del 26 de septiembre de 2011).

Entendíamos entonces que la resolución de los cupos – es decir, cuantos lobos se matan aquí y allá – no se ajustaba a la legislación vigente. Entonces la Junta de Castilla y León desestimó nuestro recurso de alzada, ante lo que optamos por la vía judicial. Y por esa vía la administración de Castilla y León recibe la enésima reprobación de la Justicia en asuntos medioambientales.

En un mundo ideal, las administraciones públicas encargadas de conservar la naturaleza no utilizarían los recursos públicos – derivados de los impuestos que pagamos – en batallas legales para incumplir la normativa vigente. En un mundo ideal los ciudadanos y contribuyentes no tendríamos que dedicar esfuerzos a fiscalizar la actividad de esos responsables públicos.

En el mundo real, del que seguramente leéis estos días, nos tenemos que dedicar a estas batallas que, además, no ayudan a los 63 lobos abatidos en la temporada de caza mencionada. Sólo podemos esperar que los gestores de la Junta de Castilla y León recapaciten, y velen mejor por la naturaleza y los recursos públicos.