Un gobierno autonómico reconoce el descontrol en la atribución de daños del lobo a la ganadería
En ASCEL siempre hemos sostenido que el ‘conflicto del lobo’ es una especie de cuento chino, y que la conflictividad por la incidencia del lobo sobre la ganadería está claramente sobredimensionada, ya que a los lobos se les atribuye la exclusividad de las muertes de ganado, para así percibir fácilmente indemnizaciones que pagamos todos. Atajar este fraude sistémico pondría en su lugar el alboroto mediático, donde ciertos medios se hacen eco desmedido y descontextualizado de intereses sectoriales, tanto como de estadísticas falaces (véase cuánto come un lobo). El necesario atajo de éste, y de cualquier fraude, le corresponde a las administraciones, que tienen la responsabilidad inmediata, pero éstas no ponen empeño en verificar la verosimilitud de la incidencia real del lobo, por ejemplo, mediante técnicas de peritaje genético, y solo tienen interés en satisfacer sus deseos (y los de algunos votantes) de seguir matando lobos, como por ejemplo, en Cantabria. Entre las distintas herramientas que las administraciones podrían utilizar se encuentran (a) las técnicas de peritaje genético con análisis de ADN a partir de la saliva en las heridas de las reses, (b) modelos estandarizados y objetivos de actas de inspección de las incidencias de la fauna silvestre sobre el ganado, (c) asesoría a medios de comunicación para no criminalizar a componentes de nuestro patrimonio natural. Y claro, otro atajo podría ser que los profesionales de los medios de comunicación analizaran realmente si los daños aportados son reales y las compararan con las ayudas de la PAC que perciben los titulares de las explotaciones. Quién quiera nota, que sume si las explotaciones están bien atendidas, de acuerdo a la normativa ganadera en vigor, o que añada otras compensaciones vía dinero público al sumatorio.
En ASCEL analizamos per se, y para los distintos procesos judiciales en los que estamos inmersos, la presencia de contradicciones y la notoria tendenciosidad de las actas de inspección de “daños” de lobo computados por las administraciones, lo cual, además podría ser un indicador de fraude público. Debemos recordar que esta atribución de daños a la ganadería suelen ser el detonante de medidas de gestión letal en muchos territorios, junto con la resonancia mediática que ciertos periodistas y medios sensacionalistas al respecto. Es más, hemos señalado y aportado, con éxito, la incongruencia de dichas actas a estamentos como Fiscalías y Tribunales. Nuestras acciones y experiencia a ese respecto, realizadas con la minuciosidad requerida que obliga al empleo de incontable tiempo de nuestros miembros de la Directiva, empiezan a surtir efectos, consiguiendo la suspensión cautelar en Tribunales mediante el indulto, por ahora, a varios lobos, que el Gobierno de Cantabria quería matar, intentando sortear la protección general de la especie a nivel nacional inducida por ASCEL.
Ahora, una nota de prensa del Gobierno cántabro, donde figuran los responsables públicos investigados por la denuncia de ASCEL en la Fiscalía por sus decisiones para matar lobos mientras continúan los pleitos administrativos al respecto, demuestra que SI es preciso corregir (¿retroactivamente?) las fichas de los daños del lobo sobre la ganadería, lo cual indicaba que algo iba mal. Es un buen síntoma. Será por la incertidumbre que generan los pleitos o las investigaciones en curso.
Una atenta lectura de dicho comunicado oficial, hace ver que nada se debía estar haciendo bien. Estupendo, ya veremos, pero lo hecho, hecho está.
