La gestión del lobo Canis lupus en España es un tema de intenso debate mediático, especialmente tras su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) hace ya tres años. Su situación sigue siendo controvertida, con diversos procesos judiciales en curso en la Audiencia Nacional y una creciente presión de algunos grupos políticos para reducir su nivel de protección, tanto a nivel nacional como europeo. Un estudio publicado en una revista científica internacional comandado por investigadores de la Universidad de León ha puesto de manifiesto la falta de coherencia en la gestión de grandes carnívoros, exponiendo la brecha existente entre la ciencia y la política.
Protección del lobo en España: un debate en los tribunales
El lobo es una especie clave en los ecosistemas, desempeñando un papel fundamental en la regulación de las poblaciones de presas y en la estructura de las comunidades ecológicas. No obstante, el retorno de la especie a áreas rurales donde ha estado ausente durante décadas, lo que ha llevado a algunas comunidades a exigir que la especie pueda ser matada por caza recreativa o por la supuesta incidencia de la especie sobre la cabaña ganadera.
Desde la inclusión del lobo en el LESRPE en 2021 gracias a la acción administrativa y judicial de ASCEL, la muerte de ejemplares esta especie en forma de caza y de otras modalidades de control letal ha sido prohibida en todo el territorio nacional. Sin embargo, cuatro comunidades autónomas, donde anteriormente el lobo se podía matar, han presentado respectivas demandas judiciales para revertir esta decisión en la Audiencia Nacional.
El marco legislativo sobre la biodiversidad está para cumplirse con todas las especies, incluida el lobo.
El debate sobre la protección del lobo no se basa en consideraciones legales y científicas, sino en tensiones socioeconómicas, particularmente mediáticas inducidas por la pluma de algunos periodistas que mediante una estrategia de manipulación hacen percibir al lobo como amenaza sistémica para la ganadería e incluso para las personas, pero sobre todo y a nivel político, cuando algunos grupos políticos quieren revertir el status quo en virtud de una malintencionada asunción de que no fueron argumentos científicos, ecológicos, culturales y legales los que condujeron a la protección del lobo en el LESRPE, sino motivos “ideológicos” de la otra bancada política.
La petición y justificación de la protección nacional del lobo tiene su gestación en una petición legal justificada con el menor conocimiento técnico-científico, promovida por la sociedad civil organizada a través de una ONG (ASCEL), no en una iniciativa gubernamental ni ideológica.
La acción de ASCEL condujo inevitablemente al Gobierno central a tramitar la propuesta legalmente formalizada durante un largo proceso reglado administrativo de dos años de duración (en el que también participaron las Comunidades Autónomas desde el principio) y por último, a actualizar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nuevo marco de protección del lobo. Pero el Gobierno español no incluyó al lobo en el estatus de especie «Vulnerable» en el seno del Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) que implicaría una mayor protección legal y políticas proactivas de conservación y recuperación, sino que lo incluyó solo en el «Listado» (LESRPE).
Este nivel de protección implica cese de muertes de lobos y una elevada cobertura administrativa y penal ante la muerte intencionada de lobos (por caza recreativa y/o control letal de las administraciones), pero supone una protección pasiva y no proactiva, como la que le hubiera otorgado el CEEA, en forma de planes de recuperación (como tienen las especies amenazadas). El lobo no se incluyó en ese Catálogo (CEEA) por la falta de publicaciones científicas que demostraran una reducción significativa de su rango histórico, un requisito clave legal para obtener dicha clasificación en el BOE. Sin embargo, estudios científicos recientes han comenzado a arrojar luz sobre la distribución histórica y presente del lobo, indicando que la distribución actual en España podría cubrir menos del 30% de su área de distribución histórica. No solo eso, sino que las poblaciones de lobo en España siguen aisladas demográficamente de otras poblaciones europeas y presentan una diversidad genética alarmantemente baja, lo que sugiere la necesidad de permitir su recuperación distribucional, incrementar sus poblaciones y conectarlas con el resto de las poblaciones europeas para incrementar sus probabilidades de conservación a largo plazo.
La gestión del lobo en Europa: ¿ciencia o política?
El debate sobre la gestión del lobo no se limita a España. A nivel europeo, tanto el Parlamento, como la Comisión Europea, ha planteado por enésima vez, la posibilidad de reducir la protección estricta de los lobos tanto en el Convenio de Berna, como en la Directiva Hábitats. Esto permitiría una mayor flexibilidad en su manejo, incluido el control letal en áreas donde la incidencia de la especie sobre la ganadería sea mayor. Esta propuesta ha sido criticada en esta publicación científica reciente.
Los autores del mencionado trabajo científico argumentan que cualquier decisión sobre la protección de los grandes carnívoros, como el lobo, debe basarse en el principio de precaución y en la mejor evidencia científica disponible. Este principio, de aplicación en otras políticas ambientales de la Unión Europea, permite la adopción de medidas preventivas para proteger el medio ambiente en casos de incertidumbre científica. En contra de este principio, la reducción de la protección del lobo a nivel europeo se plantea sin atender en absoluto a criterios científicos, mientras que la escasez de datos se utiliza como una razón para denegar niveles de protección más altos, y eso a pesar de que la especie se encuentra en un estado de conservación desfavorable. La ciencia demuestra, además, que las medidas de control letal no suelen ser efectivas para reducir los ataques al ganado y, en algunos casos, pueden incluso exacerbar el problema. Tampoco mejoran la percepción social ni sirven para reducir la caza ilegal. Es más, estudios en diferentes continentes sugieren que la eliminación de lobos puede desestabilizar las estructuras de las manadas, aumentando la depredación sobre ganado desprotegido. Por tanto, todas las recomendaciones sugieren la necesidad de concentrar los esfuerzos de gestión en implementar medidas preventivas para reducir la potencial incidencia de los lobos sobre el ganado y mejorar las prácticas de manejo ganadero, mediante acciones tales como el empleo de perros guardianes (mastines, etc.), el uso de vallas protectoras (electrificadas, etc.), la recogida nocturna del ganado y su acompañamiento permanente por pastores.
Conclusión: el futuro del lobo en un contexto de incertidumbre
El debate legal y político sobre la gestión del lobo continúa, tanto en España como en Europa, y es esencial que las decisiones se tomen con base a datos científicos sólidos. La protección del lobo debe ser coherente con las obligaciones internacionales de conservación de la biodiversidad, y cualquier flexibilización en su gestión debería evaluarse cuidadosamente para evitar consecuencias ecológicas negativas.
El lobo, como especie clave en los ecosistemas, no solo representa un desafío de gestión, sino también una oportunidad para repensar la coexistencia entre humanos y fauna salvaje. Mientras el debate sigue su curso en los tribunales, la comunidad científica insiste en que solo un enfoque basado en el conocimiento y en el principio de precaución garantizará la viabilidad a largo plazo de esta especie clave.
Pero no solo la academia, sino que los resultados de la consulta pública lanzada el año pasado por parte de la presidenta de la Comisión Europea Von der Leyen para supuestamente recabar información para actualizar ad hoc el estatus del lobo en un marco preelectoral, tampoco justificaría la degradación de su protección europea a tenor de las respuestas obtenidas en dicho sondeo por parte de la Comisión Europea. Así, el 71% de los participantes, abogaba por la protección estricta de los lobos. Y ese porcentaje era del 95% para el caso de España.
